El juez Mario Hichos resolvió que el proceso contra los magistrados del TSE debe dilucidarse por la vía administrativa y no continuar en la vía penal, como pretendía el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Por Alexander Valdéz
El juez “A” del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Mario Hichos, anuló el proceso que se seguía contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al considerar que no existían elementos suficientes para que el caso siguiera por la vía penal. La decisión pone fin, por ahora, a una de las acciones judiciales que se habían promovido luego de que la autoridad electoral se negó a anular los resultados electorales del 2023.
Los beneficiados con esta resolución son Irma Palencia, Ranulfo Rafael Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco, cuyo caso ahora debe conocerse en la vía administrativa. De esa cuenta, los magistrados quedan desvinculados del expediente que se tramitaba en su contra, en un contexto en el que está por cambiarse la autoridad del Ministerio Público.
El Tribunal Supremo Electoral desembolsó Q148 millones para la contratación de la empresa Datasys Guatemala, S.A., que estuvo a cargo del TREP. En su momento, el TSE dijo que la empresa tenía una asociación estratégica con Podernet, S.A. de C.V. y que contaba con experiencia de más de 20 años. Además de tener más de 15 acreditaciones en el desarrollo de procesos electorales.
La investigación ha sido cuestionada, porque este caso lo presentó el MP después de que se avalaron los resultados de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como presidente y vicepresidenta de la República.
Por esas supuestas irregularidades, el 11 de enero, el MP pidió las órdenes de captura contra la expresidenta del TSE, Irma Palencia y los magistrados: Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco. La Fiscalía les señala de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude.
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El expediente
Según los investigadores, los magistrados abusaron de su autoridad e incumplimiento de deberes porque la supervisión del funcionamiento del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fue delegada al mismo proveedor del sistema, a la empresa Datasys Guatemala.
Además, son señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro y los otros magistrados suplentes fueron los únicos que se libraron del antejuicio, la CC les otorgó un amparo que frenó las intenciones de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
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