El expresidente recuperó Q4 millones que permanecían en sus cuentas bancarias. Los fondos habían permanecido bajo administración de la Senabed durante diez años.
Por Alexander Valdéz
El Juzgado de Extinción de Dominio ordenó la devolución de aproximadamente Q4 millones al expresidente Otto Pérez Molina, recursos que permanecieron embargados durante una década en sus cuentas bancarias y bajo la administración de la Secretaría de Bienes en Administración de Extinción de Dominio (Senabed).
Según la resolución, la medida de inmovilización ya no era procedente, pues el dinero tenía origen lícito, al provenir de los salarios que Pérez Molina percibió mientras ejercía la Presidencia de la República. Con ello, el exmandatario recuperó el control de Q3 millones 155 mil 881.94, distribuidos en seis cuentas bancarias.
Asimismo, Pérez Molina, logró que se le entreguen los intereses generados durante los años en que sus fondos estuvieron bajo custodia del Estado. Dichos rendimientos ascienden a Q1 millón 816 mil 470.82, producto de las tasas preferenciales que los bancos aplicaron sobre los montos retenidos.
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En julio, la Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó una apelación promovida por la empresa Vista Servicios Electrónicos S. A. y devolvió una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, vinculada al expresidente Otto Pérez Molina, así como una cuenta que contiene Q1.4 millones.
El recurso legal fue aceptado por los magistrados suplentes Jaime González, Belter Mancilla y Otilio Benjamín López. Esta es la misma Sala, aunque con titulares, que levantó el embargo a una propiedad vinculada al exjefe del desaparecido Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
En 2023, la jueza de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos, realizó una audiencia de aceptación de cargos en la que el expresidente Otto Pérez Molina admitió haber cometido los delitos de fraude y cohecho pasivo, vinculados a los casos de corrupción conocidos como Cooptación del Estado, La Coperacha y TCQ. Esta condena se sumó a la ya impuesta en el caso La Línea, por el cual cumple una pena de 16 años de prisión.
Según las investigaciones, funcionarios del extinto Partido Patriota habrían recibido al menos Q900 millones en sobornos. Durante la diligencia, Pérez Molina reconoció su implicación en los hechos ilícitos y manifestó ante la jueza y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI): “Acepto mi responsabilidad en esos hechos”.
La jueza Recinos determinó que la solicitud del exmandatario cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Aceptación de Cargos, por lo que accedió a tramitarla y dictó una condena de ocho años de prisión conmutables, además de una multa superior a Q10 millones. La sentencia incluyó penas reducidas: tres años y seis meses por lavado de dinero, dos años y seis meses por cohecho pasivo, y dos años por fraude, tras aplicarse la reducción por haber admitido su culpabilidad.
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