El periodista y comunicador comunitario Jorge Agustín Zapeta Aguilar, de 56 años, fue hallado sin vida el martes 16 de diciembre de 2025 en una zona rural del municipio de San Pablo Jocopilas, en el departamento de Suchitepéquez, en la costa sur del Pacífico guatemalteco a unos 214 kilómetros de la ciudad capital. Suman tres los periodistas guatemaltecos asesinados durante 2025.
Por Derik Mazariegos
El hecho ha generado preocupación en el gremio periodístico y entre organizaciones defensoras de derechos humanos al tratarse de un comunicador con trabajo activo a nivel comunitario.
El cuerpo de Zapeta fue localizado en el sector conocido como El Aguacatal, un área agrícola del municipio. El comunicador había sido reportado como desaparecido desde el lunes 15 de diciembre, según confirmaron familiares y colegas.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) para procesar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en el chat de prensa, la causa de muerte fue determinada como trauma cerrado de tórax. El informe forense detalla que Zapeta presentaba una lesión torácica causada por fuerza de impacto, sin perforación de la piel, lo que indica que el daño fue provocado por golpes contundentes. Socorristas y autoridades que acudieron al lugar confirmaron que el cuerpo presentaba lesiones visibles, información que ahora forma parte del proceso investigativo.
Jorge Agustín Zapeta Aguilar era periodista, comunicador y docente, originario de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez. Su labor periodística se desarrolló principalmente fuera de la capital, en la provincia y en municipios del sur del país, donde el acceso a información local depende en gran medida de esfuerzos comunitarios y medios independientes.
Investigación en curso con enfoque de derechos humanos
Fiscales del Ministerio Público acudieron al lugar donde fue hallado el cuerpo del periodista y procesaron la escena en busca de evidencias, según constan en reportes de medios que citan la presencia de la institución en las diligencias investigativas. Hasta el momento, no se ha difundido un comunicado oficial del MP con una hipótesis confirmada sobre las circunstancias que rodearon el asesinato.
Familiares y colegas han manifestado que Zapeta habría recibido amenazas en semanas previas a su desaparición, un extremo que deberá ser corroborado dentro del proceso investigativo, ya que ninguna autoridad lo ha confirmado oficialmente hasta el momento.
Exigen investigación pronta
La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado en el que condenó y repudió el asesinato del periodista y asociado Jorge Agustín Zapeta Aguilar, y exigió que las autoridades realicen una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que los comunicadores comunitarios enfrentan mayores niveles de riesgo, al desarrollar su labor en contextos locales donde confluyen conflictos sociales, debilidad institucional y altos niveles de impunidad, lo que impacta directamente en el derecho de las comunidades a estar informadas.
En marzo de 2025 fue asesinado en la ciudad de Quetzaltenango, el periodista Ismael Alonzo González, de este hecho Reporteros Sin Fronteras (RSF) demandó que sea investigado su asesinato. Con la muerte de Zapeta sería el tercer periodista asesinado en 2025 en Guatemala. En mayo de este año fue asesinado Cristian Martínez Trejo, en un asalto en la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Informar como acto de esperanza
El asesinato de Jorge Agustín Zapeta se suma a otros hechos de violencia contra periodistas registrados en Guatemala en los últimos años. Sin embargo, también vuelve a colocar en el centro la importancia de defender la comunicación comunitaria y el periodismo como un pilar democrático, especialmente en territorios donde informar es, muchas veces, una de las pocas formas de ejercer ciudadanía y fortalecer el tejido social.
Colegas y organizaciones han reiterado que callar a un comunicador no debe traducirse en silencio colectivo, sino en el compromiso de seguir exigiendo verdad, justicia y garantías, para que el derecho a informar y el derecho de las comunidades a estar informadas puedan ejercerse sin miedo.
