El caso ya no continuará en el Juzgado B de Primera Instancia Penal por una recusación en contra del juez Arnulfo Carrera, promovida por Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.
Por Simón Antonio Ramón
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal apartó al juez B del Juzgado Quinto, Arnulfo Carrera, del proceso penal que llevaba contra las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán Luis Pacheco y Héctor Chaclán, que están en prisión preventiva desde más de 290 días.
A pesar de que no se aceptaron ninguno de los argumentos de la recusación presentada por Ricardo Méndez Ruiz, por duda contra el juez recusado el caso fue trasladado al Juzgado Séptimo a cargo del juez Fredy Orellana.
El juez Orellana ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por su papel en el socavamiento de la democracia en Guatemala. También ordenó la cancelación del partido Semilla, en julio de 2023, y ha perseguido a periodistas y exfiscales.
Las acusaciones del proceso penal contra Pacheco y Chaclán se basan en su participación en el paro nacional en 2023, en defensa de la democracia, ante el intento del Ministerio Público de anular los resultados del proceso electoral de ese año que dieron la victoria Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, del Movimiento Semilla.
Debido a tres recusaciones de la Fundación contra el Terrorismo, los jueces no han podido conocer una solicitud de revisión de medidas de prisión de ambos dirigentes.
“La Sala al estudiar las actuaciones, para resguardar la imparcialidad correcta y la administración de justicia, para respetar el debido proceso dentro de la causal penal ya mencionada y las garantías judiciales a los que los sujetos tiene derecho, se considera prudente por sanidad procesal la separación de dicho juez”, se lee en la resolución del presidente de la Sala Tercera, Alejandro Mario Padro. Esta Sala también está integrada por Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández Romero.
La Sala Tercera remitió el expediente al juez A, Fredy Raúl Orellana Letona, a quien en el Paro Nacional de 2023 se le pidió la renuncia por intentar anular las elecciones de ese año. “El tendría impedimento porque en las manifestaciones de 2023, Fredy Orellana fue señalado por parte de las autoridades indígenas, entonces nosotros analizaremos si también existen las mismas dudas de imparcialidad”, dijo el abogado defensor Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas.
“Por supuesto esto complica la situación jurídica del señor Luis Pacheco y Héctor Chaclán, porque no confiamos en un juez que ha sido señalado en múltiples ocasiones”, dijo el abogado.
Piden la libertad de Pacheco y Chaclán
Previo a la audiencia de recusación, en la Plaza de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), autoridades indígenas, representantes de organizaciones sociales y familiares realizaron una conferencia de prensa para pedir que se cumpla el debido proceso en el caso Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Eduardo Tax, presidente de los 48 Cantones de Totonicapán dijo que los antecesores llevan 290 días en prisión por un litigio malicioso, por lo que pidió que se cumpla el debido proceso. “No pedimos privilegios, solo que se cumplan los plazos establecidos en la ley, la Constitución y los tratados de derechos humanos garantizando en procesos sin dilaciones indebidas, sin obstaculizaciones malintencionadas y con estricto apego al debido proceso”, señaló.
Rosario de Chaclán, esposa de Héctor Chaclán, extesorero de la junta directiva de los 48 Cantones, dijo que el proceso de criminalización es injusto. “No se está llevando el debido proceso para la vida de don Luis y Héctor Chaclán, exigimos y pedimos que se les dé el debido proceso, es una injusticia lo que estamos viviendo”, señaló.
Lidia de Pacheco, esposa de Luis, expresidente de la 48 Cantones, dijo que la situación que viven es indignante. “Luis es padre de cuatro niños menores de 10 años era el único que proveía a la familia, actualmente estamos sobreviviendo gracias al apoyo y la solidaridad de varias personas, seguimos aquí de pie y seguimos en lucha hasta verlos libres”, declaró.
Los exdirigentes de los 48 Cantones están prisión preventiva en el cuartel militar Mariscal Zavala de la zona 16. La principal razón de la prisión preventiva extendida es por la inhibición del juez Mario Rodrigo Flores Maldonado quien inicialmente emitió las órdenes de detención y quien también fue recusado por la FCT. Posteriormente la jueza Judith Secaida Lemus y el juez Arnulfo Carrera, fueron recusados por Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo.
Pacheco y Chaclán fueron detenidos en la ciudad de Guatemala el 23 de abril de 2025. Dos días después la jueza de turno Carol Patricia Flores los ligó a proceso por los delitos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. La Fiscalía contra el Crimen Organizado apeló y la Sala Cuarta de Apelaciones les agregó el delito de asociación ilícita.
Otras autoridades indígenas que encabezaron las protestas pacíficas están bajo investigación, Esteban Toc Tzay, vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá del 2022 y 2023; y Basilio Puac, exvicepresidente de los 48 Cantones en la Junta Directiva que presidió Luis Pacheco.
En el caso de Toc detenido el 28 de agosto de 2025 en la carretera Interamericana por la Cumbre de Alaska, fue ligado a proceso el 6 de septiembre por los delitos asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia yactualmente se encuentra en libertad condicional.
Puac fue detenido en Patzicía, Chimaltenango, el 14 de enero de este año y fue ligado a proceso el 16 de enero por los delitos asociación ilícita, sedición, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia. También recuperó su libertad.
