La integración de la lista final de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) generó una reacción inmediata de Estados Unidos. El encargado de Negocios, John M. Barrett, cuestionó el proceso y advirtió que las decisiones adoptadas habrían abierto espacio a intereses criminales dentro de una institución clave para la democracia.
Por Alexander Valdéz
Dos días después de que la Comisión Postuladora concluyó la lista de aspirantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala, John M. Barrett, cuestionó que las decisiones adoptadas habrían abierto espacios a intereses criminales dentro de una institución clave para la democracia del país, aludiendo a los perfiles que fueron incluidos en el último filtro.
El pronunciamiento advierte que, al priorizar intereses particulares sobre el bienestar nacional, se debilitan las bases institucionales y se pone en riesgo la credibilidad del sistema electoral. La declaración se produce en un momento clave porque no es la única elección que está en curso. Además, de que distintos sectores han cuestionado la forma en que los aspirantes están incluidos en la lista, pese a estar señalados de fallos cuestionado o señalamientos de corrupción.
“Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE, priorizando sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones”, escribió John M. Barrett.
La reacción del diplomático estadounidense intensificó el debate sobre la ausencia de rigurosidad en la selección de los aspirantes elegibles al cargo.
Los integrantes de la Comisión Postuladora no tardaron menos de 40 minutos para definir la lista de 20 aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los representantes de las universidades pública y privadas votaron en bloque: Walter Mazariegos y Henry Arriaga (rector y decano de derecho de la USAC), Donald González (decano de derecho de la Universidad de Occidente) y Mynor Herrera (rector de la Universidad Panamericana).
“A pesar de los fallos sistémicos de las comisiones de postulación que siempre hemos señalado, participamos e integramos la comisión, no le hemos dado ni un solo voto a gente señaladas por estados por su actitud antidemocrática”, dijo el comisionado suplente Edgar Ortíz, en un video en las redes del grupo Unidad por la Democracia, luego que se entregara la lista de los 20 elegibles al Congreso.
Luego de la entrega de la lista la Comisión de Postulación se desintegra y ahora la elección queda en manos del Congreso.
Organizaciones reaccionan
Las organizaciones que integran el Foro Guatemala manifestaron su preocupación porque consideran que este proceso de evaluación y votación no privilegió la idoneidad técnica y ética en la integración de la nómina de candidatos a magistraturas del TSE. Señalan que se esperaba un listado enfocado en la meritocracia e independencia, especialmente libre de presuntas vinculaciones con estructuras ilícitas, pero que la comisión optó por priorizar la prontitud del proceso sobre la calidad del resultado, dejando de lado buenas prácticas de ejercicios anteriores.
Asimismo, el Foro Guatemala advirtió que se eligieron algunos perfiles sin comprobar evidencia suficiente de conocimiento en la coordinación de eventos electorales y se relegaron aspirantes con trayectorias íntegras y puntuaciones suficientes.
Por aparte, el análisis de Guatemala Visible señala que a diferencia de procesos anteriores, la comisión se intentó blindar en cada etapa metodológica respaldándose en precedentes sobre fallos anteriores de la Corte de Constitucionalidad, con el objetivo de reducir el margen para futuras impugnaciones, en línea con los señalamientos públicos que podría generar.
Además, menciona que no hubo rigor y transparencia. “El énfasis en el “voto de viva voz” y en la verificación estricta de requisitos buscó proyectar una nómina técnicamente sólida e “impermeable” a la judicialización. Sin embargo, la forma en que se adoptaron decisiones en reuniones previas, marcadas por cuestionamientos sobre los criterios aplicados, deja abierta la posibilidad de que el proceso termine igualmente bajo escrutinio en los tribunales”, señala la organización.
El proceso se mantiene
Con la integración de la lista de 20 aspirantes, el proceso pasa ahora a manos del Congreso de la República, que deberá asumir la responsabilidad de la elección final. El Legislativo recibió el listado y, a partir de este, tendrá que definir mediante votación a quienes integrarán la nueva magistratura electoral, en una decisión que marcará el rumbo institucional del país.
De esos perfiles deberán elegirse cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para el Tribunal Supremo Electoral, que tendrán a su cargo regir las reglas del juego de los procesos electorales de 2027 y 2031. Aunque, la designación podría verse alterada si alguna acción legal en la Corte de Constitucionalidad u otra instancia judicial decida que la decisión debe hacerse de nuevo; es decir, una nueva evaluación por la Comisión Postuladora.
En este caso ya hay un amparo presentado por uno de los aspirantes a magistrados del TSE luego de quedar fuera de la lista, César Augusto López López. Con la medida busca que se elabore una nueva lista integrada por las 20 personas que mejor punteo obtuvieron en la tabla de gradación. Según el argumento de la acción presentada ante la Corte de Constitucionalidad, la comisión excluyó de forma arbitraria las candidaturas con mejores notas. López obtuvo 97 puntos.
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