Por José Zamora
Palabras ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, 20 de noviembre de 2025
Excelencias, distinguidos delegados, colegas y amigos,
Gracias por reunirse hoy para reafirmar una promesa solemne: que los asesinatos de periodistas en nuestro hemisferio, y en todo el mundo, no serán recibidos con silencio, y no serán recibidos con impunidad.
Hace dos años, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión inauguró un memorial en el jardín del Museo de Arte de las Américas. Ese espacio honra a periodistas asesinados por informar, por denunciar y por defender la democracia. Desde entonces, la RELE actualiza anualmente este memorial como parte del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Hoy, en esta sesión regular de la Comisión, volvemos a honrar esa memoria. Lo hacemos para preservar su legado, para reconocer su valentía y para fortalecer nuestro compromiso hemisférico con la protección de la libertad de expresión.
En el Comité para la Protección de los Periodistas hemos documentado y publicado nuestro Informe 2025 sobre Impunidad en Crímenes contra Periodistas, y el panorama es devastador. Después de décadas de iniciativas internacionales, el mundo ha logrado muy pocos avances reales en materia de justicia. La impunidad sigue siendo la norma, no la excepción. Y esa falta de justicia tiene consecuencias profundas.
Cuando un periodista es asesinado y los responsables quedan libres, el mensaje es inequívoco: quien denuncia puede ser silenciado, y quien silencia no enfrentará consecuencias.
Ese mensaje genera miedo, obliga a la autocensura, destruye familias y priva a nuestras sociedades de información vital sobre corrupción, crimen organizado y abuso de poder.
El informe destaca varios casos emblemáticos. Uno de ellos es el de Javier Valdez Cárdenas, periodista mexicano que dedicó su vida a documentar el crimen organizado en Sinaloa. El 15 de mayo de 2017 fue asesinado con al menos doce disparos frente a la redacción de Ríodoce, el semanario que cofundó. Según los fiscales, un miembro del cartel de Sinaloa ordenó su asesinato en represalia por su cobertura. Dos autores materiales fueron condenados, pero el autor intelectual —detenido en Estados Unidos— aún no ha sido extraditado.
La familia de Javier, incluida su esposa, la periodista Griselda Triana, ha enfrentado no solo el dolor de su ausencia sino nuevos ataques, incluido el uso de software espía días después del crimen. Años más tarde escribió: “todavía no encontramos la paz que necesita nuestro corazón,” y recordó que muchas víctimas “perdieron sus voces cuando él fue asesinado.”
Javier mismo lo anticipó. En un discurso que preparaba afirmó: “No es un periodista más; es la sociedad la que queda herida con la muerte de cada periodista.”
Esa herida es profunda: más de 150 periodistas han sido asesinados en México desde 1992, la mayoría sin justicia.
Y la crisis es hemisférica. Este año, 121 periodistas y trabajadores de los medios han sido asesinados en el mundo, 10 de ellos en las Américas. Es una señal clara de que ningún país es inmune.
A nivel global, la situación sigue deteriorándose. El año pasado fue el más letal desde que el CPJ tiene registros, con más de 125 periodistas asesinados, la mayoría palestinos. Muchos ataques fueron documentados como deliberados. Aun así, nadie ha sido responsabilizado. Los asesinos de periodistas se están saliendo con la suya.
Y estos precedentes peligrosos también se observan en Estados Unidos. Esta semana, aunque la Agencia Central de Inteligencia concluyó que Mohammed bin Salman aprobó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, el presidente Trump lo negó públicamente y lo defendió. Eso no es opinión; es negar hechos. Cuando un presidente de EEUU justifica el asesinato de un periodista, envía un mensaje sumamente peligroso: que la impunidad es aceptable. Y eso crea una estructura permisiva para que otros gobiernos maltraten a la prensa en nuestro hemisferio y en el mundo.
Es tiempo, hace mucho tiempo, de que crímenes sin precedentes reciban respuestas sin precedentes.
Por ello, el Comité Para la Protección de Periodistas pide una reforma profunda de los sistemas de investigación y rendición de cuentas. Necesitamos una respuesta global más coherente, más rápida y más eficaz.
Reiteramos cuatro recomendaciones:
Primero, crear una fuerza internacional independiente de investigación permanente para crímenes violentos contra periodistas. Un mecanismo listo para apoyar a autoridades locales y regionales, garantizar la preservación de evidencia y evitar que los casos se archiven sin justicia. El modelo existe; falta voluntad política.
Segundo, impulsar la justicia en casos emblemáticos. Avances en un solo caso pueden cambiar patrones, restablecer confianza y proteger a otros periodistas.
Tercero, aumentar la responsabilidad de empresas cuyos productos, como el software espía, facilitan ataques. Necesitamos una regulación robusta y límites claros.
Cuarto, promover sanciones específicas contra quienes cometen o facilitan crímenes contra periodistas. La lucha contra la impunidad debe incorporarse a acuerdos internacionales.
Colegas,
Hoy honramos a quienes ya no están, pero el homenaje no basta. Su valentía nos exige actuar. Sus historias nos exigen justicia.
La libertad de prensa es el oxígeno de la democracia. Cuando se asfixia a la prensa, todos los demás derechos comienzan a asfixiarse.
Por eso, hoy, al actualizar el memorial de la RELE y renovar nuestro compromiso hemisférico, digámoslo con claridad y determinación: No podemos, y no vamos a permitir que los responsables de crímenes contra periodistas se salgan con la suya.
Gracias.
