Postuladora analizará casi 200 expedientes de candidatos a magistrados del TSE

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Créditos: Estuardo de Paz

La fase de recepción de expedientes para aspirantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegó a su fin. La Comisión Postuladora ahora evaluará los méritos profesionales, éticos y de idoneidad, tras constatar que todos cumplieron los requisitos formales de la convocatoria.

Por Alexander Valdéz 

La Comisión Postuladora del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cerró la fase de recepción de expedientes con 181 aspirantes, que ahora pasarán a una fase de evaluación de méritos profesionales, éticos y de idoneidad. En esta primera etapa únicamente se verificó el cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la convocatoria.

Según el registro oficial, los expedientes que fueron recibidos no representa una valoración del perfil profesional, sino únicamente la constatación de que la documentación fue presentada conforme a lo requerido. Al cierre de la convocatoria la Comisión de Postulación empezará con la fase de revisión de expedientes y valoraciones de los candidatos para finalizar con una lista de 20 nombres que deberán trasladar al Congreso.

En la lista de aspirantes figuran magistrados actuales y exmagistrados electorales, directores de área del TSE, jueces, exjueces, exmagistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, exdirectores legislativos, exdiputados y exdiputadas, una expresidenta del Congreso, el actual jefe de la Procuradoría de los Derechos Humanos; y varios personajes vinculados a grupos políticos y casos de corrupción.

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Actores señalados 

Entre los aspirantes que continúan en el proceso también figuran perfiles que han sido señalados en casos de corrupción, así como funcionarios del sector justicia que arrastran antecedentes de cuestionamientos públicos y sanciones internacionales. 

Estas postulaciones han generado preocupación en distintos sectores, que advierten sobre el riesgo de que personas con esos historiales puedan incidir en la integración del Tribunal Supremo Electoral. “Alejandro Córdova: alfil de la alianza antidemocrática y proimpunidad. Ha causado un grave daño a la institución del PDH, por impedir que esta vele por la vigencia de los DDHH. También es responsable de participar en la denegación de derechos civiles y políticos”, escribió el Movimiento ProJusticia sobre la postulación del procurador de Derechos Humanos, Alejandro Córdova. 

En la lista de perfiles señalados por organizaciones de sociedad civil no solo figura el actual procurador, sino también el exjuez Lester Castellanos, sancionado por Estados Unidos y señalado por su papel en la criminalización de la exfiscal Virginia Laparra. A este grupo se suma el exmagistrado Estuardo Castellanos, expresidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, a quien se le atribuye haber promovido acciones de persecución contra la exjueza Erika Aifán. 

Dos vinculados a la  Municipalidad de Guatemala; Jonathan Esaú Méndez y Francisco Quezada. Méndez se ha desempeñado como abogado de la Municipalidad de Guatemala y director del Central de Mayoreo (CENMA). Quezada que ha ejercido como abogado de la Municipalidad de Guatemala. 

El presidente del TSE, Gabriel Aguilera, busca su reelección y presentó su papelería para continuar como magistrado. Aguilera, ministro de trabajo durante  el gobierno de Jimmy Morales y quien enfrentó señalamientos por la exclusión de candidatos previo a la elección en 2023. Sin embargo,  se le reconoce por defender los resultados de esa elección que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Actualmente está procesado en el “caso TREP”. A él se suma Irma Palencia,  la actual magistrada quien también busca su reelección. 

También aparece José Alberto Godínez Rodríguez, director del centro universitario de la USAC en Sacatepéquez, y hermano de Juan Carlos, aliado de Walter Mazariegos y quien cuenta con sanciones internacionales por corrupción. La misma situación para el magistrado de Sala, Juan Carlos Bolaños Mejía, vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020.

El exdiputado Fernando Linares Beltranena, también busca ser magistrado electoral,  presentó recientemente un amparo para anular las elecciones en el Colegio de Abogados para designar a su representación ante la postuladora del TSE, por considerar “ilegal” la participación de ciencias afines en ese proceso. 

Fue uno de los cuatro diputados que, en 2017, contrató un servicio de Lobby en EE.UU. en contra de embajador Todd Robinson y la CICIG; ponente de un proyecto de reforma a la Ley de Reconciliación Nacional para absolver a militares acusados de crímenes de guerra y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984.

José Enrique Urrutia, vinculado a la Fundación contra el Terrorismo, es otro de los aspirantes a una magistratura electoral.

También Carlos Alberto Solórzano Rivera, vinculado  a implicados en casos de corrupción como Gustavo Alejos, según tachas presentadas en su contra en procesos anteriores.  

Por último, entre los postulantes también figuran magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral. Así como trabajadores que actualmente laboran dentro de la propia institución. Entre ellos, Mario Alexander Velásquez, secretario del TSE, el magistrado suplente Marlon  Barahona, entre otros. 

El proceso continúa 

Tras concluir la recepción de papelería, la Postuladora avanzará a la etapa de evaluación de méritos, la semana pasada aprobó una valoración integral basada en méritos académicos, trayectoria profesional y proyección humana, con el fin de establecer criterios objetivos y comparables entre los candidatos. 

En este esquema, la postuladora asignará 35 puntos al rubro académico, 55 a los méritos profesionales y 10 a la proyección humana de quienes aspiran a integrar la magistratura electoral.

La Comisión de Postulación tiene que integrar una nómina de 20 personas para optar a las magistraturas del TSE. Esta lista será remitida al Congreso de la República, que deberá elegir, con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados, a cinco magistrados titulares y cinco suplentes para el período 2026–2032.

El proceso debe concluir antes de marzo de 2026, cuando vence el mandato de los actuales magistrados, a fin de garantizar la continuidad del máximo órgano electoral del país.

Los expedientes recibidos de domingo a martes:

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