El mecanismo creado para garantizar la selección de los mejores profesionales en la justicia y la política electoral se ha convertido en un círculo político dominado por intereses particulares y recursos concentrados. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) juega un papel clave en 2026, con incidencia directa en la elección de cargos estratégicos del TSE, la CC y el Ministerio Público.
Por Alexander Valdéz
Lo que nació como un filtro para garantizar que los profesionales con las mejores calidades llegaran a puestos en las instituciones judiciales y electorales terminó convirtiéndose en un círculo político. Hoy, estos procesos buscan ser capturados por actores con recursos, influencia interna e intereses particulares que pesan más que el bien común. Ese es el escenario que rodea al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), una pieza clave donde se deciden mucho más que simples cargos.
¿Por qué importa el CANG? Porque en 2026 convergen cinco procesos de elección clave, y en tres de ellos este Colegio tendrá una participación directa que puede inclinar el rumbo institucional del país. Su incidencia alcanza al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), tres instituciones clave para el funcionamiento de la democracia.
En el TSE, el CANG influye a través de un representante electo en Asamblea General con voz y voto en la comisión de postulación encargada de definir a los aspirantes. En el caso de la CC, elige directamente a un magistrado titular y a un suplente mediante el voto de sus agremiados. Y en la selección de candidatos a Fiscal General, tanto el presidente de la Junta Directiva como el Tribunal de Honor participan con voto, convirtiendo al gremio en un actor decisivo dentro de la comisión.
En conjunto, estas funciones convierten al CANG no solo en un gremio profesional, sino en uno de los espacios donde se disputa el control del sistema de justicia. Adicionalmente, como ocurrió en 2024, el Colegio de Abogados también participa en la selección de listados con candidaturas de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones.
Más allá de los cargos específicos, el poder real está en quién controla esas decisiones. Agrupaciones integradas por actores con antecedentes de señalamientos de corrupción han logrado posicionarse dentro de las instituciones y usar esos espacios para impulsar a perfiles afines, asegurando control en cargos estratégicos del sistema de justicia. Es allí donde el CANG deja de ser una representación de un gremio profesional y se convierte en un espacio de disputa.
Los grupos del CANG
Existen distintos grupos que trabajan desde hace más de una década y otros de reciente conformación, los grupos que presentamos a continuación no son los únicos, son solo algunos de los que han mostrado actividad a nivel nacional y cuyos integrantes incluyen actores con sanciones internacionales por corrupción. En cada proceso el CANG convoca a sus agremiados a votar, los distintos grupos que se disputan esos puestos compiten por planillas y cada una lleva el nombre elegido por los que lo integran. Los que se llevan la mayor publicidad son los candidatos que conforman las planillas pero en la sombra se ubican los personajes que los impulsan.
El grupo liderado por el magistrado Néster Vásquez
La Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA) está liderada por el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, que ha impulsado una intensa campaña para consolidar el apoyo del gremio de abogados y asegurar la mayor cantidad de puestos dentro del sector justicia. Según el informe de 2024 del Movimiento Pro Justicia, esta planilla mantiene vínculos con el llamado “Pacto de Corruptos”, y entre sus principales aliados políticos para aquel momento se encontraba el magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera. Aunque en la actualidad un buen grupo de abogados se separaron del movimiento y se sumaron al de Estuardo Gálvez.
Sin embargo, en los últimos tres meses, la agrupación ha desarrollado diversas actividades públicas y gremiales. Fuentes consultadas por Prensa Comunitaria señalan que su objetivo central es posicionar a Vásquez para asegurar su reelección como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
El grupo del exrector de la USAC
La Plataforma de Profesionales por la Justicia y Unidos por el Derecho han sido las plataformas del exrector de la Universidad de San Carlos (USAC), Estuardo Gálvez, desde 2021, y de sus aliados cercanos. De cara a las elecciones de 2026, el movimiento ha logrado aglutinar a un gran número de abogados en todo el país, muchos de ellos con vínculos con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC y, en esta ocasión, con afinidad hacia la fiscal general Consuelo Porras o Nester Vasquez.
En febrero, el movimiento de Gálvez protagonizó una de las contiendas más reñidas dentro del CANG por controlar la Junta Directiva y el Tribunal de Honor. Gálvez se quedó con la dirección del Tribunal de Honor al lograr 8,871 votos, apenas 171 más que su contrincante, el grupo denominado de abogados independientes Unidad por la Justicia. Mientras que perdió la Junta Directiva contra esa misma planilla por 53 votos.
Recientemente se confirmó que personas vinculadas a Gálvez, Nester Vásquez y Porras; con Avanza, se están sumando al movimiento, con la intención de influir en los procesos de elección del TSE, la CC y la Fiscalía General del MP.
El grupo del “Rey del tenis”
Roberto López Villatoro, conocido como el “Rey del tenis”, regresó al escenario político y gremial tras varios años de bajo perfil. Su retorno con el grupo llamado Unión, Libertad y Justicia, ocurre después de enfrentar un proceso penal por señalamientos en la manipulación de las elecciones de Cortes en 2014, un caso que lo mantuvo alejado temporalmente de los círculos de influencia dentro del gremio.
Esta nueva etapa parece orientarse a recuperar protagonismo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, apoyándose en antiguas estructuras y redes de aliados. No obstante, en la reciente elección de autoridades del Colegio, López Villatoro no logró pasar a la segunda vuelta, evidenciando que, aunque su nombre sigue teniendo peso en ciertos sectores, su capacidad de movilización ya no es la misma de antes.
En paralelo, su influencia familiar se mantiene: su sobrino, Julio César López Escobar, fue elegido como quinto secretario de la Junta Directiva de 2026 en el Congreso.
El grupo de los fiscales
El grupo Avanza ha surgido como una plataforma del gremio de abogados, integrado por fiscales del Ministerio Público y aliados cercanos a la gestión de Consuelo Porras; en su mayoría con señalamientos de corrupción. A ellos se suman figuras vinculadas o antiguos aliados a Gustavo Alejos, Walter Mazariegos y Manuel Baldizón, en una alianza que busca extender su influencia más allá de la Fiscalía. El rostro más visible de esta agrupación es el actual secretario de Política Criminal del MP, Melvin Portillo, quien en alianza con Estuardo Gálvez buscará llegar a ser magistrado suplente de la CC.
El grupo mantiene una presencia activa y desde hace algunas semanas usa la imagen del MP en eventos académicos y actividades gremiales, promoviendo su discurso de “renovación institucional”.
El grupo de Moto
Brújula Gremial es una plataforma encabezada por Mynor Moto. Tras ser beneficiado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la Fiscalía contra la Corrupción, y con la anulación de dos órdenes de captura, busca de nuevo ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. La última vez no pudo asumir. Aunque es juez, en los últimos meses se le ha visto realizando constantes viajes a los departamentos, intentando ganarse el apoyo de los electores dentro del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
El grupo del exasesor de Vamos
La Unidad Gremial de Abogados y Profesionales Afines (UGAP) es una plataforma vinculada al abogado Armando Ajín Pérez y al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Mauricio Corado. Ajín Pérez, exasesor del partido Vamos, que llevó a Alejandro Giammattei a la presidencia, ha encabezado recientemente un convivio cuya invitación hacía referencia a una imitación de Pablo Escobar, el narcotraficante colombiano.
Según fuentes, esta agrupación podría aliarse con la de Néster Vásquez para impulsar la candidatura a la magistratura de la Corte de Constitucionalidad de Ajín.
Unidad por la Justicia
Unidad por la Justicia nació como una alianza de grupos independientes impulsada por abogados como Edgar Ortiz, Gregorio Saavedra, Juan Francisco Solórzano Foppa, Aníbal García, entre otros y, respaldada principalmente por profesionales de áreas afines al CANG, como Ciencia Política, Relaciones Internacionales, Sociología y Criminalística. En 2024, su papel fue clave al conseguir representación en la postuladora de Salas de Apelación y CSJ, convirtiéndose en un bloque de oposición a los grupos tradicionales que históricamente han dominado estos procesos. El hermano de Saavedra es el Procurador General de la Nación nombrado por el gobierno de Bernardo Arévalo.
El grupo continuó y se fortaleció en febrero de este año, al vencer a Gálvez y quedarse con la Junta Directiva del CANG, con apenas 53 votos de diferencia, mientras que en la del Tribunal de Honor perdieron por 197 votos. Con eso aseguraron un puesto en la comisión postuladora para la elección del nuevo o nueva fiscal general. Sin embargo, su estrategia hacia 2026, por ahora, es incierta. El abogado Anibal García, uno de los integrantes, dice que habrá una continuidad a la “alianza democrática” y que en los próximos días anunciarán la propuesta y a eventuales candidatos. Mientras que Saavedra publicó esta semana un comunicado en el cual señalaba que se retiraba de la Unidad Académica del CANG, para conformar junto a otros abogados “una propuesta de inspiración al servicio cívico para las elecciones gremiales de inicio de 2026”.
“Debe haber rendición de cuentas”
El exjuez Carlos Ruano señala que la relevancia del Colegio de Abogados radica en seleccionar perfiles para puestos estratégicos del sistema de justicia y otras instituciones constitucionales, participando directamente en comisiones de postulación de magistrados, fiscales y funcionarios clave.
Ruano crítica la influencia de grupos de poder y redes de corrupción dentro del CANG, que buscan colocar personas afines en cargos estratégicos, debilitando las instituciones. También cuestiona el financiamiento de las campañas gremiales, donde la falta de transparencia y los recursos desiguales afectan la legitimidad de los procesos.
“Por eso se ha cuestionado mucho el financiamiento de las campañas que los grupos gremiales realizan para poder ocupar estos espacios. No hay control, no hay rendición de cuentas, de quién paga los eventos, grupos musicales, renta de helicópteros, abundante comida y bebidas, que esto pervierte el sistema y también coloca en desventaja a otros grupos que no tienen ese tipo de recursos y que no los gastan. Y en una sociedad en la que también los abogados y abogadas dejan de ser críticos y no analizan las circunstancias, y muchos de ellos lamentablemente se dejan llevar por quien les regale una compilación de artículos, quien los invite a eventos, a música, a convivios, y no emiten un voto consciente y comprometidos”, dijo Ruano.
Sin embargo, el exjuez enfatiza que la participación del CANG sigue siendo fundamental para fortalecer la democracia y recuperar la confianza en las instituciones. Destaca que los agremiados tienen la responsabilidad de actuar con integridad, transparencia y criterios claros al elegir a quienes ocupan cargos clave.
Su relevancia en elecciones clave
Jordán Rodas, exvicepresidente del CANG, considera que la presencia del gremio en las comisiones de postulación es legítima porque garantiza una voz en la elección de autoridades del sistema de justicia, pero advierte que ha sido permeado por intereses ajenos a su naturaleza profesional. Según Rodas, la clase política ha intentado instrumentalizarlo para proyectos particulares, citando el caso de Carlos Pineda como muestra de cómo se busca “desestructurar la naturaleza de una visión eminentemente gremial”.
“La representación del Colegio de Abogados y Notarios en las distintas comisiones de postulación tiene su razón de ser. Lamentablemente, al igual que las otras instancias, han sido permeadas con la intención de cooptar con intereses nada relacionados con el gremio. Lo más reciente es la clase política, específicamente Carlos Pineda es un ejemplo de cuando se pretende destruir la naturaleza de una visión eminentemente gremial”, señaló.
Para Rodas, la responsabilidad de frenar esta cooptación recae tanto en los agremiados como en las autoridades del Colegio. Señala que los abogados deben emitir un voto consciente, mientras que la Junta Directiva y el Tribunal de Honor deben ejercer un voto responsable que fortalezca la democracia y el Estado de derecho. Advierte que no pueden sumarse a los sectores que buscan “mantener la cooptación del Estado de Impunidad que ha sido una constante en los últimos tiempos”.
Por esas razones, el CANG se convierte en un jugador clave en el tablero de elecciones de 2026 y será determinante para el rumbo institucional del país. Su participación directa en la integración de comisiones de postulación y en la elección de autoridades del TSE, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público lo convierte en un actor que disputará el control del sistema de justicia.
El desafío para 2026 será si el CANG logra actuar con independencia, transparencia e integridad, o si terminará nuevamente cooptado por los grupos que buscan consolidar su influencia sobre las instituciones clave.
