El plan de gastos para el próximo año fue aprobado con reasignaciones de recursos que amplían el gasto estatal lo cual pone en riesgo el control fiscal de las finanzas públicas. Además de fondos abiertos desde los Codede que quedarían sin ejecutar para 2027.
María Muralles
La madrugada del miércoles 26 de noviembre, tras más de 12 horas de sesión, el Congreso aprobó de urgencia nacional el Presupuesto 2026 por Q163.4 millardos y cinco préstamos externos por un total de US$1,350 millones.
El presidente Bernardo Arévalo celebró la aprobación, en La Ronda, espacio de comunicación semanal del Ejecutivo, como “una gran noticia para el pueblo de Guatemala” y como evidencia de “diálogo político”. Sin embargo, para economistas y tanques de pensamiento el proceso fue lo opuesto a transparencia.
El Presupuesto 2026 introduce riesgos fiscales de gran magnitud debido a la forma en que el Congreso reasignó recursos sin modificar de manera significativa el techo del Plan de Gastos.
Según el Icefi, se incorporaron montos extraordinarios y proyectos no planificados, el techo presupuestario apenas se redujo 0.2% (Q314.2 millones), lo que obliga a financiar estas nuevas asignaciones recortando programas ministeriales ya en marcha.
En la práctica, esto significa que ministerios, secretarías y entidades públicas deberán sacrificar proyectos estratégicos, incluyendo aquellos que el propio Gobierno había priorizado en su propuesta original.
Esta decisión profundiza las dificultades de ejecución que el Ejecutivo enfrentó en 2024 y 2025, años en los que —aun con recursos financieros suficientes— no logró ejecutar plenamente su presupuesto.
El Icefi advierte que estas alteraciones no solo comprometen la calidad del gasto público, sino también la capacidad del Gobierno del presidente Arévalo para cumplir con el mandato ciudadano de aumentar la transparencia y reducir la corrupción.
La presión se incrementa debido a que el país simultáneamente enfrenta procesos clave de elección en instituciones esenciales como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos. “La combinación de un presupuesto distorsionado, menor planificación técnica y un contexto institucional frágil coloca al Estado en una posición fiscalmente vulnerable y políticamente riesgosa”, consideran los expertos, derivado de que la tributación puede reducirse en un contexto convulso y que el déficit fiscal también se amplíe derivado del aumento en el gasto estatal.
Codedes, punto crítico
El punto más crítico del Presupuesto, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es la expansión sin precedentes de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).
Con la incorporación del aporte extraordinario de Q6,312 millones aprobado por la Comisión de Finanzas y Moneda, sumado a los saldos no ejecutados de 2024 y 2025 y al aporte ordinario anual, los Codede podrían administrar en 2026 alrededor de Q16,600 millones, superando incluso el presupuesto del Ministerio de Salud.
No obstante, la mayor parte de estos recursos no responde a una planificación técnica ni a solicitudes comunitarias, sino a readecuaciones impulsadas desde el Congreso sin estudios de reinversión ni criterios territoriales verificables.
Sin intervención técnica
En opinión de Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi durante una intervención en Emisoras Unidas, esta acumulación excesiva de recursos puede convertirse en “un fondo ilegítimo para financiar campañas de reelección de alcaldes y diputados”.
A ello se suma la enmienda del artículo 54, que permite trasladar automáticamente los saldos no ejecutados a ejercicios fiscales posteriores y restringe la participación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), entidad técnica encargada de garantizar que los proyectos cumplan con planificación adecuada y respaldo metodológico.
El análisis del Icefi también evidencia que los Codede presentan niveles persistentemente bajos de ejecución. En 2024, de una asignación ampliada de Q6,412.1 millones, solo se ejecutaron Q3,347.3 millones y en 2025, con una ampliación de Q12,269.6 millones, la ejecución estimada apenas alcanzaría Q6,449.6 millones.
De mantenerse esta tendencia, en 2026 solo se ejecutaría alrededor de Q7,000 millones de un total superior a Q16,600 millones, generando un arrastre para 2027 que podría acercarse a Q10,000 millones en saldos sin utilizar.
Este escenario proyecta un 2027 preocupante: si se suman los saldos no ejecutados, el aporte ordinario y un eventual nuevo aporte extraordinario —como ha sido la práctica reciente del Congreso— los CODEDE podrían manejar cerca de Q20,000 millones en pleno año electoral.
Para el Icefi, este volumen de recursos, combinado con controles debilitados, escasa planificación comunitaria y alta discrecionalidad política, representa un riesgo severo para la transparencia, la integridad de las finanzas públicas y la estabilidad democrática del país.
Un paquete de deuda que preocupa
En paralelo, al Presupuesto 2026, el Congreso aprobó también cinco préstamos con diferentes organismos multilaterales por US$1,350 millones, los cuales fueron presentados por el Ejecutivo como herramientas para modernizar el Estado y acelerar la inversión pública. Sin embargo, especialistas advierten que el país los asume en un contexto de sobreendeudamiento creciente, ya que en 2026 Guatemala pagará Q17,000 millones en intereses, agregará cerca de Q30,000 millones en nueva deuda y destinará más del 50% del endeudamiento a gasto de funcionamiento, no a inversión.
El préstamo 5991/OC-GU, por US$250 millones, financiará la electrificación rural mediante ampliación de redes, minirredes híbridas y sistemas solares, especialmente en Alta Verapaz, Izabal, Petén y Huehuetenango. El 6027/OC-GU, de US$350 millones, ampliará a cuatro carriles la carretera Teculután–Mayuelas, aunque analistas advierten que el Ministerio de Comunicaciones arrastra problemas de ejecución que podrían generar retrasos y sobrecostos. El préstamo 9847-GT, por US$400 millones, se dirigirá a infraestructura rural y movilidad comunitaria.
El préstamo 9869-GT, de US$50 millones, apunta a la digitalización del Estado mediante la modernización del SIAF, el sistema de compras públicas y el SNIP. Icefi considera esta una oportunidad crucial para mejorar transparencia y control financiero, aunque el analista Paúl Boteo de la Fundación Libertad y Desarrollo, advierte que estos procesos suelen derivar en “consultorías costosas” sin impacto verificable. Finalmente, el préstamo 5479/OC-GU, por US$300 millones, busca mejorar la calidad del gasto social, pero su formulación aún es vaga: no define proyectos específicos ni indicadores de impacto.
Obras, fondos para ONG y deuda
Otro foco de preocupación en el Presupuesto 2026 proviene de las modificaciones introducidas por el Congreso a los egresos, particularmente a través de artículos que incorporan proyectos, transferencias y usos de recursos sin el respaldo institucional básico. El artículo 121 añadió Q776 millones en obras de infraestructura que, según el Icefi, carecen incluso del requisito mínimo para ser aprobadas: un código dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
El análisis muestra que varios proyectos recibieron montos idénticos para preinversión pese a tratarse de obras completamente distintas, un patrón que sugiere criterios discrecionales y no técnicos. Aunque el techo global del presupuesto prácticamente no cambió —solo se redujo en 0.2%— estos reacomodos obligarán a ministerios a sacrificar programas estratégicos para financiar decisiones impulsadas desde el Congreso, afectando la capacidad del Ejecutivo para ejecutar salud, educación, infraestructura prioritaria y programas sociales incluidos en su plan original.
Otro punto es el artículo 152, que autoriza Q2,462.1 millones en transferencias a 158 organizaciones, en su mayoría ONG. El Icefi advierte que este tipo de asignaciones ya habían sido cuestionadas en el pasado por su vinculación con redes de corrupción entre 2012 y 2016, cuando fondos públicos fueron canalizados hacia entidades sin experiencia, sin controles y con vínculos políticos directos. La lista aprobada mezcla organizaciones reconocidas con otras de origen desconocido o presuntamente asociadas a alcaldías y diputaciones. En ausencia de criterios técnicos, auditorías previas o evaluaciones independientes, el presupuesto revive un mecanismo que el propio oficialismo calificó, en campaña, como “bolsones de corrupción”.
El análisis del Icefi también identifica distorsiones relevantes en los ingresos
derivadas de que el Congreso mantuvo proyecciones erróneas en las categorías de “Otros impuestos directos” y “Otros impuestos indirectos”, afectando los cálculos de aportes constitucionales y destinos específicos.
A esto se suma una maniobra financiera que preocupa a especialistas: aunque se redujo en Q2,000 millones la colocación de bonos del Tesoro, se incrementó en igual monto el uso de recursos de caja provenientes de deuda bonificada no ejecutada en 2025. Para el Icefi, este movimiento —que utiliza deuda acumulada y no usada en el ejercicio anterior— opaca la disponibilidad real de fondos y dificulta la transparencia fiscal, dejando sin claridad cuánto dinero existe realmente para financiar gasto público durante 2026.
Un “madrugón”
Lo ocurrido el miércoles en la madrugada de noviembre en el Congreso fue descrito Barrientos, como un “madrugón en toda regla: con nocturnidad, a troche y moche, con malabares en la Comisión de Finanzas”. El dictamen presentado incluía inicialmente un artículo 163 que simulaba un fideicomiso para el INDE por Q5,500 millones. Al hacerse público, quedó claro que se trataba de un disfraz: el monto era en realidad un aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), distribuido con criterios políticos entre los 340 municipios. “A alcaldes y diputados que apoyaron, más; a quienes no, menos”, explicó Barrientos.
En el pleno, el dictamen recién impreso llegó “calientito”, sin ser leído ni discutido. Paul Boteo, de la Fundación Libertad y Desarrollo, señaló que el proceso fue idéntico al de gobiernos anteriores: “No se entiende lo que se lee porque no se piensa discutir; todo está cocinado”. El resultado, coincidieron ambos analistas, es una pérdida profunda de credibilidad del Ejecutivo, cuya promesa de hacer las cosas diferente se diluyó en una aprobación heredera de prácticas del pasado.
