Organizaciones de derechos humanos solicitaron a la CIDH audiencias temáticas para exponer un patrón regional de hostigamiento y persecución contra operadores de justicia y abogados. Guatemala será uno de los casos expuestos, debido a la sistematicidad de las acciones emprendidas contra operadores de justicia.
Por Alexander Valdéz
Las organizaciones defensoras de derechos humanos de América Latina solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una serie de audiencias temáticas para exponer los patrones de hostigamiento, criminalización y represalias que enfrentan abogados y abogadas en varios países de la región. Aunque la situación afecta a distintos países, Guatemala destaca como uno de los casos más graves por la sistematicidad de las acciones contra operadores de justicia y abogados.
En el caso de Guatemala, las organizaciones advirtieron que la persecución contra abogados se ha convertido en un elemento estructural del retroceso democrático. Señalan detenciones arbitrarias, procesos penales fabricados y campañas de estigmatización contra exfiscales anticorrupción y abogados defensores, como ocurrió con Virginia Laparra, que pasó 680 días en prisión por denunciar irregularidades en un juzgado; con la abogada Claudia González, criminalizada por su trabajo en casos de alto impacto; o con Eduardo Masaya, acusado en el contexto de la judicialización contra el Movimiento Semilla.
Estos casos serán expuestos como parte de la utilización del derecho penal como herramienta de castigo y control político hacia determinados actores. Las organizaciones resaltaron que el deterioro institucional guatemalteco se manifiesta también en la falta de mecanismos de protección, la participación de redes políticas y empresariales en campañas de desprestigio, y la interferencia estatal en la independencia de la defensa técnica.
Harán énfasis en que estas prácticas no solo buscan inhibir el trabajo profesional, sino también bloquear el acceso a la justicia de víctimas y comunidades, favoreciendo la impunidad en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Las organizaciones sostienen que estos hechos son parte de un fenómeno transnacional que representa un riesgo creciente para la democracia y el Estado de derecho en las Américas.
Aunque el enfoque principal recae en Guatemala, la solicitud presentada ante la CIDH también expone patrones similares en Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Perú, Colombia y Honduras. Entre los problemas mencionados figuran detenciones arbitrarias, vigilancia ilegal, expulsión profesional, restricciones bajo regímenes de excepción y uso indebido de figuras penales como terrorismo, traición a la patria o lavado de dinero.
Las audiencias temáticas se llevan a cabo del 17 al 21 de noviembre, como parte del 194º Período de Sesiones de la CIDH, que se desarrollará de manera presencial en la Universidad de Miami, en Estados Unidos. La de Guatemala será este 21 a las 8 de la mañana.
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Un contexto de criminalización
Guatemala enfrenta un contexto de retroceso democrático marcado por la persecución selectiva contra periodistas, activistas, abogados y operadores de justicia, muchos han optado por el exilio para resguardar su libertad y seguridad. Bajo la administración de la fiscal general Consuelo Porras, el Ministerio Público ha impulsado investigaciones y órdenes de captura contra voces críticas, mientras se desmantelan o se archivan expedientes de alto impacto vinculados a redes de corrupción de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Al mismo tiempo, varias personas permanecen privadas de su libertad en procesos señalados de criminalización. Entre ellos se encuentran Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exlíderes de los 48 Cantones de Totonicapán, perseguidos por su rol en la movilización en defensa de la democracia; Stuardo Campo, exfiscal anticorrupción que investigó estructuras cercanas al poder y Jose Rubén Zamora, fundador de elPeriódico. Sus casos ilustran la estrategia de criminalización empleada para neutralizar a quienes cuestionan la inacción del MP en casos de corrupción o denuncian graves violaciones a los derechos humanos.
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