Por Héctor Silva Ávalos
El miércoles pasado, 12 de noviembre, fue un día importante en la política estadounidense, uno que, incluso, podría ser un parteaguas en este segundo periodo presidencial de Donald Trump. El día amaneció con la noticia de que congresistas demócratas, opositores al presidente, habían hecho públicos tres correos electrónicos escritos por Jeffrey Epstein, un proxeneta y pedófilo millonario que se suicidó en una cárcel en 2019 y cuyos vínculos con Trump han sido, desde 2015, una subtrama de la política local. Según lo escrito en uno de esos correos, Trump “sabía” sobre las niñas que eran víctimas de una red de trata dirigida por Epstein.
La historia es así. Los dos millonarios fueron muy buenos amigos durante los 80, los 90 y la primera década de 2000, cuando Epstein dirigía una red de trata de mujeres, incluidas niñas, y Trump era un magnate inmobiliario venido a menos que se reinventaba como estrella de reality y acariciaba ya aspiraciones presidenciales. Trump iba a fiestas organizadas por Epstein a las que asistían, obligadas, mujeres y niñas víctimas de la red criminal.
En uno de los correos revelados el miércoles, Epstein, en referencia a Trump, dice: “Por supuesto que sabía sobre las chicas”.
La sombra de Jeffrey Epstein persigue a Trump desde su primer mandato, tras la presidencial de 2016. A esas alturas, ya Epstein había sido condenado una vez por abusos sexuales y el Departamento de Justicia, durante la presidencia de Barack Obama, había abierto más investigaciones por denuncias de varias víctimas. Se supo, entonces, que Epstein era un depredador sexual, que varias de sus víctimas eran menores y que las traficaba a clientes poderosos, entre ellos el príncipe Andrés de Inglaterra (hermano del rey Carlos III).
Fue en una de esas investigaciones que apareció el nombre de Donald Trump. En abril de 2016, una mujer cuyo nombre no se reveló entonces demandó a Trump y a Epstein por agresión sexual y dijo que en 1994 ambos hombres la habían llevado a un apartamento del segundo en Manhattan y habían abusado de ella. La chica tenía 13 años.
En otro de los correos publicados el miércoles pasado, Epstein dice: “La VÍCTIMA (lo escribe con mayúsculas) pasó horas en mi casa con él (Trump)”. No se especifica si se trata de la misma chica que denunció en 2016.
No fue una casualidad que estos correos se hicieran públicos el 12 de noviembre pasado. Ese día, el Legislativo estadounidense en Washington tenía programado votar la partida presupuestaria que puso fin a 40 días de cierre del gobierno, el shutdown, pero también ese día juró como congresista en la cámara baja la demócrata Adelita Grijalva, con cuyo voto se completan los 219 necesarios para pasar una ley que exigirá al Departamento de Justicia hacer público todo el dossier de Epstein, algo que, visto lo visto, puede resultar muy dañino para Trump y que, por las primeras reacciones de la Casa Blanca, aterra al presidente.
No hay, en lo revelado hasta ahora en los correos de Epstein, eso que los estadounidenses llaman una pistola humeante o pruebas incriminatorias que no dejan lugar a la duda sobre la relación de Trump con las víctimas de la red pedófila. Lo que hay son dichos de un criminal convicto sobre un hombre que fue su amigo cercano y quien es, hoy, el presidente de los Estados Unidos.
Pero todo el asunto Epstein sí arroja más luces sobre las sombras de Trump. Sabemos, porque lo ha dicho él mismo -su voz está grabada-, que Trump es misógino y que entiende a las mujeres como objetos sexuales a los que se puede abusar. Véase y óigase la grabación conocida como Hollywood Access, en la que Trump dice a un anfitrión televisivo, fuera de cámara: “Ni siquiera espero. Cuando eres una estrella, te dejan hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa… Agarrarles la vulva. Puedes hacer cualquier cosa”, en referencia a sus avances con una mujer casada a la que intentó besar.
Sabemos también, porque así se determinó en un tribunal de justicia, que Trump es culpable de 34 delitos relacionados con el pago a una actriz de cine pornográfico para que guardara silencio sobre encuentros sexuales extramatrimoniales.
Y sabemos, está grabado en un vídeo, que Trump y Epstein iban juntos a fiestas en las que había mujeres y menores de edad. Eso sabemos.
A mediados de julio 2025, dos congresistas, un demócrata y otro republicano, introdujeron una propuesta, conocida como resolución H.R. 581, que, de aprobarse, obligaría al Departamento de Justicia a hacer públicos, 30 días después de la publicación de la ley, “documentos, archivos, comunicaciones y materiales investigativos relacionados a” Epstein, Ghislaine Maxwell (pareja y socia de Epstein, presa y condenada por delitos sexuales y quien se supone ha pedido clemencia al gobierno de Trump), y a todos los individuos, incluidos funcionarios, que estén relacionados con las actividades criminales de Epstein. En esa documentación, lo sabemos ahora con certeza, aparece Donald Trump.
La respuesta del presidente, de la Casa Blanca y de miembros del gabinete ha sido negar, negar y negar. Ha negado Trump, quien insiste en que todo es una invención de los demócratas para desviar la conversación política. Ha negado Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, quien repite lo que dice su jefe. Han negado, bajo juramento ante comités del senado, Kash Patel, director del FBI, y Pam Bondi, fiscal general.
No es público, por ahora, que Bondi negocie un perdón para Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein y quien proveía chicas y clientes a la red de tráfico y pedofilia, como han dicho algunos políticos demócratas. Un informante anónimo, sin embargo, dijo al comité judicial del senado en Washington que el Departamento de Justicia, presidido por la fiscal Bondi, trabaja con Maxwell en una petición de perdón, y que el sistema federal de prisiones da tratamiento especial a la exsocia de Epstein.
El vicepresidente del comité de la cámara de representantes que supervisa al Judicial, el demócrata Jamie Raskin, envió una carta a Trump el 10 de noviembre en la que le increpaba por sus acciones en torno al asunto Epstein: “Usted cerró la investigación a los cómplices de Epstein, y usted se negó, de forma expresa, a descartar que perdonará a la cómplice más importante, la traficante sexual de niños Ghislaine Maxwell. Toda la situación parece cada vez más sospechosa para mayorías bipartidistas en el Congreso. Este comité ha recibido información que indica que este encubrimiento va más allá de lo conocido hasta ahora”, escribió.
Como suele ocurrir en estos casos en que no paran de crecer las dudas (y certezas) sobre la participación de alguien con poder en crímenes abominables, en todo el asunto Epstein crecen también la sospechas de que ese poderoso, Trump, utilizó toda la influencia política a su disposición para protegerse de la ley, y, en el camino, ha desvirtuado la independencia y el prestigio de instituciones llamadas a servir a los ciudadanos y no a él.
Lo que parece estar pasando con la fiscalía estadounidense en el caso Epstein, y en otros en los que Trump está implicado, es muy similar a lo que ocurre son los ministerios públicos de Centroamérica, y es que esas oficinas, que por diseño democrático deberían de ser las guardianas de la ley y las garantes de la rendición de cuentas, terminan convertidas en despachos privados a favor de los poderosos que las controlan. Acaso nunca Estados Unidos se había parecido tanto a la Centro América del norte, donde esas oficinas funcionan como valedoras de crímenes presidenciales y sus funcionarios son, al final, pasapapeles de presidentes y oligarcas corruptos.
Lo que ocurre con los fiscales que quieren blindar a Trump en el asunto Epstein, la ocultación, la manipulación y la desinformación, pasa también con los ministerios públicos de Guatemala y Honduras y con la fiscalía de El Salvador, que en la actualidad sirven para poco más que para proteger a sus patrones políticos y perseguir a los adversarios de estos.
En Guatemala, el MP de Consuelo Porras se inventa casos, cada vez más delirantes, en su afán de cuidar a los intereses que la patrocinan, esa megarred de exmilitares, empresarios sin escrúpulos, alucinados de ultraderecha y otros a los que ahí se conoce como pacto de corruptos. En Honduras, el fiscal general Johel Zelaya se negó a investigar al exdiputado que lo puso en el cargo, que es cuñado de la presidenta Xiomara Castro y a quien un vídeo compromete con dinero del narcotráfico. Y en El Salvador, el fiscal Rodolfo Delgado, puesto a dedo por el presidente Nayib Bukele, se ha encargado de despachar a una comisión internacional anticrimen que investigó al entorno presidencial por varios escándalos de corrupción, de proteger de la extradición a líderes pandilleros que pactaron gobernabilidad y votos con el mandatario, y de montar casos con testigos falsos contra líderes sociales que adversan las políticas oficialistas.
Aún faltan correos -solo el miércoles terminaron desclasificados 20,000- del asunto Epstein, y todavía es pronto para saber cuál será el efecto final en la presidencia Trump, pero, por ahora, ya es evidente que los posibles nexos del magnate neoyorquino con la red pedófila incluso levantan cejas en el partido republicano y en el movimiento MAGA, la secta ideológica fundada alrededor del trumpismo. Y también parece claro que, en estos asuntos de ocultación y uso político de instituciones públicas, lo que ocurre en Washington es muy similar a lo que lleva años sucediendo en San Salvador, Ciudad de Guatemala o Tegucigalpa.
