Es reconocido como integrante de la resistencia de las comunidades que se opusieron a la construcción de las hidroeléctricas en la región de Yich K’isis de Mateo Ixtatán.
Por Simón Antonio Ramón
Desde el 18 de febrero Francisco Mateo Mateo, originario de la aldea Pojom, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, detenido en el municipio de Ixcán el pasado 17 de febrero fue trasladado a la prisión de la cabecera departamental de Quiché, mientras espera la programación de una audiencia de primera declaración en dos semanas.
“Nosotros nos hemos constituido como su defensa y hemos solicitado el expediente”, dijo el abogado Juan Castro del Bufete para los Pueblos Indígenas. La orden de detención contra Francisco Mateo fue emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal del Centro de Administración de Justicia (CAJ) del municipio de Santa Eulalia, con jurisdicción del norte de Huehuetenango.
“Lo que sabemos de la acusación en contra de él es que en noviembre de 2014 murió una persona en la comunidad de Pojom y lo quieren hacer responsable. Pero cuando tengamos acceso al expediente ya se tendría claridad de la situación”, dijo el abogado Castro.
La familia ha denunciado que han recibido llamadas desde la prisión de Santa Cruz del Quiché, en donde les pidieron un pago denominado talacha, que debían entregar en el municipio de San Pedro Soloma, que está a unas tres horas de la comunidad de Pojom.
Una persecución de más de 12 años
La orden de detención fue solicitada por la fiscal del Ministerio Público (MP) Izmary Bionneth Castillo Martínez, el ocho de diciembre de 2014. El 19 de enero se realizó un operativo en la región en donde se buscó detener a nueve personas acusadas de asesinar a Mateo Alonzo Mateo y un adolescente. Ese día solo fueron detenidos Casemiro Mateo Mateo y Jesús Pedro Mateo Mateo, quienes fueron sacados de su comunidad por la vía aérea como resultado de un operativo calificado como violento por el Gobierno Ancestral.
“El día lunes 19 de enero de 2015, a partir de las 4 de la madrugada se tuvo información de que empezaron a formarse aproximadamente 400 agentes de la Policía Nacional Civil, equipados con bombas lacrimógenas. A las 6 de la mañana se desplegaron en la aldea Pojom del municipio de San Mateo Ixtatán, acompañados por personas de la empresa Proyectos de Desarrollo Hídrico (PDH), quienes iban señalando a los líderes comunitarios, amedrentando a la población; y capturaron a JESÚS MATEO MATEO y CASIMIRO MATEO MATEO, quienes fueron trasladados a eso de las 9:40 de la mañana en una avioneta hacia la ciudad de Huehuetenango.
Ambas personas fueron macheteadas el año recién pasado por personeros de la empresa PDH, específicamente el 23 de noviembre del 2014. Posteriormente a estos hechos las fuerzas de la PNC se retiraron del lugar dejando a decenas de niños, niñas, mujeres y señoras embarazadas con crisis nerviosa, hombres intoxicados, heridos y golpeados”, denunció en un comunicado de prensa publicado el 4 de febrero de 2015.
La detención de los dos comunitarios provocó una movilización de pobladores de San Mateo Ixtatán y de Santa Eulalia hacia el CAJ ese día, pero cuando llegaron no estaban los dos comunitarios ahí, sino que fueron trasladados a la cabecera departamental de Huehuetenango. Lo que provocó la molestia de los pobladores e informaron a los trabajadores de las instancias del sector justicia que no se retirarían del lugar hasta dar con el paradero de los dos comunitarios.
Ese episodio generó una ola de criminalización contra vecinos de los dos municipios, Rigoberto Juárez Mateo fue sentenciado a seis meses de prisión por el delito de coacciones a operadores de justicia en 2016 por el Tribunal de Mayor Riesgo A, tras 16 meses en prisión preventiva junto a Domingo Baltazar quien fue declarado inocente. Tras una apelación del MP una Sala de Apelaciones elevó la pena a ocho años, la misma fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad (CC) hace pocas semanas.
Francisco Mateo es parte de la resistencia comunitaria contra la construcción de al menos tres hidroeléctricas en la comunidad Yichk’isis. El hecho del que se le acusa ocurrió cuando la empresa PDH, S.A. impulsaba la construcción de las hidroeléctricas.
La construcción de las hidroeléctricas contraviene a la decisión comunitaria expresada en la consulta de buena fe realizada el 21 de mayo de 2009 en donde 25 mil 646 pobladores manifestaron su oposición a proyectos de extracción de bienes naturales.
