(Primera parte)
Por Lazaro Konforti*
El 31 de julio de este año, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) dio el inusual paso de cancelar diez licencias mineras en la región de la Sierra Santa Cruz, Izabal, alegando irregularidades y documentación faltante. Para las 54 comunidades q’eqchi’ que se habían movilizado en contra de la minería en la Sierra Santa Cruz, la decisión representa un importante paso en la larga y ardua lucha en la defensa de su territorio.
Ahora bien, meses antes, en la misma Sierra Santa Cruz, la comunidad Río Tebernal –asentada en la disputada Finca Jocoló– fue desalojada mediante un operativo policial de gran escala. El desalojo representó un duro golpe a los esfuerzos por recuperar y defender el territorio q’eqchi’.
Estos dos episodios, ocurridos en la misma zona, ilustran dos frentes distintos de la lucha en defensa del territorio en Guatemala. El primero implica resistir la aprobación gubernamental de proyectos, tales como la minería, que amenazan el medio ambiente y el acceso a la tierra, principal fuente de sustento de las comunidades rurales. El segundo es la larga e inconclusa lucha por resolver la injusticia histórica en la tenencia de la tierra, arraigada primero en la Conquista y luego en las reformas liberales del siglo XIX que convirtieron vastas extensiones del territorio en propiedad privada, despojando así a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales.
Para las empresas mineras, estos frentes están íntimamente conectados. Operar una mina requiere más que una concesión legal del Estado; también exige el control de la superficie del terreno, ya sea mediante compra o arrendamiento al propietario formal. Este requisito coloca la propiedad de la tierra en el centro de las operaciones mineras. Aún cuando ocupa un lugar central en las discusiones sobre, por ejemplo, la expansión de las plantaciones agroindustriales, la importancia de tenencia de la tierra, la certeza jurídica y la propiedad privada suele pasarse por alto en las discusiones sobre la minería.
Gracias a documentos filtrados en 2023 por el colectivo hacktivista Guacamaya de los servidores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), que opera una mina en el extremo occidental de la Sierra Santa Cruz, en las afueras de El Estor, podemos entender mejor el papel de la propiedad privada en proyectos mineros y sus peculiaridades en el contexto guatemalteco, donde los pueblos originarios han sido despojados históricamente de sus territorios. Resulta que es sumamente importante que las comunidades rurales tengan certeza jurídica sobre las tierras donde viven, cultivan, cazan, buscan leña, etc. – o sea, sobre sus territorios – para poder detener el avance de las industrias extractivas.
Las tierras de CGN y sus múltiples usos
Hoy en día, “CGN” es, más que una sola entidad, una red de cinco empresas (Figura 1). La primera, CGN propiamente dicha, gestiona las operaciones mineras y posee dos licencias (Figura 2). La planta de procesamiento es operada por PRONICO. Tanto CGN como PRONICO pertenecen a la Fénix Nickel Company, registrada en Estados Unidos y, en última instancia, propiedad de Solway Investment Group – registrada en Suiza pero de capital ruso. Las otras tres empresas del entorno corporativo de CGN son menos conocidas: INVARSA, Bocanueva, y Tampico. Aunque tengan distintas historias, esas tres empresas están de facto bajo el control de CGN y son ellas las dueñas de la mayoría de las propiedades que controla CGN (Tabla 1). CGN también arrienda terrenos, especialmente en el sitio Montúfar, y posee derechos de usufructo sobre terrenos estatales donde construyó una pista de aterrizaje (Figura 3). Por simplicidad, podemos referirnos a este conjunto de empresas como CGN.
El uso más evidente de las tierras de CGN es para infraestructura minera: sitios de extracción, plantas de procesamiento, viviendas para trabajadores y otras instalaciones. Pero sus propiedades cumplen otras funciones adicionales, a veces menos visibles.
En primer lugar, CGN ha utilizado adquisiciones estratégicas de terrenos para controlar rutas de transporte clave. El desvío de Río Dulce –un enlace vital para transportar níquel desde la planta de procesamiento hasta la terminal de exportación en Puerto Barrios– está construido sobre parcelas compradas por la empresa (Figura 4). De manera similar, la carretera IZA-04, que conecta el poblado de Mariscos con la Carretera al Atlántico a través del sitio Montúfar, también se asienta sobre terrenos propiedad de CGN (Figura 5). Aunque son oficialmente carreteras públicas, el terreno subyacente pertenece a CGN, lo que probablemente facilitó su construcción. En un momento dado, la empresa también consideró adquirir un terreno en la orilla oriental del Lago de Izabal para construir una terminal de transporte acuático que permitiera trasladar materiales a través del lago, pero el plan nunca se concretó (Figura 6).
La Finca 1483, Folio 232, libro 15 de Izabal (amarillo) ha sido desmembrada de su finca matriz (morado) para obtener control sobre la ruta. Nota: Los polígonos son una aproximación basada en el documento filtrado “Estudio Catastral de Finca 299.pptx”; no muestran los límites exactos de las propiedades en cuestión. Fuente: Elaboración propia con capas de base de Google Earth.
En segundo lugar, CGN ha designado parte de sus terrenos como Reserva Natural Privada bajo la Ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89, ver Figura 2). Estas reservas están destinadas a conservar bosques dentro de grandes fincas privadas. En la práctica, CGN cercó un área que había sido una fuente de leña, caza y pesca para comunidades q’eqchi’ cercanas. La seguridad de CGN patrulla la zona y la empresa ha criminalizado a miembros de la comunidad Gosen que intentaron recuperar esas tierras.
En tercer lugar, CGN utiliza sus terrenos como moneda de cambio en conflictos con comunidades vecinas (Figura 7). Como sus propiedades extensas no siempre coinciden exactamente con la ubicación de los yacimientos, la empresa posee tierras que no necesita directamente para la minería. En algunos casos, ofrece reubicar comunidades en estas tierras “no esenciales”, arrendándolas y, potencialmente, vendiéndolas en el futuro. Sin embargo, pocos acuerdos se han concretado.
*Lazaro Konforti es un investigador especializado en geografía económica, ecología política y estudios agrarios críticos, con un enfoque en Mesoamérica. Busco poner mis capacidades analíticas, de investigación y de comunicación al servicio de las luchas por la justicia social en defensa de la tierra y el territorio.
