La Corte de Constitucionalidad negó un amparó provisionalmente a Chevez, conocido como “el Mago” y acusado por lavado de dinero durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Con ello, la CC despeja el camino para que el proceso continúe hacia la fase de debate oral y público.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) negó el amparo provisional solicitado por Jonathan Harry Chevez dentro del caso TCQ, con el que pretendía suspender la resolución que lo envió a juicio por el delito de lavado de dinero. Con esta decisión, la CC rechaza frenar el proceso penal y permite que el mismo avance a la siguiente etapa.
Este entramado de corrupción data de 2016, fue una de las investigaciones impulsadas por la entonces Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en coordinación con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que documentaron una red de corrupción alrededor de la Terminal de Contenedores Quetzal. Chevez fue señalado como un actor clave en el supuesto mecanismo utilizado para facilitar el movimiento de fondos vinculados al proyecto.
De esta manera, Chevez buscaba dejar sin efecto lo resuelto por el Juzgado de Mayor Riesgo “B”, que en 2025, confirmó la existencia elementos suficientes para que enfrentara debate oral y público por su presunta vinculación en las maniobras financieras investigadas en el expediente conocido como TCQ. El acusado alegó vulneraciones a derechos fundamentales y cuestionó la fundamentación de la decisión judicial que lo envió a juicio.
“No tomó en cuenta que no quedó comprobado, mediante medios de investigación suficientes, que el amparista haya tenido participación en algún hecho constitutivo de delito”, fue la queja que promovió la defensa del acusado de corrupción.
Sin embargo, en su resolución, la Corte estimó que no concurren los presupuestos necesarios para otorgar la protección provisional solicitada, al no advertirse, de forma preliminar, un agravio irreparable que justificara suspender el fallo que lo envió a debate. “Esta Corte advierte que en el presente caso no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección constitucional”, se lee en la resolución de la CC.
La acusación
Según la acusación, Chevez habría sido designado por Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, para recibir fondos de origen ilícito y encargarse de darles apariencia legal. El señalamiento sostiene que su papel consistía en estructurar un entramado financiero que permitiera “limpiar” el dinero y posteriormente canalizarlo hacia los exgobernantes mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles.
Durante la acusación, la fiscalía expuso Chevez habría recibido al menos en dos ocasiones transferencias por US$2 millones, fondos que según la fiscalía provenían de representantes de la Terminal de Contenedores Quetzal a cambio de la concesión para la construcción y usufructo de 348 mil metros cuadrados en Puerto Quetzal. El MP lo ubica como el administrador de los recursos ilícitos, encargado de moverlos, negociar entregas y realizar transacciones a través de sus empresas para facilitar la compra de vehículos, propiedades y otros activos.
El caso de TCQ no es el único que enfrenta Chévez, quien ha logrado salir de prisión y evitar que los mismos avancen, desde la llegada de la fiscal general Consuelo Porras y el desmantelamiento de la FECI.
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Caso se reactiva
Las pesquisas determinaron que altos funcionarios del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, incluido su yerno y entonces secretario privado Gustavo Adolfo Martínez, habrían intervenido para que la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), vinculada a capital español, obtuviera un contrato de usufructo oneroso en Puerto Quetzal por 25 años. A cambio, según la acusación, se habrían pactado sobornos que oscilaban entre Q125 mil y Q225 mil, en un acuerdo que comprometía al Estado bajo condiciones consideradas desventajosas y favorables para la compañía.
El caso también involucró a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, a su exsecretario privado Juan Carlos Monzón y al exmagistrado Douglas Charchal, entre otros señalados. De acuerdo con la CICIG y la FECI, no se trató de simples irregularidades administrativas, sino de una red estructurada que integraba a funcionarios, abogados y empresarios, con distintos delitos atribuidos que van desde asociación ilícita y cohecho pasivo hasta enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Impunidad
En una fase de este mismo caso, en octubre de 2025, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” emitió una sentencia absolutoria a favor de cinco procesados en el caso. Los jueces absolvieron a Douglas René Charchal, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia; a Gustavo Martínez Luna, exsecretario de la Presidencia; a Mario Ruano San José; así como a Julio Norberto Esquivel Orellana y Lázaro Noé Reyes Matta.
Todos enfrentaban imputaciones por delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho pasivo, pero el tribunal decidió que los señalamientos no fueron debidamente acreditados durante el debate.
En esa oportunidad, el Ministerio Público no manifestó oposición a la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo B y, por el contrario, el fiscal Rafael Curruchiche expresó argumentos en respaldo de la resolución absolutoria dictada a favor de los procesados.
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