En una sesión realizada en un hotel privado y con al menos 26 de sus integrantes con cargos vencidos, el Consejo Superior Universitario de la USAC designó a sus magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. La elección, marcada por exclusiones y amparos pendientes, profundiza los cuestionamientos sobre la legitimidad del órgano que dirige Walter Mazariegos como rector de facto.
Por Prensa Comunitaria
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), controlado por Walter Mazariegos, designó este lunes a sus magistrados ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, en una sesión marcada por cuestionamientos sobre su legitimidad, exclusiones y acciones legales pendientes.
Con 38 integrantes presentes, el CSU eligió como magistrada titular a Julia Marisol Rivera Aguilar, con 23 votos frente a los 13 alcanzados por Leyla Susana Lemus Arriaga, la actual presidenta de la CC; además se contabilizó un voto nulo y uno en blanco. Para la suplencia fue designado José Luis Aguirre Pumay, con 24 votos, seguido por Guillermo Demetrio España Mérida (10) y Alejandro José Gutiérrez Dávila (2), además de un voto en blanco.
María Consuelo Porras Argueta no obtuvo ningún voto para ocupar la magistratura titular o la suplente a la que también se había postulado.
La elección se realizó en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, fuera de la vista de los medios de comunicación y de la población en general. La selección se hizo mediante voto secreto. “Nadie puede cuestionar por quién votamos o por quién no votamos”, dijo Berner García, representante profesional del CANG, cuyo período también se encuentra vencido.
Héctor Hugo Lima Conde, representante docente de Humanidades; Berner García, representante profesional del CANG; William Fernando Tello, representante estudiantil de Humanidades y Byron Mejía Victorio, decano en funciones de Ciencias Económicas. Crédito: Eddy Zetta.
La magistrada titular designada
Julia Marisol Rivera Aguilar se desempeña como jueza de Primera Instancia en Amatitlán. Compitió junto a otras 13 personas cuyos expedientes, según el CSU, fueron entregados en formato físico y digital para su evaluación.
Durante la ronda de preguntas se consultó si el Consejo analizó un posible conflicto de interés, debido a que Rivera es exesposa de Luis Lucero Cordón, el secretario general de la USAC y mano derecha de Walter Mazariegos. García respondió que “ningún integrante del consejo pidió la palabra para eso” y que él no tenía conocimiento de esa relación Rivera Aguilar también es docente de la Facultad de Humanidades, unidad académica que fue dirigida por Walter Mazariegos como decano entre 2009 y 2022, antes de asumir la rectoría en un proceso ampliamente señalado como fraudulento por sectores universitarios.
El medio hermano de Julia Rivera es Ragde Rivera Aquino, asesor legal de la USAC. Radge Rivera y Luis Cordón son fundadores de la oenegé INJUCI, ubicada en la zona 1.
Fuentes del Organismo Judicial (OJ), indican que la magistrada titular electa ha conocido casos de corrupción y además, es integrante de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), una plataforma creada dentro del OJ por jueces para defender la independencia judicial. La han integrado personajes como Miguel Ángel Gálvez, Erika Aifán, Carlos Ruano, entre otros actores que han sido criminalizados.
Julia Rivera, magistrada titular de la USAC ante la CC. Foto: Guatemala Visible.
El magistrado suplente electo
José Luis Aguirre Pumay, director del Centro Universitario de Santa Rosa (CUNSARO), fue elegido magistrado suplente con 24 votos.
Es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2007, ha ejercido la docencia en la misma casa de estudios y en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala entre 2009 y 2025. Desde el año 2022 dirige el Centro Universitario de Santa Rosa (CUNSARO). Fue candidato a alcalde de Chiquimulilla en las elecciones generales de 2023 por el partido Unidad de la Esperanza (UNE), y en 2024 se postuló como magistrado de la Corte de Apelaciones.
José Luis Aguirre Pumay junto al diputado Inés Castillo de la UNE. Foto: Multivisión canal 3.
Para 2025, integrando la Planilla 1 Avanza-Coalición Gremial, buscó el cargo de secretario del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Dicha planilla fue respaldada públicamente por el fiscal Rafael Curruchiche, Consuelo Porras y Ángel Pineda, y en sus redes sociales ha manifestado apoyo a Walter Mazariegos Biolis, actual rector de la USAC.
Es cercano a Walter Mazariegos, quien lo nombró director en Santa Rosa, departamento del cual también es originario, así como con la dirigencia de la UNE, encabezada por el diputado Inés Castillo.
Su designación sugiere el fortalecimiento de alianzas políticas que trascienden el ámbito estrictamente universitario con Vásquez y la cercanía con Inés Castillo, diputado de la UNE, exdirigente estudiantil de la USAC y originario de Santa Rosa.
José Luis Aguirre Pumay, magistrado suplente electo por la USAC. Foto: Diario de Centro América.
Las que quedan fuera
En esta elección la fiscal general Consuelo Porras no logró ni un solo voto tanto en la votación para magistrada titular como para la suplencia. Aunque la decisión del CSU la deja fuera de la designación por la USAC, Porras aún tiene oportunidad de postularse como magistrada ante la Corte Suprema de Justicia o el Congreso.
Leyla Lemus también tiene las mismas posibilidades de buscar su reelección en ambos organismos.
Antes de la elección del CSU se conoció el nombramiento de Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial. Cuatro meses se necesitaron para que esa elección obtuviera los votos necesarios. Ahora, Paredes tomará el control de la Comisión Postuladora a fiscal general del MP y de la designación de magistrados de la CC.
Paredes está vinculada a la fiscal general Consuelo Porras y Nester Vásquez; además de vínculos políticos con figuras como Allan Rodríguez y Felipe Alejos, operadores con incidencia en la última elección de CSJ y Salas de Apelaciones. Paredes también respaldó la creación de nuevas salas de apelaciones departamentales y la designación de magistrados sin consultar al Congreso de la República, decisiones que generaron cuestionamientos por su legalidad y por la forma en que concentran poder.
Una elección bajo cuestionamientos de legitimidad
De los 38 integrantes que participaron, al menos 26 se encuentran con sus períodos vencidos, según denuncias públicas y acciones legales presentadas contra la integración del Consejo. Además, dos representantes han sido excluidos de forma sistemática.
Uno de ellos es Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, que llegó a la sesión realizada en el Hotel Museo Casa Santo Domingo; pero un dispositivo de seguridad le impidió el ingreso, argumentando que no se encontraba en las listas autorizadas.“Tengo dos años de que no me convocan y en este momento no me dejaron entrar sin ninguna razón y sin argumento”, señaló De la Rosa a medios presentes.
Durante la conferencia, Berner García reconoció que “todavía no se ha conocido en el seno del consejo” su expediente, pero no explicó por qué, pese a que la elección de De la Rosa se realizó en marzo de 2025, otros consejeros electos posteriormente ya tomaron posesión.
La designación de magistraturas a la CC se realizó mientras existen amparos y cuestionamientos legales sobre la integración del CSU. Organizaciones estudiantiles y observadores nacionales e internacionales han advertido que esta integración irregular compromete la validez de decisiones de alto impacto institucional, como la designación ante la CC.
Al lugar también acudieron Autoridades de Iximulew, que rechazaron la elección de magistrados por el actual CSU, así como agrupaciones estudiantiles y organizaciones de sociedad civil que protestaron en la entrada a Antigua Guatemala, manifestando su rechazo a que un Consejo con cargos vencidos eligiera magistrados constitucionales y oponiéndose también a una eventual designación de Porras.
Un proceso blindado, pero impugnable
Previo a la elección, el CSU rechazó 32 a 1, con 5 abstenciones, dar trámite a objeciones o tachas presentadas contra candidaturas, al considerar que “no hay base legal” para procesarlas.
Aunque el Consejo dio por concluido el proceso y anunció que enviará la resolución a la Corte de Constitucionalidad y al Congreso de la República para la juramentación, la designación aún podría ser impugnada o suspendida por resoluciones judiciales pendientes.
La elección se produce en un contexto en el que la administración de Walter Mazariegos continúa siendo señalada como de facto por amplios sectores universitarios desde el proceso electoral de 2022. Con una integración cuestionada y miembros excluidos, el CSU tomó una de las decisiones más trascendentales para el sistema constitucional del país.
La disputa, una vez más, podría trasladarse a los tribunales.
