La compañía Coamco consiguió un proyecto de Q206.25 millones, después de ser señalada de financiar la campaña presidencial de Alejandro Giammattei con sobornos. El concurso estuvo plagado de irregularidades.
Por Cristian García
La Contraloría le encontró una raya más al tigre al gobierno del partido Vamos, luego de haber identificado una serie de anomalías en una contratación que la gestión de Alejandro Giammattei concertó con la empresa Coamco.
El acuerdo se suscribió para reparar un tramo de 36.94 kilómetros que une Villa Canales, Amatitlán y Villa Nueva, localidades del departamento de Guatemala. Por estos trabajos en la “vuelta al lago”, la administración anterior decidió pagar Q206.25 millones.
No obstante, la auditoría determinó que este proyecto no se encontraba en el plan anual de compras del Ministerio de Comunicaciones. Es decir que esta institución ni siquiera tenía planificado invertir en esa obra cuando se desarrolló el concurso público en 2022.
El propio Gabriel Jo Lau admitió que esta carretera no estaba incluida en el listado de adquisiciones. Él era el director de Caminos y uno de los funcionarios que impulsó la licitación, la cual se hizo bajo una falsa “priorización” de la ruta.
Para el ente fiscalizador, lo anterior implicó una falta de transparencia, porque no se pudo demostrar la necesidad de ejecutar los trabajos y el documento con el que supuestamente se “priorizaba” su realización nunca fue encontrado.
Aun así, el entonces ministro Javier Maldonado aprobó la negociación. Lo hizo a pesar de que Coamco, la cual es propiedad de Juan Pablo Mansilla, debía ser descalificada del concurso público.
El ente fiscalizador indicó que hubo deficiencias en la oferta de esa entidad mercantil. Por ejemplo, el ingeniero que propuso para dirigir el proyecto no acreditó tener suficiente experiencia para hacerse cargo de una vía con estas dimensiones.
Tampoco estaba acreditada la formación académica de los especialistas de geotecnia e impacto ambiental. El exministro trató de exculparse por estos defectos y aseguró que eran los miembros de la junta de licitación los que tenían que aclarar la situación.
La junta de licitación, por su parte, respaldó su decisión y afirmó que la propuesta de Coamco era la más barata. Eso sí, sugirió que la Contraloría pretendía que se le adjudicara el proyecto a otra constructora de forma ilegal.
Al contrario, parecía que la intención era beneficiar forzosamente a Coamco. Es más, cuando se le encargó el tramo ya se había revelado la declaración del “Testigo A”, quien señaló a Giammattei de recibir un soborno de Q20 millones de dicha empresa.
La dádiva, según el testimonio, financiaría la campaña de 2019 del exgobernante. El objetivo, además, era que se le otorgaran más proyectos a esta compañía y otras entidades mercantiles vinculadas con el exministro José Luis Benito. La investigación ya no tuvo avances.
En tanto que las auditoras ponderaron denunciar las irregularidades identificadas en la contratación de estos trabajos en la “vuelta al lago”. Aunque posteriormente la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Contraloría dijo que era improcedente.
La decisión se tomó pese a que, según el análisis de las auditoras, la constructora supuestamente empleó hasta 32 personas para efectuar los trabajos en la carretera, pero en el Seguro Social solo pagó las cuotas de entre cinco y seis empleados.
Relación
Javier Maldonado, Gabriel Jo Lau y José Rolando Fuentes Handal (otro de los involucrados en las irregularidades del proyecto que conecta Villa Canales, Amatitlán y Villa Nueva) también han estado involucrados en otras actividades irregulares.
Una investigación de Prensa Comunitaria indicó que ellos fueron parte de un esquema con el que se extrajeron irregularmente Q511.39 millones del Estado, por medio de otros 14 proyectos de infraestructura. Una de las empresas vinculadas a ese desfalco es Coamco.
