Por Vicente Carrera
La Universidad de San Carlos no pertenece a un grupo. No es patrimonio de una estructura. No es plataforma para pactos internos. La USAC es del pueblo de Guatemala. Y por eso la elección de rector no es un asunto menor. Es una decisión que tiene impacto nacional.
Cuando una universidad pública pierde credibilidad, el daño no queda en sus aulas. Se proyecta hacia la Corte de Constitucionalidad, hacia el Tribunal Supremo Electoral, hacia las comisiones de postulación. Porque la USAC tiene voz e influencia en espacios donde se decide el rumbo del país.
Por eso la pregunta es incómoda pero necesaria: ¿está garantizado que la próxima elección de rector será transparente, legítima y conforme a los estatutos?
Los requisitos para optar al rectorado no son simbólicos. La normativa universitaria exige condiciones claras: trayectoria académica reconocida, ejercicio profesional, pertenencia al cuerpo docente bajo las calidades que establece la ley universitaria y ausencia de impedimentos legales. No se trata de formalidades; se trata de idoneidad.
Pero además de los requisitos formales hay algo más importante: legitimidad.
Un rector puede cumplir el papel en el papel, pero si la comunidad universitaria percibe exclusión, opacidad o imposición, el mandato nace debilitado. Y una universidad con liderazgo debilitado es terreno fértil para capturas internas.
La reelección, en sí misma, no es ilegal. Lo que sí es peligroso es la reelección sin evaluación crítica. Sin rendición de cuentas. Sin debate abierto. Sin auditoría moral de la gestión.
La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿qué ha ganado la USAC en estos años? ¿Más independencia? ¿Más pluralidad? ¿Más libertad académica? ¿O más confrontación, más desconfianza y más polarización?
Si la comunidad universitaria no exige claridad ahora, dentro de cuatro años estaremos discutiendo exactamente lo mismo. Y el ciclo continuará.
La democracia universitaria no se reduce al día de la votación. Implica participación informada, fiscalización constante y rechazo a candidaturas “grises”, esas que no representan proyecto académico sino continuidad de estructuras.
Los estudiantes tienen una responsabilidad histórica. No basta con indignarse en redes sociales. Hay que participar en los procesos, exigir que se respete la normativa, vigilar la integración de los cuerpos electorales y denunciar cualquier irregularidad por las vías institucionales.
Porque si la universidad pública pierde su autonomía real, pierde el país.
No se trata de nombres propios. Se trata del modelo de Universidad que vamos a permitir. Una Universidad capturada por intereses internos termina influyendo en decisiones nacionales con la misma lógica de captura.
Y eso ya lo hemos visto en otras instituciones.
La USAC necesita recuperar su autoridad moral. Y eso empieza con una elección transparente, competitiva y legítima.
La historia juzga a las generaciones que guardan silencio cuando debieron hablar.
