El juicio contra diez autoridades indígenas de Olopa, Chiquimula, avanzó con la presentación de dos testigas en la octava audiencia realizada el jueves 13 de noviembre, que declararon a favor de las personas acusadas por los propietarios de una minera.
Por Prensa Comunitaria
En el día ocho del juicio contra diez autoridades indígenas de Olopa, Chiquimula, la jueza escuchó a dos testigas propuestas por la defensa, Carmelita Pérez Canán y Lucía Xiloj. Las personas han sido acusadas de detenciones ilegales por propietarios de la minera Cantera Los Manantiales.
La primera testiga en pasar fue Carmelita Pérez Canán, propuesta por Bernardino Pérez, acusado en este caso. Pérez Canán testificó, ante la jueza Silvia Lorena Solares, que el 1 de julio de 2019 el acusado se encontraba junto con ella en la ciudad capital en un taller de capacitación, por lo que no se encontraba en Olopa cuando se dieron los hechos.
La participación de la abogada Xiloj abarcó la organización de las comunidades Ch’orti’ y sus autoridades, de las que dijo están facultadas para resolver todo tipo de conflictos, incluso, fuera de la comunidad, cuando esto afecte a sus integrantes.
Las diez personas de la autoridad indígena Olopa, Chiquimula, son acusadas por los propietarios de la minera Cantera Los Manantiales y por nueve comunitarios que las acusan de haberlas retenido en la aldea La Prensa, el 1 de julio de 2019, cuando protestaban en contra de las actividades de dicha empresa.
Declara sobre la organización maya Ch’orti’
La participación de la abogada Lucía Xiloj fue como testiga técnica. Además, es experta en derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. Xiloj respondió preguntas por el informe “Organización, dinámica de las comunidades Maya Ch’orti’ en la defensa de sus derechos humanos y el cuidado de su territorio” que realizó en 2022.
Como parte de su testimonio, Xiloj añadió que la Constitución reconoce la organización de los pueblos indígenas. Y que también está reconocido en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas.
La abogada declaró que 14 aldeas de Olopa, agrupadas en el Concejo Maya Ch’orti’, solicitaron a la Municipalidad su inscripción para ser consideradas sujetos de derecho y tener sus autoridades indígenas, sin embargo, aclaró que esta forma de inscripción no es constitutiva sino declarativa. “Según la Corte de Constitucionalidad las comunidades indígenas existen por el solo hecho de estar organizadas”, dijo.
En el interrogatorio a Xiloj se le preguntó si las autoridades indígenas son de carácter representativo o tienen otra función en la comunidad maya Ch’orti’.
A las autoridades que son electas dentro de la comunidad se les faculta para resolver conflictos de la comunidad, personales, familiares, relacionados con límites de propiedad, pero también para resolver conflictos externos a la comunidad, mencionó.
La abogada dijo que la función de la autoridad indígena también implica la resolución de conflictos relacionados con el tema minero, que es producto de las dinámicas comunitarias. “En el caso del pueblo maya Ch’orti’, una de sus funciones es la defensa de la tierra y el territorio, por el significado tan importante que tiene en la existencia de los pueblos indígenas, es una de sus funciones”, dijo.
Las acciones legales, peticiones y quejas de personas en la comunidad son una muestra de las atribuciones que resuelven las autoridades indígenas.
Para Xiloj, en Guatemala existe un reconocimiento al pluralismo jurídico que incluye al pueblo indígena maya Ch’orti’ de Olopa. Para ello se apoyó en resoluciones judiciales dictadas por la Corte de Constitucionalidad (CC).
Las autoridades indígenas que enfrentan juicio
Las autoridades indígenas acusadas en este caso son: Juan Agustín, Felipe Díaz Ramos, Santos Geronimo Ramos Méndez, Juan Carlos Pérez Canaan, Fredy Giovani Ramírez.
También María Santos Méndez, Bernardino Pérez, Rosa Margarita Pérez Canaan, Leonor Crisóstomo Méndez y Guillermo Ramírez Pérez.
En el día siete del juicio declararon dos testigos del Ministerio Público (MP): el delegado de la Procuraduría de Derechos Humanos, Emilio Rafael Pineda Trinidad y el oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), Vielman René Salazar Oliverios.
Ambos acudieron a la aldea La Prensa para intervenir en el conflicto que se dio entre las comunidades y los propietarios de la minera. Los testigos indicaron que no vieron que los comunitarios hayan portado algún tipo de armas.
En este juicio que inició el 22 de agosto de 2025, se han realizado ocho audiencias, la próxima será el 21 de noviembre a las 9 horas.
