Por Miguel Ángel Sandoval
Esta es la novedad del anuncio que hizo el presidente Arévalo este domingo por la tarde-noche. Como no recuerdo en mi trayectoria como analista o militante de años, es la primera ocasión que un estado de sitio cuenta con aval social, con respaldo ciudadano. Tanto el hartazgo ante las muestras de corrupción y el nivel de descomposición de los organismos de justicia, iniciando con el Ministerio Público.
En esta ocasión, a diferencia de las anteriores, por otras razones y motivos, el estado de sitio decretado no ha sido en contra de la sociedad guatemalteca, para recortar derechos ciudadanos básicos, o en contra de sectores políticos de oposición. Ahora es en contra de sicarios y pandillas que operan en favor de la corrupción o, como se señala adelante, en contra de la barbarie.
No es un dato menor, aunque sí se puede afirmar que difícilmente un estado de excepción puede resolver problemas estructurales de fondo. Por ello es una medida coyuntural. Ahora bien, la cuestión de las pandillas es algo que se discute desde hace muchos años. Pero el debate inicial las ubicaba como un problema social, ahora estamos ante una de las muchas expresiones del crimen organizado y con vinculación internacional.
La situación generada por la acción de sicarios en contra de policías nacionales es la gota que rebalsó el vaso. Es la expresión que de alguna manera está contenida en la afirmación que hace un buen tiempo planteo para la defensa del Estado de derecho, las garantías constitucionales, o lo que es lo mismo, reglas iguales para todos. Y lo hago con la disyuntiva entre democracia o barbarie.
Es precisamente esto lo que se coloca ante todo el país. Dicho en otras palabras, es el momento de recuperar la política, las reglas y normas claras de la democracia real, o caemos en el abismo de la barbarie. Ya no será la lucha entre diferentes corrientes de pensamiento, de diversas propuestas políticas, sino que será entre bandas de sicarios que terminarán por destruir lo que hay de democracia en nuestro país. El desafío es grave.
Los hechos ocurridos el domingo 18 de enero son realmente delicados. Fueron unos 12 atentados -acciones armadas- contra policías, coordinados, con dirección única, brutales, cometidos por sicarios. Y me temo que esto aún no haya terminado. Los corruptos y sus sicarios, en una mezcolanza que da miedo solo pensarla, y en obediencia a sectores del Pacto de corruptos, atentaron en contra de la democracia guatemalteca, en contra del gobierno democrático de Arévalo y en contra de todo lo que signifique principios democráticos, normas de convivencia, unidad nacional.
¿Con qué objetivos? ¿en nombre de qué? Con el objetivo de mantener la corrupción y la impunidad. Y son los sicarios armados con armas robadas al ejército para atender las órdenes de los delincuentes de cuello blanco. O para defender al Pacto de corruptos. La gente con alguna información sabe el fondo o lo intuye y esa es la razón de apoyar la declaración del estado de sitio. Es en verdad de ingrata recordación, pero en la actualidad, lo han visto como la única forma de iniciar el control de esa violencia desbordada, sin sentido y con claros objetivos de impunidad y corrupción.
Con la decisión tomada por el gobierno de Arévalo de poner un alto a la corrupción, la impunidad y las amenazas transformadas en ataques de sicarios, queda la impresión de que viene una segunda oportunidad de impulsar la agenda de cambios en el país. En este caso, dando inicio a una profunda transformación en el sistema de seguridad nacional. Es algo cuya urgencia se conoce desde hace años. No me detengo en temas sociales, políticos, económicos, internacionales o culturales, pues eso ya lo he abordado en otras notas.
Toda persona que haya tenido algo de interés en las cuestiones de seguridad, iniciando con el sistema penitenciario, sabe que en esa estructura reina la corrupción, no de ahora, sino de hace años. De la misma forma, se sabe que la Policía Nacional Civil, que tiene origen en los Acuerdos de Paz, ha sido durante mucho tiempo abandonada, desfinanciada, que por momentos ha perdido el norte, y es ahora que debe reencontrarse con los objetivos para los que fue construida luego de un arduo proceso.
Pero el sistema penitenciario que está en la base de esta minicrisis de Estado, es apenas la punta del iceberg. Existe un nivel mayor de complejidad representado por el crimen organizado de carácter supranacional. Adicionalmente, por acumulación de omisiones durante años, hay la necesidad de revisar a fondo la cartera de Gobernación, que es señalada por diversas fuentes y analistas como un lugar en donde muchos corruptos han sentado sus reales y se mantienen no por capacidades, sino por influencias como personajes inamovibles. Son los hechos y las denuncias se acumulan.
Otro tanto ocurre con el Consejo de Seguridad Nacional, que debería ser la pieza clave en el manejo de los temas de seguridad del país y fungir como el verdadero asesor del ramo para la Presidencia de la República. Es un tema que se vislumbraba desde la firma de los Acuerdos de Paz y, precisamente por ello, en situaciones como la actual uno tiene la tendencia a plantear que esa es una de las razones para demandar que se cumplan con los acuerdos y su espíritu, lo cual es parte de los esfuerzos que deberían ver la luz, especialmente ahora que se habla de conmemorar por lo alto los 30 años de la firma de la paz.
Lo cierto del caso es que esta crisis, con su cuota de dolor, especialmente para las familias de los policías, nos debe servir para pensar con más detenimiento en el país, en todo lo que representa la corrupción y la impunidad y hasta dónde pueden llegar. No se trata de pequeños debates sobre los corruptos sino de la sobrevivencia del país que habitamos y que queremos transformar. Por eso mismo, ahora la población espera resultados y hechos concretos. La sola declaración de estado de sitio es insuficiente. No alcanza a llenar las urgencias de resultados.
