Con la caída del Gobierno de Jacobo Árbenz, en 1954, la población guatemalteca perdió la confianza en las Elecciones Generales y ganaron temor y represalias cuando se proclamaban por la democracia. Los intentos de algunos partidos políticos por rescatar el país del totalitarismo, eran socavados con el fantasma del fraude y la sombra de los golpes de Estado. Cuando Efraín Ríos Montt se proclamó jefe de Estado en 1984 se decidió por suprimir el Registro Electoral y crear un Tribunal Supremo Electoral (TSE), que con funciones autónomas fuera el responsable de todo lo relacionado con procesos electorales. ¿Curioso? No tanto, porque justo a Ríos Montt le “robaron” las elecciones en 1974, como candidato de la alianza Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)-Frente Unido de la Revolución (FUR). En su lugar, asumió la Presidencia, Kjell Eugenio Laugerud García, presidenciable del Movimiento de Liberación Nacional (MLN).
Por Prensa Comunitaria
El Tribunal Supremo Electoral que reemplazó al Registro Electoral nació y se estructuró durante dos golpes de Estado. En esa época es probable que la nueva institución se percibiera como poco confiable ya que, entonces, la represión apagaba voces opositoras a los regímenes militares y de liderazgos sociales que luchaban por el retorno de Guatemala al camino de la democracia.
Pero ocurrió, un hecho que empezó a cambiar el escenario. El 23 de marzo de 1983, Efraín Ríos Montt emitió el Decreto Ley 30-83 “Ley Orgánica del TSE”, dando vida a una institución con autonomía del poder Ejecutivo y le confería carácter permanente con jurisdicción en toda la República sin estar supeditado a ningún organismo del Estado o autoridad. Desde que empezó a funcionar y se eligió a su autoridad, este órgano fue el responsable de convocar y organizar la elección de diputados de la Asamblea Nacional Constituyente que aprobó la nueva Constitución Política de la República; 14 elecciones generales y tres consultas populares.
Resultados sin testigos
En un comunicado de Prensa del TSE, del 28 de octubre de 1985, describía con un particular símil la forma como hasta entonces se había electo a la Presidencia de la República de Guatemala. “Cuentan que el general Pancho Villa gustaba de jugar a los dados; pero con la peculiaridad de que él mismo los echaba dentro de un sombrero de cinco galones y cantaba los resultados, sin permitir que nadie comprobara su veracidad, so pena de ofender mortalmente la alta dignidad del renombrado general”, se lee en el documento.
“Ese mismo sistema, aplicado a las elecciones, prevaleció en Guatemala durante la última década (años 70) y constituyó uno de los factores que empañaron nuestra imagen internacional. La observación de las elecciones por representantes de otros países era considerada entonces como ofensa a la soberanía nacional, sin repararse en que la verdadera ofensa la cometían los manipuladores del fraude y la mentira”.
“Con observar las elecciones no están ofendiendo ninguna soberanía, pues la elección no está en manos del Gobierno, sino de este Tribunal, cuyos magistrados y sus más de 20 mil colaboradores en toda la República no ejercen soberanía de especie alguna, sino son simples servidores de la Nación, sujetos al examen de propios y extraños, como en todo país democrático”.
Así concluía este comunicado que revelaba el ambiente previo a la jornada cívica convocada para el 3 de noviembre de 1985, en el que dos partidos políticos, ajenos al poder militar, avanzarían a la segunda vuelta: la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y la Unión del Centro Nacional (UCN).
Convocar y organizar estas votaciones que llevaron a la Presidencia a Vinicio Cerezo fueron el colofón de una serie de procesos que impulsó el TSE desde 1983, entre ellos, las masivas jornadas de empadronamiento ciudadano y las votaciones por los 88 diputados que integraron la Asamblea Nacional Constituyente, responsable de definir, consensuar y aprobar una nueva Carta Magna.
En ese sentido, Alfonso Cabrera Hidalgo, quien fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 y presidente del Legislativo, en 1986, recordó que antes de la creación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en 1983, El Registro Electoral, que dependía de la Presidencia tenía la discrecionalidad de autorizar o cancelar partidos políticos. “No existían procesos para crear organizaciones políticas”, mencionó.
El 30 y 31 de marzo 1963, cuando se produjo un golpe de Estado contra el Gobierno de José Miguel Idígoras Fuentes y asumió como jefe de Estado, el ministro de la Defensa, Enrique Peralta Azurdia, comenzó en el país la era de militares en el poder.
“Nosotros no éramos de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) sino del Frente Estudiantil Social Cristiano, con seccionales en 10 de las 14 facultades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Nuestra lucha era transformar nuestra universidad. Una revolución universitaria como la de Córdova (Reforma Universitaria de Córdoba, Argentina, de 1918). Teníamos distancia con la DCG por su cercanía a monseñor Mariano Rosell, pero logramos cambios importantes en el Comité Ejecutivo”, mencionó Cabrera Hidalgo.
En los años 60 se habló de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, pero Peralta Azurdia, con un gabinete de ministros, todos militares, reconoció solo a tres partidos políticos: el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), a la DCG y al Partido Revolucionario (PR). “Trinidad Uclés, uno de sus funcionarios civiles fundó el Partido Institucional Democrático (PID) y Peralta Azurdia lo consideró el partido de Gobierno. Cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente ofreció 10 curules al MLN, PR y DCG y el PID se quedó con 50”, recordó.
Como la DCG había sido convocada a la elección de Asamblea Nacional Constituyente era preciso oponerse a tal “fantochada”, añadió. “Se orquestó entonces con René de León Schlotter cómo recuperar el partido. Él nos pidió ayuda y así viajamos al interior del país a conocer las filiales, eran pocas, unas 35. Nos movilizamos a los municipios y se comenzó una reconocida organización partidaria. Por eso, cuando el 24 de abril de 1964, se realizó la Asamblea para decidir si la DCG iba a la Asamblea Nacional Constituyente, en su lugar se expulsó al Comité Ejecutivo. René de León Schlotter nos habló y allí se produjo el cambio de dirigencia”, agregó.
Los cambios internos de la DCG echaron por suelo la propuesta de Peralta Azurdia y como represalia canceló la agrupación. “Fuimos un partido ilegal de 1964 a 1969”, reconoció. Fue durante el gobierno de Julio César Méndez que se autorizó nuevamente la participación de la DCG en elecciones generales como partido político inscrito en el Registro Electoral.
Se eligen los cinco magistrados del TSE
La historia del TSE comienza el 23 de marzo de 1983 con el respaldo del jefe Estado, entonces Efraín Ríos Montt, a tres leyes fundamentales que cimentaron la institucionalidad del nuevo órgano: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (Decreto Ley Número 30-83), la Ley del Registro de Ciudadanos (Decreto Ley Número 31-83) y la Ley de Organizaciones Políticas (Decreto Ley Número 32-83).
De acuerdo con Cabrera Hidalgo, desde 1982, cuando ocurrió el golpe de Estado encabezado por a Ríos Montt, los representantes de los distintos partidos políticos buscaron convencerlo de la necesidad de una institución distinta al Registro Electoral para dirigir y convocar procesos de elecciones. Entonces, existía el Consejo de Estado, dirigido por Jorge Serrano Elías, que aceptó dicha propuesta.
En agosto de ese año se inició el proceso dirigido a seleccionar a los primeros cinco magistrados del TSE (uno sería el Presidente y los vocales, los otros cuatro), mediante un nuevo mecanismo. Se instaló una Comisión de Postulación, con representantes universitarios y de los colegios profesionales, que preparó una nómina con los nombres de 20 candidatos (se seleccionaron de una lista que contenía los nombres de todos los abogados colegiados activos del país).
El 10 de agosto, fueron postulados los primeros cinco magistrados, según la ley Orgánica del TSE, por la Comisión de Postulación, integrada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); rectores de las universidades privadas; de la Asamblea de Presidentes de los colegios profesionales y los decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país.
La nómina fue enviada la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y con el voto de las dos terceras partes se nombró a los primeros magistrados del TSE, presididos por Arturo Herbruger Asturias; Justo Rufino Morales Merlo (vocal I); Gonzalo Menéndez de la Riva (vocal II); Manuel Ruano Mejía (vocal III) y Ricardo René Búcaro Salavarría (vocal IV). Este nuevo sistema debía garantizar la autonomía del nuevo órgano, pero no la independencia financiera. Dependía todavía del presupuesto otorgado por el Ejecutivo y otras entidades de Estado.
“Se escogieron personas muy respetadas, con reconocida honorabilidad que actuaron con transparencia y convicción porque el país saliera adelante. El presidente era don Arturo, un hombre maravilloso en todo el sentido de la palabra, abogado y político. Algunas veces actuaba como abogado y otras como político”, añadió Cabrera Hidalgo.
Así comenzó a funcionar el TSE, con autoridades electas y una sede en el edificio del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), pero el 1 de septiembre, por falta de espacio se trasladaron las oficinas del Registro de Ciudadanos, de ese lugar a la 5ª calle 4-53 de la zona 1 capitalina.
En esa fecha, solo se había elegido a Julio César Ordóñez, como magistrado suplente, por lo cual, el pleno de magistrados del TSE urgió al Ejecutivo a promover un proyecto de ley, para que en el corto plazo facilitara la elección de los cuatro suplentes que faltaban.
El 6 de octubre, los magistrados del TSE enviaron a la CSJ, una lista con los nombres de diez candidatos a magistrados suplentes para que se eligiera a cuatro. En ese listado se incluyó a Constantino Duarte Villela, Antonio Carrera Molina, Manuel Fernández Escobar, Félix Castillo Milla, Víctor Manuel Ferrigno García, John Robert Schwank Durán, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, Valente González Enríquez, Alfredo Bonatti Lazzari y Manuel Arturo Aldana Ramírez.
El 13 de octubre, la CSJ eligió y juramentó a Rohrmoser Valdeavellano, Carrera Molina Schwank Durán y González Enríquez como magistrados suplentes y así quedó integrado el primer Tribunal Supremo Electoral, con cinco magistrados titulares y cinco suplentes.
Catalina Soberanis, quien en esa época integraba las bases de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) recordó esos años. “El TSE se estableció por Decreto del Consejo de Estado del régimen de facto, que gobernaba como producto del golpe de Estado de 1982. Existían dudas sobre si el TSE tendría la autoridad y la independencia para organizar elecciones verdaderamente libres y legítimas, que realizara su labor, sin interferencia de las autoridades militares”, dijo.
“Pero los hechos demostraron lo contrario. Ese primer TSE estuvo conformado por personas probas, respetables y dignas de toda confianza, por lo que el proceso de elección de Asamblea Nacional Constituyente se realizó con toda normalidad y en un clima de libertad y garantías de participación para todos los partidos y comités cívicos”, indicó.
En 1984, Soberanis ganó una curul, por el Distrito Metropolitano, en la Asamblea Nacional Constituyente, cuyas elecciones había organizado el nuevo TSE y en otra, en las votaciones generales de 1985. En los siguientes comicios también participó como candidata a diputada y durante ese periodo se convirtió en la primera mujer en ser la presidenta del Organismo Legislativo.
El primer cronograma de trabajo
En los últimos días de octubre de 1983, las nuevas autoridades del TSE dieron a conocer un plan de trabajo cuyo objetivo era el retorno a la constitucionalidad del país con acciones inmediatas encaminadas a evitar el fraude electoral. “El fraude depende de los hombres y no de las leyes, pero las leyes deben buscar procedimientos que lo impidan en la medida de lo posible y lo más indicado es que las autoridades electorales tengan autonomía y estén constituidas por personas calificadas cuya designación no dependa del Gobierno, sino de otras entidades de alta confiabilidad”, señaló el pleno entonces.
Se definieron varias acciones dirigidas a cumplir ese propósito:
- Elegir, mediante procedimientos democráticos representativos que excluyan la imposición y el fraude, a los 88 diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Por el Listado Nacional serían 23 y por los departamentos, 65.
- Promulgar una nueva Constitución Política de la República.
- Impulsar votaciones generales con el fin de elegir al presidente del país, diputados del Congreso y corporaciones municipales.
- Garantizar la toma de posesión de los cargos de las autoridades electas.
Comienza el empadronamiento, pero obligatorio
Las primeras jornadas de empadronamiento comenzaron en la capital, el 10 de noviembre de 1983, como un requisito obligatorio que tenían que cumplir la población que supiera leer y escribir. Los centros autorizados se mantenían abiertos de las 7 horas a las 19 horas como una forma de facilitar la inscripción de las personas. Este proceso se había establecido en la ley del Registro General de Población que fue derogada y en su lugar cobró vigencia el Decreto ley 138-83, que asignaba al Registro de Ciudadanos la responsabilidad de inscribir a los guatemaltecos en padrones electorales,
Según la ley vigente, quienes evitaran empadronarse no podrían ejercer cargos públicos ni derechos políticos. Se les negaría también el pasaporte, la licencia de conducir o la renovación de dicho documento. El TSE advirtió que esta disposición solo afectaría a menos del cinco por ciento de la ciudadanía, los únicos propietarios de vehículos en esos años. En el caso de las personas analfabetas y mayores de 70 años, el empadronamiento era opcional.
En esa fecha, trascendió la renuncia del magistrado Justo Rufino Morales Merlo, vocal I, por motivos de salud. Su lugar lo ocupó el magistrado suplente, Julio César Ordóñez.
De acuerdo con el Registro de Ciudadanos, del 10 al 19 de noviembre de 1983, se habían empadronado 102 721 personas en ciudad de Guatemala. En las siguientes semanas, se comenzó a empadronar a vecinos de los municipios del departamento de Guatemala. El 5 de diciembre, se abrieron centros de empadronamiento en Zacapa, Sacatepéquez, El Progreso y Jalapa. Al 22 de diciembre, el número de empadronados había aumentado a 540 476.
Paralelo a ello, el Registro de Ciudadanos recibía los expedientes de organizaciones políticas interesadas en participar en los procesos electorales que había anunciado el TSE. A finales del año, en esta dependencia se habían inscrito 12 comités proformación de partidos políticos.
Ese mes, Herbruger Asturias entregó al coronel Manuel de Jesús Girón Tánchez, secretario general de la Jefatura de Estado, el proyecto de ley Electoral específica para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa propuesta incluía los requisitos, mínimos, a cumplir por los candidatos a legisladores:
- Gozar de la ciudadanía guatemalteca o estar nacionalizado.
- Ser mayor de 30 años, pero no se aplicaría a los candidatos con grado académico universitario. Luego se modificó la edad a 25 años.
De acuerdo con Soberanis, eran razonables los requisitos que se establecieron en el nuevo registro de partidos políticos y comités cívicos. “Garantizaban las condiciones para una amplia participación”, explicó.
Sin embargo, los aires de democracia que se comenzaban a sentir en el país, no precisamente se extendían al campo de la seguridad física de los candidatos a puestos de elección popular. “Aún en el contexto de un régimen de facto y, además, con un conflicto armado interno en el que las posiciones se habían radicalizado, no contábamos con la plena garantía de seguridad a nuestra integridad física y para realizar actividades proselitistas y de promoción del voto”, indicó Soberanis.
“De hecho, aún existían retenes militares y algunas operaciones de sabotaje de la insurgencia. Fue en medio de ese clima, que se realizó la campaña electoral. Pero al menos ya no existía una persecución sistemática a los liderazgos políticos y se nos garantizó plena libertad para efectuar nuestra propaganda, tanto en los medios de comunicación como en actividades colectivas en los espacios públicos”, afirmó.
En 1983 la guerra entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), fundada el 7 de febrero de 1982, como una organización que aglutinaba a las organizaciones guerrilleras del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y el Ejército de Guatemala estaba lejos de terminar. La política contrainsurgente, según documentan los informes de la verdad, aún desarrollaba masacres en el área rural y desapariciones forzadas selectivas en el área urbana, especialmente en la capital.
Avanza el empadronamiento y la organización de las votaciones
El 9 de febrero de 1984, arrancó el empadronamiento en Escuintla, Chimaltenango y Alta Verapaz. El 11 de ese mes, el TSE anunció que se había empadronado a 1 millón 514 727 de guatemaltecos, una cifra esperanzadora dada la cercanía de la elección de diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, en julio de ese año. Sin embargo, una noticia ensombreció los ánimos: siete empadronadores, que se dirigían al departamento de Quiché, resultaron con heridas graves luego de que el vehículo en que se conducían cayó a un barranco de Sacapulas. Se desconoce lo qué sucedió con el grupo. Solo trascendió que habían sido atendidos en hospitales de la capital.
A partir del 8 de marzo, se comenzaron a constituir las Juntas Electorales Departamentales de Quetzaltenango, Chimaltenango, Sacatepéquez, Escuintla, El Progreso y Jalapa, responsables de garantizar el resultado y transparencia de los comicios.
En los días posteriores se integraron las Juntas Electorales Departamentales de Zacapa, Jutiapa, Santa Rosa, Petén, Izabal y Baja Verapaz, Chiquimula, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, Quiché, San Marcos, Huehuetenango y Retalhuleu.
El 5 de abril, se conformó la Junta Electoral de Guatemala con los siguientes integrantes: Ramón García Estrany, Roberto Colmenares Arandi, Ana María Vargas Dubón de Ortiz y Alma Beatriz Quiñónez López de Gálvez. En tanto, la de Junta Electoral de ciudad de Guatemala por: Jaime Cáceres Knox, Mario Coll Solares, José Toledo Sáenz y Roberto Stein Liebes.
Las primeras jornadas de empadronamiento comenzaron el 10 de diciembre de 1983 y concluyeron el 10 de mayo de 1984. En esa fecha, 2 millones 554 002 guatemaltecos se habían empadronado a nivel nacional, de los cuales: 982 288 fueron hombres y 608 133, mujeres. De estas cifras, se evidenció que 570 298 de los empadronados eran analfabetas.
Los departamentos con mayor número de personas empadronadas fueron: Guatemala (724 649); San Marcos (170 489); Huehuetenango (151 289); Escuintla (144 384) y Suchitepéquez (107 262). En el resto de departamento se empadronaron entre los 53 000 y 104 000 guatemaltecos, a excepción de El Progreso. Baja Verapaz y Jalapa. Allí, los números fueron menores: 33 590, 42 727 y 43 601.
En el departamento de Guatemala, el mayor número de empadronados se concentró en la capital, 515 284; Mixco, 59 147; Villa Nueva, 28 745 y Villa Canales, 21 001. Mientras que, en San José del Golfo solo se empadronaron 1 908 personas y en Chuarrancho, 2 786.
En municipios como Sololá también hubo poco interés por el empadronamiento. En San José Chacayá se empadronaron solo 295 personas; en Santa María Visitación, 489 y en San Marcos La Laguna, 557.
El TSE se pronunció el 18 de abril de 1983 como respuesta a las críticas y señalamientos contra el empadronamiento masivo. Se decía que los guatemaltecos se habían empadronado porque era obligatorio y de no hacerlo serían multados.
“Cosa completamente ridícula, puesto que la ley no establece ninguna multa o pena para quien no se inscriba y únicamente dispone la obligatoriedad de hacerlo (sin sanción) para los ciudadanos que sepan leer y escribir. Ciertamente se establece que no podrá expedirse pasaporte o licencia de manejar a los ciudadanos alfabetos que no estén inscritos; pero esta disposición, que afecta a menos del cinco por ciento de ciudadanos, no es una sanción, sino un simple requisito fácil de cumplir”, se aseguró en un comunicado de Prensa.
Se inscriben los partidos políticos en formación
Con la tarea de convocar el proceso de votaciones de los 88 diputados para integrar la Asamblea Nacional Constituyente (23 por el Listado Nacional y 65 por los departamentos o distritos electorales), el TSE impulsó la formación y registro de partidos políticos, los cuales tenían que proponer a los candidatos a elección popular.
En ese sentido, se cumpliría lo establecido en la ley de Organizaciones Políticas (Decreto ley 32-83), pero, por lo corto del tiempo le resultaba imposible participar en dichas votaciones a organizaciones políticas en formación, ya que, no habían completado los trámites.
Se incluyó entonces una disposición en la ley Electoral específica, propuesta por el Tribunal Supremo Electoral a general Óscar Mejía Víctores, que autorizaba a inscribir, de forma provisional, a los partidos políticos en formación, que había cumplido el requisito de presentar hojas de adhesión con, por lo menos, 4 mil afiliados.
Fue así, como se lograron inscribir, de manera provisional, los 17 partidos políticos y tres comités cívicos, que postularon a 1 mil 174 candidatos en las elecciones a diputados de la Asamblea Nacional Constituyente.
El siguiente es el listado de organizaciones políticas en formación que participaron en las elecciones del 1 de julio de 1984.
- Frente de Unidad Nacional (FUN)
- Unión del Centro Nacional (UCN)
- Alianza Movimiento de Liberación Nacional (MLN)-Central Auténtica Nacionalista (CAN)
- Partido Institucional Democrático (PID)
- Partido Unificación Anticomunista (PUA)
- Movimiento Emergente de Concordia (MEC)
- alianza Fuerza Demócrata Popular (FDP)- Coordinadora Nacional Democrática (CND)
- Partido Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)
- Frente Unido de la Revolución (FUR)
- Partido Democrático de Cooperación Nacional
- Frente Cívico Democrático (FCD)
- Alianza Democrática (AD)
- Partido Populista
- Partido Revolucionario (PR)
- Partido Nacional Renovador (PNR)
Las elecciones estaban a la vuelta de la esquina y en el TSE renunció el magistrado titular, Ricardo René Búcaro Salaverría, y los magistrados suplentes, Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano y Valente González Enríquez. El puesto de Búcaro Salaverría lo ocupó John Schwank Durán. Meses después se nombró magistrado suplente a Luis Arturo Archila Leerayes.
Pese a las bajas, seguían los preparativos. El 17 de mayo, las autoridades del TSE recibieron las resmas de papel seguridad que había comprado a la empresa estadounidense PORTLS, Inc., con sede en Hawkinsville, Georgia. Se dijo que sería la primera vez que se utilizaría esa clase de papel (con un sello de agua) en las boletas de una elección en Centroamérica, con lo cual se garantizaba el resultado de los comicios. La empresa de EE.UU., estaba considerada en esa época, como una de las más importantes a nivel mundial. El papel seguridad se pagó en quetzales, aseguró el TSE.
Las boletas se imprimieron, días más tarde, en la Tipografía Nacional con la presencia de autoridades de este órgano y representantes de los partidos políticos.
Para entonces, partidos políticos como la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) confiaban en el trabajo del TSE, comentó Soberanis. “Las calidades profesionales y las cualidades personales de los integrantes del TSE, más la garantía del Gobierno militar de que no interferiría en el proceso, nos animaron a participar, aunque no sin cierto temor por nuestra seguridad personal, por el contexto político existente”, agregó.
El 8 de agosto de 1983 un movimiento de militares provocó el último golpe de Estado de la historia reciente del país, encabezado por el general Óscar Humberto Mejía Víctores, que depuso a Efraín Ríos Montt, que dio continuidad a la política contrainsurgente que seguía cobrando graves violaciones a los derechos humanos y altos índices de violencia política, según documenta, años más tarde, la Comisión para Esclarecimiento Histórico.
El día de las votaciones
El 1 de julio de 1984 se abrieron a las 7 horas, las más de 4 000 mesas electorales instaladas en 327 municipios. A cada mesa se le entregó un listado con 650 votantes cada una. El TSE reportó que en las primeras horas de la jornada electoral se había logrado el voto del 70 por ciento del electorado. Al final del día, los votos sumaron 1 millón 994 mil 933, pero 300 513 se declararon nulos y quedaron 158 866 boletas en blanco.
La mayoría de votos se registró en la capital (158 529); San Marcos (114 006); Quetzaltenango (130 506); Huehuetenango (117 815) y Escuintla (116 746).
En El Progreso y Baja Verapaz se reportó el menor número de votantes. En El Progreso se emitieron 23 198 votos, de los cuales se anularon, 1 898 votos, mientras que en Baja Verapaz se registraron 32 720 votos, pero fueron nulos 4 182.
El fantasma del fraude
Días después de estas primeras elecciones, en un programa televisivo se denunció un fraude electoral. El comunicado del TSE, del 17 de julio de 1984, se señaló que Lionel Sisniega Otero, un conocido líder anticomunista fundador de varios partidos entre ellos el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), aseguraba que tenía en su poder un legajo de papeletas numeradas. Sin embargo, el Tribunal aclaró que se trataba de boletas de empadronamiento.
“Estos formularios, que se califican de seguridad media, se han entregado bajo conocimiento a cada uno de los 17 supervisores que trabajaron antes de las elecciones. Entre ellos Carlos Salvador Morán Amaya, o sea la persona que como empleado de confianza del Registro de Ciudadanos, recibió las papeletas en cuestión, para ser usadas en sus operaciones de empadronamiento. De tal manera que dicha persona es la responsable de cualquier mal uso o uso indebido de las mismas”, se lee en el documento.
“En consecuencia, no se ha demostrado la existencia de ningún fraude, sino tan solo de un grave hecho que conduce a una confabulación entre un empleado del Registro de Ciudadanos y un partido político, para desacreditar el proceso electoral por un medio totalmente ineficaz, pues se trata de formularios que por sí solos carecen de todo valor. Este Tribunal ha dado instrucciones al Registro de Ciudadanos para que señale término perentorio al señor Morán para que proceda a la devolución de las papeletas que sustrajo, sin perjuicio de otras medidas que procedan”.
Tras esos señalamientos, se adjudicaron las 88 curules de la Asamblea Nacional Constituyente, el 19 de julio de ese año.
El nuevo año con más trabajo
A partir del 22 de febrero de 1985, el TSE definió el cronograma de actividades previo a la convocatoria a Elecciones Generales, las primeras con las que se abría la era democrática del país, que se modificó con los meses, y trasladaría su sede a la avenida Reforma 15-45 de la zona 10 capitalina, a partir del 1 de julio de ese año.
El 1 de agosto, el Registro de Ciudadanos anunció que había inscrito a 14 organizaciones políticas que habían superado los 4 000 afiliados alfabetos y que contaban con actas de constitución. Estos partidos políticos fueron los únicos permitidos a participar en las Elecciones Generales, que se habían definido para el 3 de noviembre.
- Unión del Centro Nacional (UCN)
- Movimiento de Liberación Nacional (MLN)
- Central Auténtica Nacionalista (CAN)
- Partido de Unificación Anticomunista (PUA)
- Frente de Unidad Nacional (FUN)
- Partido Institucional Democrático (PID)
- Movimiento Emergente de Concordia (MEC)
- Partido Revolucionario (PR)
- Fuerza Democrática Popular (FDP)
- Partido Nacional Renovador (PNR)
- Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG)
- Frente Centro Democrático (FCD)
- Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN)
- Partido Socialista Democrático (PSD)
Estas planillas también comprendían a los candidatos a diputados, postulados por un partido político o una coalición, en el Listado Nacional. En ese sentido, las curules se adjudicarían por el Sistema de Representación de Minorías.
Dificultades presupuestarias
Avanzaba la parte formal y legal, que respaldaba el proceso electoral convocado en noviembre, pero la situación económica del país, a causa de la escasez de divisas, ocasionó una crisis financiera en el Tribunal Supremo Electoral. En las votaciones del año anterior, el uso de papel seguridad importado garantizó los resultados de esos comicios. Pero, en 1985, el órgano carecía de dinero para comprar el insumo.
Sería, Alberto Martínez Piedra, embajador de Estados Unidos, acreditado en Guatemala, quien al conocer de esta situación buscó apoyo de su Gobierno, por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la cual asumió el costo del papel seguridad, por US$227 mil y el pago del flete desde la empresa PORTALS. Inc., a la bodega del TSE. El 22 de agosto, el TSE recibió el papel seguridad con el cual se imprimirían las más de 9 millones de boletas que se entregarían en las 6 000 mesas electorales que se habilitarían a nivel nacional.
En septiembre. el Tribunal Supremo Electoral adjudicó a tres empresas la impresión de las papeletas: Litografía ZADIK, S.A., Delgado Impresos, compañía limitada” y Litografía Fósforos Publicitarios, S.A., “las que, en razón de maquinaria, capacidad de producción y tiempo de entrega, resultaron ser las más calificadas”, aseguró. La Litografía ZADIK imprimió las 2 millones 800 mil boletas de los candidatos a la Presidencia de la República.
Superado el problema de la falta de papel seguridad, el TSE comenzó a integrar las primeras 15 Juntas Electorales Departamentales. El 1 de agosto se integró la del Distrito Metropolitano con Mario Coll Solares, Roberto Stein Liebes, Gabriel Biguria Ortega y Gonzalo Barillas Flores y la del departamento de Guatemala con Roberto Colmenares Arandi, Gabriel Medrano Valenzuela, Edgar Antonio Molina Flamenco y Ernesto José Viteri Arriola.
En esa fecha también quedaron conformadas las de Alta Verapaz, Quiché, Sololá y Chimaltenango. El 8 de agosto se integraron las de Huehuetenango y Sacatepéquez.
Asimismo, arrancó un programa de capacitación, dirigido a los integrantes de las más de 5 000 Juntas Receptoras de Votos, organizado por el Centro de Adiestramiento y Promoción Electoral (CAPEL), con sede en San José, Costa Rica, dirigido por el abogado guatemalteco, Jorge Mario García Laguardia.
En la recta final
En octubre de 1985, Guatemala continuaba en guerra. Había escasez de combustible, pero pese a ello se distribuyeron las mesas electorales, sillas y otros mobiliarios en los municipios del país. En tanto, el centro de cómputo del TSE imprimía los 5 142 tomos que contienen los padrones electorales. Las mesas de votaciones fueron instaladas en las cabeceras municipales por motivos de seguridad y facilitar así la vigilancia de los comicios. En otros procesos electorales se habían habilitado mesas electorales en fincas, aldeas, caseríos y asentamientos, lo cual no sucedió esta vez.
El 3 de noviembre, arrancaron las primeras elecciones de la época democrática del país, con temor y esperanza. La mayoría de guatemaltecos votó por la mañana y evitaban comentar por el candidato de su preferencia. “El voto es secreto”, decían los adultos a los niños cuando les preguntaban por quién habían votado.
En estas votaciones el TSE impulsó el “Programa de Correo Propio” en más 200 municipios, con el fin de fiscalizar los datos enviados por telégrafo y vía telefónica con la información certificada y autenticada de las mesas electorales y Juntas Municipales. Este programa acusó correlación de resultados, el 4 de noviembre.
Sin embargo, hubo una denuncia contra los resultados electorales a los siete días de las elecciones. El 8 de noviembre, Mario Sandoval Alarcón, presidenciable por el anticomunista Movimiento de Liberación Nacional denunció en la sede del TSE que se había cometido fraude “mediante un sofisticado proceso de computación”. El Tribunal solicitó a Sandoval que ratificara la denuncia, porque le resultaba increíble dicho señalamiento. Cuando el político ratificó la denuncia agregó que también se había alterado el padrón electoral al suprimir a miembros de su partido político por nombres de personas inexistentes.
El TSE respondió que las impugnaciones contra los resultados de las mesas electorales se tenían que plantear como organización política y no a título personal. Negándole a Sandoval la solicitud de revisar el padrón electoral que en esa fecha contaba con más de 3 millones de guatemaltecos empadronados.
El 11 de noviembre, el TSE informó que se habían eliminado 40 000 nombres duplicados del padrón. “A raíz de las elecciones de Asamblea Constituyente, se sospechó que una cantidad de ciudadanos se habían empadronado más de una vez, haciendo uso de varios ejemplares de su cédula de vecindad, obtenidos mediante el procedimiento de reposición que autoriza la ley”, se indicó en un comunicado de prensa.
“Programadas las computadoras del Tribunal para detectar dicha maniobra, se averiguó específicamente qué ciudadanos se encontraban en tal situación, por lo que se dispuso que se les dejara vigente sólo su primera inscripción y se les cancelaran las ulteriores. Es obvio que ni las computadoras ni el personal encargado de ellas podían saber cuál era la filiación política de tales ciudadanos, por lo que resulta absurdo suponer que se tratara de una discriminación contra partido determinado”, se agregó en el documento.
“Si alguna organización los reclama como propios, cabe suponer de su parte una acción concertada para multiplicar votos que fue frustrada por la oportuna disposición del TSE. En todo caso, la cifra arriba indicada representa menos del 2 por ciento del caudal electoral y aun agregándole al número de votos obtenidos por el candidato reclamante (Sandoval), su posición no podría alcanzar el deseado segundo lugar”, se añadió.
El 12 de noviembre, el TSE emitió un nuevo comunicado de prensa explicando el proceso utilizado para transmitir los resultados de las votaciones desde los municipios al centro de cómputo que se instaló en un hotel capitalino.
“En Guatemala, como bien lo sabe cualquier estudiante de primaria, las elecciones se hacen por el sistema de boletas que el ciudadano marca con un crayón. El escrutinio se realiza en cada mesa electoral sin auxilio de computadoras, las cuales funcionan para el solo efecto de sumar cantidades a gran velocidad y adelantar provisionalmente los resultados a nivel departamental y de República”, se mencionó.
“Las informaciones del interior del país, que alimentan las computadoras, son transmitidas por telégrafo y se consideran como de carácter provisional, sujetas a la confirmación documental de las actas levantadas en cada mesa y en cada Junta Departamental, integradas por ciudadanos de notoria honorabilidad. De tal manera que si la información telegráfica procesada por las computadoras faltare a la verdad, al recibirse los resultados documentales debidamente revisados, aquella inexactitud quedaría de manifiesto y sería inmediatamente rectificada”, se afirmó.
“Para evitar semejante ocurrencia y las consiguientes especulaciones, el TSE implementó en estas elecciones un tercer sistema de control, que se designó “Correo Propio”, mediante el cual cada Junta Electoral Municipal, que pudo hacerlo, remitió y entregó al Tribunal, precisamente al día siguiente de las elecciones, certificaciones auténticas de los resultados electorales del municipio, los cuales coincidieron con los telegráficos alimentados a las computadoras. En esta forma y posteriormente, al recibirse la documentación departamental debidamente revisada, se constató la exactitud de los resultados electorales provisionales y la ética profesional de los telegrafistas que los transmitieron”, se informó.
La segunda vuelta, de elecciones a la Presidencia arrancó a las 7 horas, el 8 de diciembre. Millones de guatemaltecos acudieron a las urnas ese día y poco antes de la media noche, se contaba con resultados provisionales del 50 por ciento de las mesas electorales.
El porcentaje de votos era categórico y daba la victoria a Vinicio Cerezo, candidato de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). A las 23 horas, Jorga Carpio Nicolle, presidenciable por la Unión del Cambio Nacional (UCN) reconocía el triunfo de Cerezo y lo felicitaba por el resultado de las votaciones. Ese día se emitieron 2 millones 755 mil 590 votos, de los cuales se anularon 146 091. Las boletas que no se utilizaron superaron las 800 000.
Los departamentos que más votaron por presidente y diputados del Listado Nacional fueron: Guatemala (774 256); San Marcos (186 320); Quetzaltenango (166 240); Huehuetenango (163 803), Escuintla (158 064), Suchitepéquez, (115 666); Quiché (114 495, Jutiapa (112 739), Chimaltenango (106 424) y Alta Verapaz (103 820).
“El hecho de que los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente transcurrieran sin ninguna perturbación, interferencia o presión indebida, nos generó la confianza en que las primeras elecciones generales se llevarían a cabo en un clima de respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, con una sana competencia entre los contendientes”, comentó Soberanis.
“Ese 8 de diciembre, los guatemaltecos vivieron una verdadera fiesta cívica, con una participación electoral cercana al 80 por ciento, tanto en las elecciones a la Asamblea Constituyente como en esas primeras votaciones generales”, agregó.
Sin embargo, cuando trascendió la noticia del triunfo de la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) en la elección a la Presidencia, para Soberanis se trató de la culminación de 40 años de lucha de ese partido político, fundado en 1955,
“Tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sentí dolor por el hecho de que más de 500 líderes y militantes de la Democracia Cristiana no llegaron a vivir el logro de esa primera meta de acceso al poder, por haber sido asesinados o desaparecidos a causa de la represión estatal. Por el otro, sentía, la emoción y la legítima satisfacción de que el pueblo nos estuviese dando la oportunidad de servirle en esa primera etapa de la era democrática”, comentó.
Algunas remembranzas
Cabrera Hidalgo reconoció que en las elecciones generales de 1985, la edad de uno de los candidatos presidenciables pudo haberlo dejado fuera de dicha contienda electoral. “Según la Constitución de la República son 40 años cumplidos y uno, tenía 39 años cuando se inscribió en el TSE. Cumplía los 40 años entre la primera vuelta y el 14 de enero de 1986. Buscaba que lo rechazaran, pero don Arturo lo inscribió. Lo cual evitó un desgaste que nos pudo haber afectado”, agregó.
Asimismo, dijo que uno de los requisitos a cumplir por los partidos políticos era de contar con al menos 4 000 afiliados. “Peralta Azurdia quería que fueran 50 000 afiliados. En esa época, por supuesto que todos eran falsos. La Democracia Cristiana no tenía recursos para conseguir esa cantidad de firmas. Se redujo el número de afiliados, porque lo importante era el reconocimiento de un pueblo que vota por un partido político”, afirmó. En sus últimos años, como agrupación política, la DCG llegó a contar con más de 90 000 afiliados.
De acuerdo con Cabrera Hidalgo, los resultados de las elecciones generales de 1985, les eran previsibles. “En 1974, nos sacudió y afectó el fraude electoral (Ríos Montt había ganado la Presidencia). En el imaginario nacional éramos triunfadores, pero también víctimas. Teníamos una fuerza importante. Con Ríos Montt visitamos los 300 municipios. Con las elecciones de 1984 y 1985 hicimos campaña con más gusto”, añadió.
Además contaban con un importante grupo de investigadores que medía la temperatura de los comicios por medio de encuestas de opinión. “Jorge Carpio tenía mucha simpatía, su partido político aglutinaba a personas de todo tipo de ideología y gama de pensamientos. No tenía una identidad ideológica sino sumaba personalidades. Tenía una campaña excelente”, mencionó.
“Estados Unidos lo apoyaba y lo nombró como el Cambio en Guatemala al estilo español. Carpio era el ungido pero unas elecciones no las gana EE.UU., sino los campesinos, los trabajadores, los obreros. En julio de 1985, lo pasamos en las encuestas. Los resultados de las elecciones de 1985 son los más abultados de la historia”, afirmó.
Una historia agitada
Desde 1983, ha sido agitada la historia del TSE. Con el “Serranazo”, Arturo Herbruger, electo presidente de la Segunda Magistratura para el periodo 1989-1996, se vio obligado renunciar al cargo el 5 de junio de 1993, después de que el pleno de diputados del Congreso, lo eligiera como vicepresidente, del nuevo presidente del país, Ramiro de León Carpio. Herbruger ocupó ese cargo hasta el 14 de enero de 1996. Falleció tres años después.
Esa magistratura estaba integrada por: Herbruger; Manuel Ruano Mejía, vocal I; Fernando Bonilla Martínez, vocal II; Mario Roberto Guerra Roldán, vocal III y Gabriel Antonio Medrano Valenzuela, vocal IV.
La presidencia del TSE la ocupó entonces el magistrado Ruano, pero falleció a los pocos meses. Asumió el cargo el magistrado Bonilla, quien murió en 1994. Fue el magistrado Guerra Roldán quien concluyó el periodo.
Años más tarde se promovieron reformas a la ley Electoral y de Partidos Políticos y se modificó el artículo 123 que otorgaba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la potestad de elegir de una nómina a los magistrados del TSE. En las reformas vigentes desde el 26 de mayo de 2004 se estableció que esta responsabilidad recaería en la mayoría calificada del pleno de diputados del Congreso de la República. Se aprobó que el TSE se integraría con candidatos de una nómina de 20 candidatos. Los magistrados se elegirían con el voto favorable de las dos terceras partes del pleno de diputados. Se mantuvo el proceso mediante una Comisión de Postulación y el periodo de seis años.
Persecución judicial por el proceso electoral de 2023
La Séptima Magistratura, integrada por los magistrados: Mynor Custodio Franco Flores, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana, Blanca Odilia Alfaro Guerra; y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, electa para el periodo 2020-2026, ha sido blanco de persecución judicial y críticas al excluir candidaturas de la contienda que le dio el triunfo de Bernardo Arévalo, en las Elecciones Generales de 2023.
Con el Ministerio Público (MP) como antagonista, la historia del TSE de los últimos años recuerda los tiempos oscuros del país. Los allanamientos judiciales en las bodegas que protegían las urnas electorales; el secuestro de documentos electorales y el acoso judicial a los magistrados ha generado un Gobierno débil, que incluso perdió el partido político que los postuló.
En las últimas semanas, los cinco magistrados titulares regresaron a sus cargos, a la espera de completar el periodo y juramenta a la nueva Magistratura cuyo proceso de elección está en manos de Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) un personaje aliado al “Pacto de Corruptos”.
¿Será entonces el fin de la historia de un TSE vigilante y celoso de todo lo relacionado a las elecciones en el país o se sacarán fuerzas de flaqueza para enfrentar el embate judicial y con templanza defender el sistema de elecciones que ha valido a Guatemala el regreso a la democracia? Lo sabremos en unos meses.
