“Lejos de ser un fenómeno marginal, [el comercio informal] es una estrategia estructural de sobrevivencia en un contexto de limitadas oportunidades de empleo formal, envejecimiento de la población trabajadora y cobertura restringida de la seguridad social” – Informe de Derechos de las personas comerciantes en el espacio público: el caso de Ciudad de Guatemala, Guatemala
Por Derik Mazariegos
En la Ciudad de Guatemala, la capital que cada día se llena de buses, bocinas y puestos improvisados, miles de personas sostienen su vida diaria detrás de una mesa de plástico, una carretilla o una lona extendida sobre la acera. Entre los corredores de los mercados, las esquinas de las avenidas y las paradas de bus, el comercio forma parte del pulso cotidiano de la ciudad. Se venden frutas, comida, ropa y cualquier objeto capaz de convertirse en ingreso antes de que termine el día.
Para muchos, esta escena forma parte del paisaje urbano. Algo que parece haber estado siempre ahí, mezclado con el tránsito y el ruido de la capital. Sin embargo, detrás de esos puestos itinerantes se encuentra una de las claves para entender cómo funciona realmente la economía del país.
El informe “Derechos de las personas comerciantes en el espacio público: el caso de Ciudad de Guatemala, Guatemala”, elaborado por la organización internacional Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), analiza las condiciones en que miles de personas ejercen el comercio en mercados y en la vía pública de la capital.
El estudio examina las condiciones laborales de quienes dependen de esta actividad y las barreras estructurales que enfrentan en un contexto donde una gran parte del trabajo se desarrolla fuera del empleo formal.
Según el informe, que retoma datos sobre empleo en el país, alrededor del 70.3 por ciento de la población ocupada en Guatemala trabaja en el sector informal, un escenario en el que el comercio se convierte en una de las principales formas de subsistencia para miles de familias.
En la capital, esta realidad se observa diariamente en mercados y calles donde vendedores instalan sus puestos para ofrecer productos a lo largo del día. Espacios como La Terminal, ubicado en la zona 4 y considerado el mercado mayorista más grande del país, concentran a miles de comerciantes que venden, compran y redistribuyen productos hacia otros mercados del territorio.
Allí circula una economía que rara vez aparece en las discusiones sobre desarrollo, aunque todos los días abastece a la ciudad.
Un trabajo que existe pero sin protección
Aunque el comercio en el espacio público sostiene a miles de familias, el informe señala que la mayoría de las personas que trabajan en este sector lo hacen en condiciones precarias y con poca protección institucional.
Gran parte de los comerciantes opera en lo que el estudio describe como una zona gris legal. No son trabajadores formales con acceso a derechos laborales, pero tampoco están completamente fuera de la regulación municipal.
Esta situación genera incertidumbre constante. Dependiendo del lugar donde vendan, las personas comerciantes pueden enfrentar decomisos de mercadería, desalojos o cambios repentinos en las reglas que regulan el uso del espacio público.
El informe también señala que el marco legal guatemalteco fue diseñado principalmente para relaciones laborales formales, como el trabajo asalariado entre empleadores y trabajadores. Esto deja fuera a una gran cantidad de personas que trabajan por cuenta propia en mercados o en la vía pública.
Diferentes mercados, diferentes condiciones
El estudio identifica distintos tipos de comercio en el espacio público dentro de la ciudad y muestra que cada uno enfrenta condiciones diferentes.
Los mercados cantonales, administrados por la municipalidad, ofrecen mayor estabilidad. Las personas comerciantes pagan cuotas y cuentan con puestos dentro de edificios municipales.
También existen mercados satelitales reconocidos, que funcionan alrededor de los mercados cantonales y cuentan con cierto reconocimiento institucional. Sin embargo, en muchos casos los comerciantes han tenido que invertir con sus propios recursos para mejorar la infraestructura de sus puestos.
Una situación más precaria ocurre en los mercados satelitales no reconocidos, espacios que funcionan como mercados permanentes pero que no cuentan con reconocimiento formal. En estos casos los comerciantes no tienen permisos claros ni garantías de permanencia.
En el nivel más vulnerable se encuentran las personas vendedoras ambulantes, que no poseen puestos fijos y deben desplazarse constantemente por la ciudad para vender sus productos.
Jornadas largas y pocos ingresos
Las entrevistas realizadas en el estudio muestran que muchas personas comerciantes han pasado décadas trabajando en los mercados. Algunas comenzaron a vender desde la infancia, mientras que otras llegaron al comercio informal después de perder empleos formales.
En muchos casos, las jornadas laborales superan las diez horas diarias y pueden extenderse hasta diecisiete horas al día. A pesar de ello, los ingresos suelen ser variables y en algunos casos inferiores al salario mínimo.
La mayoría de estas personas depende completamente de esta actividad para sostener a sus hogares, lo que incluye no solo a hijos e hijas, sino también a otros familiares.
Sin seguridad social ni acceso al crédito
Uno de los problemas más graves que enfrentan las personas comerciantes es la exclusión de los sistemas de protección social.
Entre las personas entrevistadas en el estudio, ninguna estaba afiliada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Esto significa que deben asumir por cuenta propia los costos de atención médica, medicamentos o emergencias de salud.
A esta situación se suma la dificultad para acceder a crédito formal. Muchas personas comerciantes trabajan principalmente con dinero en efectivo y no cuentan con cuentas bancarias o documentos que les permitan acceder a préstamos.
En consecuencia, es común que recurran a prestamistas informales que ofrecen dinero con intereses elevados y pagos diarios, lo que puede generar ciclos de endeudamiento difíciles de romper.
Más que un problema de orden urbano
El debate público sobre el comercio en la vía pública suele centrarse en temas como el ordenamiento urbano o la ocupación de las calles. Sin embargo, el informe plantea que esta discusión muchas veces deja de lado las condiciones laborales y sociales de las personas que dependen de esta actividad.
Los mercados y las ventas en el espacio público no solo representan una forma de trabajo. También funcionan como redes económicas y sociales que sostienen el abastecimiento cotidiano de la ciudad.
En ese sentido, el estudio concluye que cualquier discusión sobre el uso del espacio público también implica preguntarse cómo garantizar condiciones de trabajo más seguras, estables y dignas para quienes dependen de esta actividad para vivir.
Link para leer el informe:
