Los proyectos de las comunidades que se encuentran en proceso serán gestionados a partir de la reforma recién aprobada a la Ley del Prespuesto, que garantiza la inversión pública en territorios comunales o indígenas sin que estos pasen a ser propiedad del Estado.
Por Simón Antonio Ramón
Con la reforma el Estado podrá financiar proyectos de infraestructura en tierras comunales y de pueblos indígenas a beneficio de las comunidades sin traspasar el derecho de propiedad, según una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto aprobada por el Congreso este martes 11 de noviembre.
El decreto reforma el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto. El artículo ha sido objeto de críticas y acciones de inconstitucionalidad, porque ha obligado a las comunidades que cuentan con títulos de propiedad colectiva a ceder al Estado la propiedad cuando se construyen obras de infraestructura en sus territorios, un hecho considerado como despojo en pleno siglo XXI.
La reforma establece las excepciones de la propiedad del Estado sobre terrenos para la construcción de proyectos de infraestructura. “En estos casos será título suficiente el Acta de Asamblea Comunitaria, según las propias formas de gobernanza y organización de los pueblos indígenas, donde se haga constar lo relativo al uso, la finalidad y el plazo, el cual no debe ser menor de 20 años”, señala la reforma aprobada.
Narciso Nicolás Cúa, exintegrante de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y actual representante del espacio de las Autoridades Ancestrales de Iximulew dijo que en un sondeo realizado entre los años de 2017 y 2018, había más de 2 mil proyectos estancados porque las comunidades se oponian al desmembramiento de las tierras comunales a nivel nacional. Por ello señala que la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto es una obligación del Estado.
“El Estado tiene el compromiso de adecuar su política en el marco de los derechos de los pueblos indígenas y hay sentencias de las Corte de justicia de no desmembrar las tierras comunales para los proyectos”, dijo.
Según la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), entre el 20 de abril de 2021 al 12 de agosto de 2025, 67 propiedades colectivas pasaron a nombre del Estado. Esto era un requisito para obtener proyectos como escuelas, salones comunales hospitales y otros.
Reforma es parte de agenda de pueblos indígenas
Saturnino Figueroa, del Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti del norte de Huehuetenango, considera que las reformas son parte de una agenda nacional de los diálogos que tiene el Estado con las autoridades ancestrales.
“Se está rectificando un error de hace 28 años con la creación de la Ley Orgánica del Presupuesto, que despojaba a los pueblos indígenas de sus territorios”, señaló al referirse a la reforma recién aprobada.
La reforma aprobada ingresó como una moción de la iniciativa 6466 que había presentado el diputado Sergio Celis sobre Ejidos Municipales, que se estaba conociendo en el Congreso este martes 11 de noviembre.
El 7 de agosto el presidente Bernardo Arévalo junto a las autoridades ancestrales anunció en el Palacio Nacional la presentación de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, sin embargo, la iniciativa de Celis había avanzado a segunda lectura por lo que se consensuó para que en su aprobación se aprobará la reforma al artículo 30 Bis sobre proyectos en tierras comunales.
En cuanto sea sancionado este decreto por el presidente Bernardo Arévalo y publicado en el diario oficial, los proyectos en proceso, según el artículo transitorio, serán beneficiados con lo que estipula la normativa.
La aprobación de la misma fue calificada como positiva por los pueblos originarios, entre ellos el Parlamento Xinka, que celebró la reforma, la cual contó con los aportes de los pueblos indígenas tras varios años de incidencia.
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