Lo único que se sabe es que el miércoles de esta semana tras nueve días en prisión se realizará la audiencia de primera declaración, aún no se conocen los delitos ni los hechos por los que fueron detenidos. Tres adultos mayores extrabajadores de la Hacienda La Asunción en Quetzaltenango fueron detenidos por reclamar el cumplimiento de sus derechos laborales.
Por Simón Antonio Ramón
El Comité de Unidad Campesina (CUC) denunció la detención arbitraria de cuatro personas el pasado 2 de marzo por acusaciones de los propietarios de la finca Hacienda de La Asunción Anexo San Gregorio Piedra Parada, que pertenece a la familia Quintanal Campollo. Entre los detenidos se encuentran tres personas de la tercera edad que reclaman el pago de las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
El próximo 11 de marzo se realizará la audiencia de primera declaración en un juzgado del municipio Coatepeque, Quetzaltenango. La organización campesina calificó que la detención se realizó con el despliegue desproporcionado de las fuerzas de seguridad. “La Policía Nacional Civil (PNC) en autopatrullas, llegó con alrededor de 25 efectivos y dos vehículos blindados del ejército”, denunció Inés Chajil del CUC.
Se informó que las fuerzas de seguridad llegaron a las 6 de la mañana para detenerlos. Clemencio Barrera de 65 años de edad, Teresa Barrera 57 años, y Teófilo Castro de 70 años, fueron arrestados sin conocer los motivos. En el operativo policial también fue aprehendida Regina Barrera quien es hija de uno de los detenidos.
“Son aproximadamente 300 ancianos que están reivindicando su derecho a la jubilación y a ser atendidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), debido a que la familia Quintanal Campollo durante más 30 años les robó la cuota que les descontaba a las y los trabajadores”, denunció Inés Chajil.
Ingreso de la Hacienda de la familia Quintanal Campollo. Foto Jose Cubur 2019.
El abogado César Canil informó que a la fecha no tienen acceso al expediente del caso por lo que no tienen conocimiento sobre los hechos y los delitos por lo que se les acusa. “Nosotros acudimos el 5 de marzo y hablamos con ellos, están muy mal anímicamente, en relación a seguridad están bien. Hablamos con el director de la Policía quien informó que los están tratando bien, el único problema es el encierro”, indicó Canil.
Uno de los detenidos tiene una discapacidad en uno de sus pies, por lo que presentó dos memoriales para abordar la situación. “El 6 de marzo nos llamaron del juzgado que ya tramitaron los memoriales que presentamos y el 11 tendríamos la audiencia de primera declaración”, señaló el abogado.
También se informó que han sufrido hostigamiento por parte de la familia Quintanal Campollo como intentos de desalojo para ampliar el monocultivo del hule. “En su afán de extender el cultivo de hule, han intentado desalojarlos de sus viviendas y por esa razón han sufrido hostigamientos lo cual ha sido denunciado ante el Ministerio Público (MP); también se les acusó de tala ilegal, hecho que fue desvanecido ante las autoridades correspondientes”, dijo Inés Chajil.
La deuda con el IGSS
El 23 de junio de 2017 un trabajador llegó a reclamar a la finca por el impago de las cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en el hecho fueron heridas dos personas y una persona fue asesinada. Según el CUC, un integrante de la seguridad de la Finca San Gaspar Piedra Parada fue quien asesinó al campesino Eugenio López.
El IGSS, tras este hecho, dio una conferencia de prensa el 26 de junio de 2017 en la que informó que desde 1998 la finca adeudaba Q3.5 millones en cuotas que había descontado a los trabajadores, con la mora en esa fecha se acumularon Q6 millones 441 mil
Los ahora detenidos son parte de esos 300 trabajadores a quienes la finca les descontó todos los meses sus cuotas del IGSS, de ellos han fallecido 60. A pesar de que el Seguro Social interpuso una denuncia penal no se conocen avances de la investigación, denunciaron los integrantes del CUC.
