El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) dará seguimiento a los procesos de elección del nuevo fiscal general y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ambos procesos serán claves para el futuro del sistema de justicia guatemalteco en 2026. Misión que se suma a la de Naciones Unidas, Unión Europea y Organización de Estados Americanos (OEA).
Por Prensa Comunitaria
El Panel de Personas Expertas Independientes de Guatemala (PEI-GT) arrancará el monitoreo de los procesos de elección de nuevas autoridades en el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC), previstos para abril y mayo de 2026. El objetivo del panel será dar seguimiento a todas las etapas de ambos procesos, que resultan determinantes para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la independencia judicial en el país.
Las observaciones del PEI-GT buscarán garantizar la transparencia, independencia e integridad de los mecanismos de selección tanto para magistrados constitucionales como para el o la próxima fiscal general del ente investigador. Este seguimiento contará con el respaldo de instituciones académicas, organismos y organizaciones internacionales, que buscan prevenir interferencias políticas o irregularidades en las postulaciones y nombramientos.
El panel está conformado por expertos en justicia y derechos humanos, entre ellos Ana Lorena Delgadillo Pérez, José Ugaz y Jaime Arellano -secretario ejecutivo del PEI-, quienes cuentan con experiencia en instituciones de países como México, Perú, Ecuador y Honduras. Con esta observación, el PEI-GT busca aportar confianza pública a los procesos que definirán el futuro de dos de las instituciones más importantes del sistema de justicia guatemalteco.
Este panel se suma a otras tres misiones, a la de Naciones Unidas, Unión Europea (UE) y OEA que tendrán presencia en Guatemala durante 2025 y 2026. Esta misión fue conformada por dieciocho organizaciones de los Estados Unidos y Canadá que trabajan en justicia y derechos humanos para Guatemala.
El PEI se reunió con el presidente Bernardo Arévalo el miercoles 12 de noviembre en el Palacio Nacional de la Cultura en ciudad Guatemala.
Elecciones claves
El país se prepara para enfrentar en 2026 cinco elecciones claves de segundo nivel, dos de ellas relevantes para el sistema de justicia: el relevo de la actual fiscal general, Consuelo Porras, y la designación de nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Ambos procesos definirán el rumbo institucional del país, ya que de ellos depende la continuidad o el cambio en las políticas de persecución (política) y penal y el equilibrio entre poderes del Estado. La elección de estas autoridades se llevará a cabo en un contexto de alta tensión política y persecución contra periodistas, activistas, operadores de justicia y políticos de oposición.
Durante los últimos años, tanto la Fiscalía General como la CC han sido objeto de fuertes críticas nacionales e internacionales por su papel en la criminalización de periodistas, operadores de justicia independientes, autoridades indígenas y defensores de derechos humanos. Diversas organizaciones han denunciado que, bajo la dirección de Porras y con resoluciones de magistrados afines a intereses políticos, se consolidó un patrón de uso del aparato judicial para perseguir a voces críticas y desmantelar los avances logrados contra la corrupción.
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Un sistema judicial con sanciones internacionales
La fiscal general Consuelo Porras y varios integrantes de su equipo enfrentan actualmente sanciones internacionales por corrupción impuestas por Estados Unidos, Canadá y países europeos, donde también tienen restringido su ingreso. Estas medidas responden a señalamientos sobre el uso político de la institución y a su papel en la criminalización de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos en Guatemala. Entre los funcionarios sancionados se encuentran fiscales y asesores señalados de obstaculizar procesos judiciales y proteger estructuras vinculadas a redes de corrupción.
Por otra parte, en la Corte de Constitucionalidad también han sido objeto de medidas similares. A Nester Vásquez, Luis Rosales, Walter Paulino Jiménez Texaj y Claudia Paniagua,les fueron retiradas las visas por el gobierno de Estados Unidos, en el marco de acciones diplomáticas contra actores señalados de socavar la democracia.
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