El presidente Bernardo Arévalo designó a Annabella Morfín como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá como magistrada suplente ante la Corte de Constitucionalidad para el período 2026-2031. Morfín ha despertado cuestionamientos por su gestión al frente de la PGN y sus vínculos profesionales con empresas mineras, pero a la vez ha sido asesora de la Fundación Myrna Mack, Soros y la CICIG.
Por Rony Ríos
El presidente Bernardo Arévalo y su consejo de ministros nombraron a Anabella Morfín como magistrada titular, y a María Magdalena Jocholá, como magistrada suplente, bajo el argumento de que “representan la capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad que la Constitución demanda”.
Arévalo contaba con una lista de 76 aspirantes, muchos con perfiles idóneos y con experiencia en temas constitucionales, pero el presidente decidió nombrar a Morfín y Jocholá porque está convencido que ambas tienen una base ética y transparente.
El nombre de Morfín en la designación no es sorpresa, desde antes de que el Ejecutivo convocara a los profesionales que estaban interesados en aspirar a la magistratura, se escuchaba que la exprocuradora era una de las favoritas junto con al excanciller Gabriel Orellana.
Morfín, como magistrada titular y, por edad, será la primera presidenta de la magistratura 2026-2031 de la Corte de Constitucionalidad (CC), además, tendrá mayor incidencia que Jocholá en las decisiones del pleno y las labores administrativas.
Sin embargo, la designación de Morfín por el presidente Arévalo no pudo deberse solamente a su capacidad y experiencia, sino a la cercanía con algunos de los que integran el círculo cercano del presidente, entre ellos el actual jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, quien en 2016 fue asesor de la nueva magistrada en la PGN; y el abogado, Alejandro Balsells.
En 2015, en una entrevista con AVANCSO, Morfín condenó el asesinato de Myrna Mack, la sentencia de la CC en la que se anuló la sentencia por genocidio contra Efraín Ríos Montt y la forma en la que la corrupción ha desmantelado el Estado.
¿Quién es Morfín y por qué se cuestiona su nombramiento?
Gladys Annabella Morfín Mansilla es una abogada especializada en derecho constitucional, fundó y fue presidenta del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon). Fue ministra de Trabajo y Previsión Social entre 1993 y 1996, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio.
Además, fue consultora legal en temas constitucionales en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del 3 de agosto de 2009 al 3 de febrero de 2011. Morfin fue presidenta de la Junta Directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) entre 1993-1996 y vicepresidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) entre 1989 y 1990. Morfin también fue asesora jurídica de la Fundación Myrna Mack y de la Fundación Soros Guatemala.
Sin embargo, su mayor cuestionamiento se da porque en 2016 el expresidente Jimmy Morales la nombró para dirigir la Procuraduría General de la Nación, convirtiéndola en la abogada del Estado durante dos años de su gobierno.
Durante su gestión, Morfín fue la encargada de decidir si anulaba o mantenía la concesión del Puerto Quetzal a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) del conglomerado Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), pese a que la misma había obtenido la posesión del terreno y operaciones en el puerto por 25 años a cambio de sobornos.
Como parte de la solución al conflicto con TCQ, Alexander Aizenstadt fue nombrado interventor de la empresa; Aizenstadt el abogado que también fue vicepresidente del Cedecon -fundada, entre otros, por Morfín-, también figuraba en el listado de aspirantes a magistrados por el Ejecutivo.
Según el Ministerio Público (MP) y la CICIG, TCQ pagó alrededor de US$30 millones en sobornos para que se les otorgara la concesión. A pesar de los señalamientos y la formación de casos penales en contra de directivos, la PGN de Morfín negoció un acuerdo que mantuvo la concesión del puerto a la empresa.
La PGN aceptó cobrar US$43 millones para el Estado como compensación y que TCB fuera adquirida por otra empresa y así evitar que la entidad comercial señalada de corrupción estuviera a cargo de las operaciones portuarias. APM Terminals asumió el control del proyecto, consolidando la operación dentro del grupo Maersk.
Caso Odebrecht
Otro de los puntos cuestionados en la administración de Morfín al frente de la PGN se registró, en 2017, cuando la institución expresó su inconformidad por los acuerdos de colaboración eficaz de los empresarios brasileños de la empresa Odebrecht por el caso de pago de US$18 millones en sobornos. La modalidad de firma en el exterior se dio porque los empresarios estaban ligados a proceso penal en su país y no podían salir de prisión.
A principios de 2018 la PGN apeló la resolución que validaba los acuerdos alegando que la Procuraduría no había intervenido y meses después promovió un amparo, aunque esos alegatos fueron rechazados por la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en una instancia posterior por la Corte de Constitucionalidad (CC). Años más tarde, la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) denunció al exfiscal Juan Francisco Sandoval, por no haber llevado a la PGN a firmar los acuerdos de colaboración.
Morfín dijo entonces que estuvo de acuerdo que se pagara USD17.8 millones en concepto de reparación al Estado, el total de coimas que se habían erogado, pero agregó como inconveniente que la reparación estuviera vinculada a la liquidación del contrato administrativo.
Vínculos con el sector minero
Según El Observador, el 26 de septiembre de 1996, Morfín constituyó, junto a Karen Alonzo Domínguez, la empresa Entre Mares, S. A., subsidiaria de Mar-West Resources de Canadá. A través de la empresa matriz, años más tarde tuvo proyectos mineros en El Escobal y Cerro Blanco en Santa Rosa y Jutiapa, incluido el de La Puya. Entre Mares luego se convirtió en subsidiaria de la transnacional minera Gold Corp que tiene operaciones mineras en San Marcos y Jutiapa.
Además, el Centro de Medios Independientes (CMI) publicó anteriormente que en 2004 Corponíquel, S.A. fue inscrita “por medio del Bufete Profesional” dirigido por Morfín, y que la base de datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) la mostraba ese mismo año como titular de la licencia de exploración Río Negro II, parte de un proyecto de níquel ubicado entre Uspantán y Cubulco, contiguo a la zona del embalse de Chixoy.
Asimismo, hay informes del MEM en donde se consignan varias licencias mineras en Cubulco otorgadas para exploración de níquel a nombre de Morfin y licencias solicitadas para exploración por la minera Corponíquel S.A., cuya asesora legal era Morfín.
Cercanía con el gobierno de Arévalo y Semilla
Desde el proceso electoral de 2023 se hablaba de la cercanía de Dionisio Gutiérrez, de la Corporación Multi Inversiones (CMI), con el partido Semilla. Ese vínculo podría llegar hasta Morfín gracias a su familia y para ello es necesario explicar que la CMI trabaja junto con America Trans Group (ATG) para la producción de electricidad con hidroeléctricas y energía eólica, según El Observador.
Y, según el mismo informe, los directivos de ATG son Lloyd Kenneth Jongezoon Morfin y su esposa, Claudia Josefina Bosch Gutiérrez (quien integra la junta directiva de CMI). Jongezoon Morfin es sobrino de la recién nombrada magistrada de la CC.
La gestión de Morfín al frente de la PGN contó con el asesoramiento de Julio Saavedra (ahora procurador general), quien fue el encargado de revisar los pactos colectivos de esa época. Sin embargo, ese no es el único nexo de Morfín con el gobierno de Arévalo.
La nueva magistrada también tuvo el acompañamiento de Alejandro Balsells Conde, actual asesor de Arévalo, cofundador del Cedecon, junto a la nueva magistrada e integró junto a Balsells la agrupación Alternativa Independiente (AI) en el CANG. Como integrante de AI, Morfín perdió la elección para ser magistrada titular en 2011.
Magistrada Kaqchikel
María Magdalena Jocholá Tujal es una abogada, integrante del pueblo maya Kaqchikel, con más de 20 años de ejercicio profesional en el ámbito jurídico, y cuenta con una maestría en Derechos Humanos y un doctorado en Derecho por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es asesora de la Secretaría Privada de la Presidencia.
Ha sido docente en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en unidades de capacitación del Organismo Judicial.
Trabajó en el Congreso de la República, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, la Defensoría de la Mujer Indígena, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia y el Ministerio Público (MP) dirigido por Consuelo Porras.
Jocholá también fue especialista en pueblos indígenas y como asesora en derechos humanos para la American Bar Association Rule of Law Initiative.
