Con plazos reducidos, obstaculización de requisitos administrativos y sin fijar lugar y hora en la que se realizará la votación, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala convocó al proceso de designación de su magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad, un procedimiento que vuelve a generar cuestionamientos sobre transparencia, legalidad y posibles intereses políticos en la integración del máximo tribunal constitucional.
Por Prensa Comunitaria
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) conoció y aprobó la convocatoria para el proceso de designación de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031. En la agenda original de la sesión no se incluía el punto de discusión para esta convocatoria. La propuesta fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
La convocatoria establece que la recepción de expedientes se realizará únicamente el 5 y 6 de febrero de 2026, en horario de 8:00 a 15:00 horas, y que la documentación deberá presentarse de forma física en las instalaciones de la Rectoría del Campus Central de la USAC. Esto ocurre pese a que, durante la gestión de Walter Mazariegos, no se ha permitido el ingreso de personas particulares a este edificio.
El CSU consignó que la fecha de la elección será el 16 de febrero pero no el lugar ni la hora para realizarse. Esta omisión abre dudas sobre la transparencia y viabilidad del proceso, considerando el corto margen entre la publicación de la convocatoria y la inscripción de quienes aspiren a una magistratura.
Plazos insuficientes y trabas administrativas
La convocatoria exige la presentación de una extensa lista de requisitos, que incluye constancias de colegiado activo, antecedentes penales y policiales, entre otros documentos. En la práctica, este proceso podría verse seriamente afectado por los tiempos en que las distintas instancias emiten la papelería requerida.
La División de Administración de Recursos Humanos, responsable de extender una de las constancias necesarias, podría tardar hasta cinco días hábiles en emitir certificaciones clave, lo que coloca a los aspirantes en una situación de desventaja, a pocos días de la apertura del periodo de recepción de expedientes.
Esta situación resulta preocupante debido a que esa división está a cargo de Sully Amibeth Johnson Méndez, designada por Walter Mazariegos, y quien en otras ocasiones ha operado junto al rector para favorecer su control sobre la USAC.
Candidaturas con carga política y posibles intereses
En los pasillos universitarios y en círculos políticos se mencionan posibles candidaturas vinculadas con figuras de poder, entre ellas Consuelo Porras, así como perfiles cercanos a la estructura que actualmente controla la USAC.
También ha circulado el nombre del secretario general de la USAC, Luis Fernando Cordón Lucero, quien ha sido señalado como parte del grupo que facilitó la toma de la rectoría por parte de Mazariegos, mediante un proceso electoral fraudulento.
Otro nombre que se menciona es el de Juan Carlos Gódinez Rodríguez, quien ha buscado la magistratura por parte de la USAC en periodos anteriores y es abogado personal y asesor de Mazariegos.
Godínez Rodríguez también estuvo involucrado en el fraude electoral que permitió la imposición de Mazariegos en la rectoría en 2022. Asimismo, se señala que Mazariegos tendría como objetivo beneficiar a Nester Vásquez para mantener la alianza que le ha permitido, a través de resoluciones de la CC, actuar con impunidad en el control de la Universidad.
La ausencia de una hora y el lugar para la elección planificada el 16 de febrero, sumada a posibles maniobras administrativas en la entrega de papelería, abre la puerta a la implementación de estrategias políticas dentro del propio CSU para favorecer perfiles alineados con el rector o con otros actores de poder.
Un amparo que desequilibró la balanza en la CC
En 2022, la Corte de Constitucionalidad anuló la designación de Gloria Patricia Porras Escobar como magistrada titular, ordenando al CSU repetir la elección desde la convocatoria, al considerar que Porras no cumplía con el requisito de ser docente de la USAC. No obstante, el mismo fallo no afecto la designación del magistrado suplente, Rony Eulalio López Contreras.
Posteriormente, el Consejo Superior Universitario, ya controlado por Walter Mazariegos, designó a Héctor Pérez Aguilera como magistrado titular, en medio de protestas que fueron reprimidas con violencia por parte de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
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Un CSU que desacata ordenes de amparos
El CSU también ha enfrentado señalamientos por incumplir resoluciones de la propia Corte de Constitucionalidad en otros procesos institucionales, como la renovación de sus integrantes, debido al vencimiento de los periodos para los que fueron electos.
Actualmente, 28 consejeros se encuentran fuera del plazo de su mandato. Mazariegos ha evitado la renovación del CSU mediante diversas acciones, entre ellas no dar posesión a personas electas, no convocar a elecciones y desacatar resoluciones constitucionales. En marzo de 2025, la CC advirtió al CSU sobre posibles consecuencias legales por no realizar las elecciones correspondientes y reiteró el incumplimiento en diciembre del mismo año.
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https://prensacomunitaria.org/2025/12/cc-advierte-a-la-usac-de-posibles-consecuencias-legales-por-no-realizar-elecciones-de-consejeros/
