La designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte del Consejo Superior Universitario de la USAC se desarrollará en medio de impugnaciones legales, señalamientos de cooptación institucional y conflicto de intereses. Diversos recursos sostienen que Walter Mazariegos ha bloqueado la renovación del CSU para llegar a este proceso clave con un órgano controlado, capaz de garantizarle protección e impunidad frente a las ilegalidades que marcaron su llegada y permanencia en la Rectoría.
Por Prensa Comunitaria
La convocatoria aprobada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala el 26 de enero para designar magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad fue impugnada mediante dos acciones de amparo presentadas ante el Organismo Judicial. Los recursos cuestionan la legalidad del proceso al señalar que el CSU carece de legitimidad para realizar una designación de rango constitucional debido a que la mayoría de sus integrantes tienen los cargos vencidos.
De acuerdo con los recursos presentados, Walter Mazariegos ha bloqueado de manera sistemática la renovación del Consejo Superior Universitario, permitiendo que 28 cargos permanezcan vencidos y que uno continúe vacante. Esta situación, según una fuente cercana al CSU que habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato, no es fortuita, sino una decisión deliberada para mantener un Consejo alineado a la Rectoría en un momento clave como la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, una instancia que debe resolver conflictos legales y constitucionales que involucran directamente a la USAC y a sus autoridades.
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La fuente añadió que existe un fuerte conflicto de intereses en torno a los recursos de amparo, si estos llegan a ser resueltos por la CC, ya que el CSU cuenta actualmente con el magistrado Pérez Aguilera como su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Además, dijo que en círculos internos se comenta que Mazariegos podría respaldar una eventual reelección de Leila Lemus como magistrada. A ello se suma, según la misma fuente, la relación conocida de Mazariegos con la fiscal general Consuelo Porras y con personas cercanas a Nester Vásquez, vínculos que habrían sido utilizados para negociar protección e impunidad frente a los señalamientos en su contra.
Argumentos de los recursos planteados
Las impugnaciones presentadas ante el Organismo Judicial argumentan que un CSU, integrado mayoritariamente por representantes con mandatos vencidos, carece de legitimidad para realizar una designación de rango constitucional. Entre quienes han promovido estas acciones está el abogado Javier Monterroso, que solicitó la suspensión de la convocatoria al considerar que el Consejo actúa sin base legal, pues 23 de sus miembros no están vigentes, aunque en realidad son 29 los cargos sin vigencia. Otro amparo fue presentado por el diputado oficialista David Illescas que cuestiona la integración del CSU y también la forma irregular en que se aprobó la convocatoria, señalando que la sesión fue notificada a los consejeros por mensajería privada y que la sesión se realizó fuera de las instalaciones universitarias.
Los beneficios que busca Mazariegos al no renovar al CSU
Mantener un CSU sin renovación permite a Mazariegos pagar favores, comprar voluntades y asegurar votos alineados a sus intereses, especialmente en procesos que tienen impacto directo en su permanencia en el poder. En este contexto, la elección de magistrados ante la Corte de Constitucionalidad es vista como una pieza clave para blindar legalmente los actos que le permitieron hacerse de la Rectoría mediante un proceso fraudulento, así como las decisiones y acciones adoptadas desde que se impuso en el cargo de rector.
Alertan sobre la falta de legalidad del CSU
Las alertas no se limitan a los recursos legales. El Panel de Personas Expertas Independientes (PEI-GT) advirtió que el proceso impulsado por el CSU de la USAC presenta graves irregularidades que ponen en riesgo la legalidad y legitimidad de la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La organización dijo que la falta de renovación de autoridades, la permanencia de mandatos vencidos y el control prolongado del órgano universitario vulneran los principios de independencia judicial y debilitan la credibilidad de una elección que debería apegarse estrictamente a la ley y a estándares internacionales.
La irregularidad del proceso también fue señalada por el gobierno de Estados Unidos en 2023 cuando incluyó a Mazariegos en la Lista Engel por ser un actor antidemocrático al “desvirtuar procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de recto tras un proceso de elección fraudulento”.
El CSU avanza con el cronograma del proceso. La recepción de papelería para quienes aspiren a ser considerados como candidatos está prevista para los días 5 y 6 de febrero de 2026, mientras que la elección del magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad fue programada para el 16 de febrero pero sin dar a conocer hora ni lugar. Estas fechas se desarrollan en medio de una disputa legal que busca frenar una designación considerada estratégica para garantizar protección política y judicial a una rectoría señalada de ilegalidades cometidas desde que Walter Mazariegos asumió el control de la Universidad de San Carlos.
