La detención del abogado y defensor de derechos humanos, Ramón Cadena Rámila, el pasado 10 de noviembre, tras presentarse voluntariamente ante los tribunales, ha provocado reacciones de rechazo en el ámbito internacional.
Organizaciones como Lawyers for Lawyers e ICJ denuncian “graves violaciones al debido proceso” y señalan el hecho como un nuevo acto de persecución política en Guatemala. Cadena, exdirector de la CIJ para Centroamérica, es referente en la defensa de pueblos indígenas y movimientos sociales. Su audiencia está programada para el 14 de noviembre.
Por Prensa Comunitaria
La detención del abogado y defensor de derechos humanos, Ramón Cadena Rámila, el pasado 10 de noviembre, tras presentarse voluntariamente ante los tribunales, ha provocado reacciones de rechazo y una serie de pronunciamientos de parte de organizaciones nacionales e internacionales, que señalan el hecho como un nuevo acto de persecución política en Guatemala.
Lawyers for Lawyers, International Commission of Jurists (ICJ) y la World Organisation Against Torture (OMCT), entre otras, expresaron su “profunda preocupación por la detención” y denunciaron graves irregularidades que han marcado el proceso judicial en contra de Cadena.
En esta denuncia, señalaron que Ramón Cadena fue detenido pese a su expresa disposición a someterse al proceso judicial, además, que “los procedimientos en su contra han estado marcados por graves violaciones al debido proceso” y que la audiencia de Cadena “ha sido pospuesta repetidamente, en violación de su derecho a ser juzgado en un tiempo razonable y a ser escuchado por un juez competente, independiente e imparcial”.
Cadena fue el director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ) por más de una década, y es un referente en la defensa de los derechos de comunidades indígenas, campesinas y movimientos sociales en Guatemala.
La detención de Cadena se produce en un contexto de repetición de aplazamientos de la audiencia de primera declaración, una práctica que ocho entidades españolas como L’Olivera SCCL, Fundación Privada L’Olivera, Fundación Privada Casa Dalmases, entre otras, calificaron como “práctica arbitraria y espuria que siguen determinados jueces de instrucción orientada a generar presión e inseguridad en las personas sometidas al proceso penal”.
El juez a cargo del caso, Víctor Cruz, fue señalado por las organizaciones guatemaltecas, entre ellas: la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, el Consejo de Pueblos K’iche’s, el movimiento Codeca, la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA, el Frente Norte del Área Metropolitana y Otra Guatemala Ya, por estar vinculado a casos de persecución política en el pasado. Las organizaciones indicaron que “su historial lo coloca bajo escrutinio internacional y nacional. La decadencia del sistema de justicia de Guatemala y su Ministerio Público está ampliamente documentado”.
Patrones de criminalización contra defensores
Las organizaciones internacionales sugieren que el proceso penal contra Cadena es una forma de “persecución relacionada con su trabajo como defensor de derechos humanos y el ejercicio legítimo de la profesión de abogado”. Esta situación se circunscribe en un patrón de criminalización que, según la Misión Internacional de Juristas para Guatemala, incluye:
- “Inicio de procedimientos basados en acusaciones genéricas, recurriendo frecuentemente a disposiciones penales amplias e investigaciones superfluas”.
- “Violaciones de las garantías procesales, reflejadas en demoras excesivas, suspensión reiterada de audiencias y restricción de acceso a expedientes mediante órdenes de secreto”.
- “Uso abusivo y desproporcionado de la prisión preventiva”.
Por aparte, la Convergencia Nacional de Resistencia (CNR), de la que Cadena es miembro fundador, exige “que el juez Víctor Manuel Cruz Rivera a cargo del caso, asuma su papel de juez contralor garantizando y supervisando que el Ministerio Público (MP) actúe de conformidad con la ley y respete el debido proceso”.
Exigencias al Estado de Guatemala
Ante la detención, la comunidad de defensores de derechos humanos ha elevado múltiples exigencias al gobierno de Bernardo Arévalo y a las autoridades judiciales.
Las organizaciones internacionales urgen al Estado a: “Asegurar la realización inmediata de la audiencia inicial del Sr. Cadena, sin más demoras ni obstáculos administrativos”, así como “revisar y levantar la orden de detención existente, tomando en cuenta la expresa voluntad del abogado de someterse al proceso judicial y la naturaleza desproporcionada de su detención” y “abstenerse de utilizar el sistema de justicia penal como medio de intimidación o represalia contra profesionales del derecho por el ejercicio legítimo de sus funciones”.
Además, organizaciones nacionales han exigido al Estado, que el presidente Bernardo Arévalo destituya a la fiscal general Consuelo Porras, “que el Organismo Ejecutivo constituya una comisión independiente con expertos nacionales e internacionales para investigar el accionar del MP”, y que se garantice el retorno de los refugiados guatemaltecos al país.
Cadena permanece recluido en la cárcel Mariscal Zavala, mientras espera a que se realice la audiencia de primera declaración para conocer los delitos que le imputa el Ministerio Público, el próximo 14 de noviembre a las 13:00 horas. Mientras sectores internacionales y nacionales señalan la crisis judicial que afecta a Guatemala, los defensores de derechos humanos son un “faro de esperanza en nuestros esfuerzos por la defensa de una vida digna para todos y todas”, señalaron las organizaciones guatemaltecas.
