Un grupo de organizaciones de derechos humanos, medios independientes y movimientos sociales de todo el continente advirtió sobre el avance acelerado de prácticas autoritarias, el debilitamiento del sistema judicial y el silenciamiento de voces críticas.
Por Alexander Valdéz
Las organizaciones de derechos humanos, medios independientes y movimientos sociales de América publicaron un comunicado conjunto tras el encuentro continental sobre el cierre del espacio cívico.
En el documento expresan su profunda preocupación por lo que consideran el nuevo auge de prácticas autoritarias y el acelerado cierre del espacio cívico en las Américas y advierten que estas tendencias buscan reducir el costo político de violar derechos fundamentales. Señalan que la agresión y criminalización contra quienes defienden los derechos humanos, así como contra la prensa independiente, se ha vuelto una práctica extendida.
El pronunciamiento menciona que diversos Estados del continente están intensificando medidas autoritarias para concentrar poder, incluso mediante la restricción arbitraria de derechos, el debilitamiento del sistema judicial y el silenciamiento de voces críticas. También alertan sobre la militarización de la seguridad pública, el uso abusivo de estados de excepción y el avance de actividades extractivas que vulneran a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Las organizaciones firmantes reconocen que esta proliferación de normativas restrictivas amenaza la existencia misma de la sociedad civil y ha derivado en criminalización injusta, desplazamientos forzados y exilios. “Las normativas y prácticas autoritarias han llevado a la criminalización injusta, el desplazamiento forzado interno, la cárcel y el exilio de personas defensoras”, advierten, subrayando que incluso países que antes mantenían espacios cívicos abiertos enfrentan ahora un deterioro marcado.
En su llamado a la acción, los colectivos enfatizan la urgencia de fortalecer alianzas regionales y replantear estrategias de defensa de derechos humanos frente a un entorno cambiante. El pronunciamiento fue firmado por Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de México, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y Contracorriente de Honduras, Prensa Comunitaria y organizaciones globales como People in Need, conformando una voz regional diversa que alerta sobre el avance de prácticas autoritarias en las Américas.
Situación de Guatemala
Este pronunciamiento que incluye a Guatemala guarda relación con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la visita in loco realizada a Guatemala entre el 22 y 26 de julio de 2024. El documento recoge las observaciones del organismo, que advierte que el país enfrenta una profunda crisis institucional que pone en riesgo la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho.
El mismo fue presentado el lunes recién pasado, y según la vicepresidenta de la CIDH y relatora para Guatemala, Andrea Pochack, parte de esta crisis se origina en las acciones y decisiones de altas autoridades desde 2017, así como en el desmantelamiento de los avances alcanzados con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo que llevó a que Guatemala fuera incluida en el capítulo IV.B de al menos tres informes recientes sobre la situación de derechos humanos.
Durante su visita, la Comisión constató de primera mano “el grave deterioro del sistema de justicia y, con ello, la erosión del sistema de pesos y contrapesos del Estado”, un fenómeno que ya había sido advertido en los informes anuales de 2021, 2022 y 2023. El equipo también observó que el Organismo Judicial y el Congreso mantienen dinámicas que limitan las decisiones del Ejecutivo encabezado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
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