El desalojo de un Centro de Atención Permanente (CAP) en la aldea Buena Vista, en Cajolá, Quetzaltenango, evidencia la precariedad con la que el personal de salud presta sus servicios, que según denuncian han tenido que pagar la renta de la vivienda donde funcionan el centro desde hace ocho años.
Además, denuncian falta de equipo y medicamentos dificultando el acceso a la salud de la población. Las autoridades niegan el desalojo, aseguran que fue una “reubicación” y que los gastos son cubiertos por el Ministerio de Salud.
Por Prensa Comunitaria
El personal de un Centro de Atención Permanente (CAP), de la aldea Buena Vista de Cajolá fue desalojado del inmueble que había ocupado desde 2017, el pasado cuatro de noviembre. El dueño les solicitó la casa debido a que la demolerá y por la falta de contrato de arrendamiento fijó unos días para desocupar el inmueble.
Este problema muestra que nueve de los 11 puestos de salud en el municipio funcionan en viviendas alquiladas que, según las denuncias, pagan los propios salubristas por un costo estimado de Q500 a Q600 mensualmente.
Los trabajadores denunciaron que actualmente en Cajolá funcionan 11 centros de salud, pero únicamente dos viviendas las paga el Ministerio de Salud y Asistencia Social (MPSAS). Mientras que el alquiler de las otras nueve debe corren por cuenta del personal.
Cajolá es un municipio del área Mam con una población estimada de 22 mil habitantes.
Los salubristas también denunciaron que han tenido que pagar el costo de la energía eléctrica, cuyas facturas van desde los Q100 hasta Q200 mensuales.
Este departamento tiene la séptima producción de consultas nuevas con un estimado de 41 980, según el reporte de la Dirección Departamento de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango (DDRISSQ). Además, ocupa uno de los primeros lugares con casos de desnutrición crónica en el departamento de Quetzaltenango en la población menor a cinco años.
La vivienda donde funcionaba el CAP de Buena Vista contaba con cuatro espacios, una construcción antigua de block pintada de azul y con techo de lámina, un patio amplio con piso de tierra, ubicada a la orilla de la calle dificultando su ubicación.
El Centro de Atención Permanente fue inaugurado, en 2017, bajo el programa de Modelo Incluyente de Salud (MIS) durante el gobierno de Jimmy Morales y bajo la dirección de la entonces ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack (+).
“En Cajolá hay 11 puestos de salud, solo dos no lo pagan las enfermeras, el resto se debe pagar entre todos si se quiere trabajo”, señaló una persona que habló con Prensa Comunitaria a condición de anonimato.
Trabajadores cubrían el alquiler
Este 4 de noviembre, el personal empacó el equipo médico en cajas con el apoyo de compañeros de otras unidades y practicantes, para sacar los muebles y el equipo que utilizaban, que atendía a unas 1 900 personas al mes.
Pese a que una médica del CAP cubría los gastos de alquiler, por la falta de un contrato, el propietario pidió la casa señalando que será demolida y les dio unos días para desocupar la vivienda que ocuparon durante ocho años.
A raíz de la denuncia de desalojo se evidenciaron las precariedades en los servicios de salud, y los trabajadores temen que este hecho se repita en las otras unidades médicas.
Una persona que forma parte del equipo médico en el CAP de Buena Vista dijo que inicialmente el cobro del alquiler de la casa era de Q600 pero que, en 2017, tras una serie de negociaciones se redujo el alquiler a Q300 por mes. El servicio de luz se pagaba adicionalmente. Según la fuente cada mes debían reunir entre el personal Q400 a Q500 dependiendo del consumo de energía eléctrica.
“Es inaudito quitarle dinero a un trabajador de salud, pero no había de otra porque si no había puesto de salud, no había trabajo… yo lo estuve pagando y había que hacer algo porque no toda la vida van a cubrir los gastos de alquiler. Tras varias acciones, logramos tener el contacto con el viceministro en Atención Primaria en Salud, Donato Camey, a quien le expusimos el caso en agosto, tenemos varios programas que el MSPAS nos exige cumplir, nos fiscalizan pero nadie hizo nada por pagar el alquiler, no se podía manifestar porque se corría el riesgo de perder el trabajo”, señaló el personal de salud que denunció a condición de anonimato.
Según los trabajadores se reunieron con el viceministro de salud y reconoció las necesidades e instruyó buscar nuevas viviendas en condiciones “dignas para atender a la población” y que se realizaría un “pago justo” y que se incluyeran los servicios y extender facturas.
Se buscará alquilar viviendas adecuadas
En documentos a los que tuvo acceso Prensa Comunitaria se confirmó la reunión del 6 de octubre con algunos arrendatarios para alquilar las viviendas para siete puestos de salud, incluyendo el de Buena Vista, por la que se pagaría un total de Q1,500.
Sin embargo, según el personal de salud después de varios meses de realizar trámites y de llenar requisitos del MSPAS, se realizó el desalojo antes de encontrar un nuevo lugar para el puesto de salud.
Además, al concluir el procedimiento de arrendamiento, en septiembre, y estar a punto de firmar los contratos se le informó al personal de salud que “hasta el próximo año se aprobaría el presupuesto para el alquiler”.
“Nos están desalojando, informé a todas partes, pero el viceministro no contestó. Hablamos con un vecino para que alquilará una propiedad, a tres casas de donde estaba el puesto anterior, porque no podemos dejar de atender a mujeres embarazadas, a los niños, a los ancianos, pero el ministerio no nos ayudó”, denunció el personal.
Este 5 de noviembre, autoridades de salud del departamento llegaron a un nuevo inmueble para instalar el puesto de salud. Sin embargo, las autoridades confirmaron que hasta el próximo año “posiblemente” se tendría presupuesto para el pago de viviendas para instalar otros puestos de salud.
El CAP operaba bajo el Modelo Incluyente de Salud
El Centro de Atención Permanente en Buena Vista operaba bajo el MIS, un programa de fundamentos y perspectivas que se fundamentan en los pilares de derecho a la salud, pertinencia intercultural, equidad de género y armonía con el medio ambiente, por lo que este servicio de salud se implementa en cada cantón.
El MIS busca establecerse en las comunidades para lograr la cercanía con la población. Según documentos oficiales, no solo reconoce enfermedades desde la perspectiva biomédica, sino también desde las “visiones culturales locales y tiene un compromiso con el medio ambiente”.
Este programa fue implementado en 2017, sin embargo, al momento de establecerse no se definió quién debería sufragar los gastos de alquiler de las viviendas donde funcionarían los servicios de salud.
Una enfermera que ha trabajado en el MSPAS, desde hace de 17 años, dijo que cuando se inició MIS se indicó a la población que se debía dar un aporte para su funcionamiento, pero que era una mínima parte y no se especificó que era pagar alquileres.
“Esto fue una extensión de cobertura, nos mandaron a buscar casas para instalarnos en cada cantón… Estamos atendiendo un estimado de 1 800 personas porque la gente no quiere o no puede bajar al centro para ir al médico”, dijo una enfermera bajo anonimato por temor a represalias.
Salud se debe priorizar
“Este problema no se había visibilizado y que bueno que se dé a conocer, porque el personal de salud, según reportes que tenemos, ha tenido que comprar medicamentos o insumos para garantizar el servicio”, señaló Thelma Suchi, facilitadora técnica del Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR).
“Según los indicadores que tenemos, Cajolá es uno de los municipios que tiene un dato elevado en temas de desnutrición, es el número uno a nivel departamental, este año registró 11 casos de desnutrición aguda y siete en recuperación, según información del distrito de salud”, añadió Suchi.
Además, las proyecciones para 2025 sobre natalidad son de 448 embarazos, el 60% de ellos en menores de 15 a 18 años. Embarazos en menores de 14 años se registraron 12 casos.
Para Suchi el dato provoca preocupación por el impacto en la comunidad Mam de Buena Vista, porque evidencia la necesidad de priorizar acciones de prevención de la desnutrición crónica y otro tipo problemas de salud en la población.
El municipio de Cajolá es uno de los ocho priorizados por la Estrategia Mano a Mano centrados en erradicar la Pobreza y la Malnutrición (Desnutrición-Sobrepeso) del país. Actualmente reporta que en niños menores de 2 años se tiene un retardo de crecimiento del 47.92 por ciento, mientras que de 2 a 5 años se registra un 52.08 por ciento de desnutrición crónica, según datos del MSPAS.
MSPAS asegura que no hubo desalojo
El MSPAS señala que en la aldea Buena Vista “no se efectuó ningún desalojo de personal” y que lo ocurrido corresponde a un proceso de traslado del servicio de salud a un nuevo inmueble ubicado a pocos metros del anterior, “con el propósito de mejorar las condiciones de atención a la población”.
Se consultó al Departamento de Comunicación y respondió que la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Quetzaltenango “asumirá los pagos correspondientes mediante contrato formal, conforme a los procedimientos administrativos establecidos”.
También se solicitó una ampliación en la que se incluyera la respuesta del viceministro Donato Camey, por la alusión directa que se hace al funcionario de parte del personal de salud de Cajolá.
Asimismo, se preguntó sobre el precio del alquiler en el CAP de Buena Vista y por cuánto tiempo se hizo el arrendamiento, la ubicación del nuevo inmueble y si el pago incluye el pago de energía eléctrica, pero no se obtuvo respuesta.
Respuesta de director de área de salud en Quetzaltenango
El director del área de salud de Quetzaltenango, Donald Sosa, indicó en una entrevista a Prensa Comunitaria que la información del desalojo no es verídica debido a que únicamente se realizó un traslado.
Sin embargo reconoció que hasta este mes el personal pagaba el servicio de la renta del puesto de salud en Buena Vista.
“Yo no sabía que el personal de salud pagaba la renta, tampoco le sé decir, exactamente, cuántos puestos de salud pagaba el personal debido a que a la municipalidad también apoya con el pago de la renta. No estoy a favor de que el personal haga este pago ya que es responsabilidad del Ministerio, por eso ya elaboramos los contratos de renta para el próximo año en siete puestos de salud”, enfatizó.
Detalló que actualmente ya existe un contrato elaborado para que el Ministerio de Salud sufrague los gastos de la renta en siete puestos de salud en el municipio de Cajolá.
Asímismo, aseguró que durante estos últimos meses de este año 2025 se realizó el pago de parte del Ministerio de Salud. Sin embargo, no compartió los documentos que acrediten esta información ya que indicó debía solicitar la autorización para dar a conocer dicho convenio. Esto debido a que el personal asegura que ellos continúan pagando la renta del nuevo lugar dónde fue trasladado el puesto de salud de Buena Vista.
Respecto a los medicamentos y al equipo solicitado por el personal de salud en este Distrito aseguró que se ha abastecido y se ha entregado equipo para la atención en salud a la población.
Sin medicamentos ni insumos
Una solicitud enviada al viceministro Camey, el 9 de septiembre, por el personal de salud, indica que los puestos de salud y CAP han sido “afectados por falta de los insumos y equipos médicos básicos para dar una atención efectiva a la población vulnerable de este municipio”.
Los solicitantes advirtieron que esta situación pone en riesgo “a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad e infancia”; y que el equipo ultrasonográfico gineco-obstétrico para el CAP “está funcionando mal”.
En el año 2023 y 2024 el servicio de Cajolá fue el que tuvo más cobertura en control prenatal, control de puerperio y en atención de parto a nivel departamental.
Por la falta de medicamentos, insumos y equipo también se consultó la postura del MSPAS pero al cierre de la nota no habían enviado una ampliación.
