Por Prensa Comunitaria
En 2026 se cumplirán 30 años de los acuerdos de paz y 40 del primer gobierno civil que dio inicio a la era democrática en Guatemala. Hacer una evaluación para medir el alcance y las limitaciones de estos dos procesos sería un ejercicio que nos permitiría evaluar el estado de la institucionalidad y el desarrollo social, político y económico de una sociedad que arrastra más de tres décadas de guerra y dictaduras militares. El próximo año también estará marcado por un hecho extraordinario: se renovarán una tras otra las autoridades de cinco de las instituciones más importantes del país.
Confluyen la elección de una nueva o nuevo fiscal general del Ministerio Público (MP), las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), las magistraturas de la Corte de Constitucionalidad (CC), y casi al final del año, a quien dirija la Contraloría General de Cuentas (CGC).
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Cada una de estas instituciones y su funcionamiento sistémico fue pensado para la defensa del orden democrático que permitiría la participación ciudadana y garantizar la división de poderes que nació en 1986, en el contexto de una larga guerra civil entre Estado y organizaciones insurgentes. De ahí su importancia.
Pero lo que hemos observado en los últimos 15 años es que cuatro de estas cinco instituciones -el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Contraloría General de Cuentas- han sido utilizadas por redes de poder familiar y criminal para revertir el proceso democrático y dar forma a una nueva concentración de poder con intereses bien definidos.
En el caso de la USAC, la quinta institución que se renueva cada cuatro años, el fenómeno de la cooptación institucional se expresó con nitidez con la designación del actual rector que llegó a la Rectoría excluyendo candidaturas y cuerpos de electores en la contienda de abril de 2022. Desde entonces, y valiéndose de las redes de poder ligadas a corrupción, ha promovido procesos de criminalización de la comunidad universitaria que se ha opuesto a su gestión en el gobierno universitario; ha expulsado estudiantes y frenado la renovación de decanatos, direcciones y acosado a la representación estudiantil que se le opone. Incluso ha reformado las normas internas para mantener el control hasta el momento en el que se elija a quien le suceda en la Rectoría.
De esta manera, 2026 se convierte en el centro de un tablero de disputa entre quienes buscan mantener el orden a su favor con base en el control de estas instituciones y quienes buscan recuperarlas para acercarlas a su carácter ciudadano.
Eso es precisamente lo que está en juego: mantener esas condiciones y profundizarlas o recuperar las instituciones y dotarlas de un carácter más amplio al que hemos conocido, para regresar a los fines con que fueron creadas.
Este nuevo proceso en el que se renovarán cinco instituciones, casi un examen extraordinario para la democracia, provoca duda e incertidumbre. El deseo es que sea distinto a los anteriores procesos, porque ya llevamos varios años preparándonos para ese momento. Pero esta ilusión contrasta con el enorme despliegue de medios materiales por parte de las redes familiares conservadoras que ahora, como sostiene Marta Elena Casaús, comparten el poder con las redes criminales.
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Estamos entonces ante una situación casi comparable con un fenómeno astronómico (como el paso del cometa Halley o con una alineación planetaria), que ocurre cada 50 o 100 años. Un proceso de elecciones que definirá, al menos por cinco años, la oxigenación de un orden que surgió en el contexto de una guerra desarrollada por el ejército, apoyada por élites políticas y económicas conservadoras y con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.
La renovación de autoridades en estas cinco instituciones u órganos de control que se definirán en 2026 serán la antesala a las elecciones generales, que están previstas para finales de junio de 2027 y en las que, cómo vimos en el proceso electoral de 2023, tendrán un peso determinante que será puesto a prueba nuevamente. Las nuevas autoridades en estas instituciones prepararán, definirán y controlarán los comicios generales en donde se elegirá a la nueva Presidencia y Vicepresidencia, 160 diputados al Congreso de la República, 340 alcaldes municipales y 20 diputaciones al Parlamento Centroamericano.
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Para Prensa Comunitaria es importante aportar una mirada del proceso de cada una de las cinco elecciones, porque su (re) configuración se convertirá en un eslabón para los comicios electorales de 2027 y al mismo tiempo de forma indirecta mostrará el estado del sistema democrático que en 2026 cumplirá 40 años.
Con esas coordenadas, nos hemos planteado con el proyecto Los Juegos del Caos entender y explicar la dinámica y las claves de cada proceso de elecciones de 2026. Para ello, daremos cobertura y propondremos una visión con productos periodísticos en diferentes formatos para que lo que contemos encuentre un espacio de discusión en todas las personas que nos acompañen con su lectura y con sus comentarios.
Al final de los más de seis meses que dura el proceso de renovación de autoridades de segundo grado podremos mostrar una foto instantánea de cómo se reconfiguraron las cinco instituciones, quiénes las dirigirán, y cuál es el escenario de la democracia en Guatemala para los próximos cinco años.
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Como siempre, nuestra mirada y trabajo encuentra su centro en los territorios del país, donde las instituciones que se renovarán han funcionado como parte de un dispositivo de criminalización de la movilización social, del despojo de los recursos naturales y la tierra y de legitimación de la desigualdad en la población. Y también funcionan como administración de los intereses de las redes de poder local que utilizan alcaldías y diputaciones para garantizar sus intereses en interacción con gobiernos de turno, sistema de justicia, empresas transnacionales y grupos ilícitos.
En varios casos documentados, estas instituciones han implementado su poder a través de la violencia, en ocasiones expresada en mensajes de funcionarios, en otras a través de resoluciones judiciales, generando impunidad para imponer intereses particulares nacionales y globales sobre los derechos colectivos de la población indígena.
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Con la cobertura de cada una de las cinco elecciones, queremos que la comunidad lectora de Prensa Comunitaria se pueda aproximar a explorar temas de coyuntura, con la vista en el horizonte y en clave histórica.
Al centro del debate actual sigue estando vigente la idea de construcción de un Estado democrático, como al inicio de 1986. Quizá no con los mismos valores que las élites que acordaron la implantación de la democracia le impregnaron y, que en buena medida explican el desencanto y las claves de su deterioro, sino dotándola de un carácter popular, como se evidenció con la movilización social de los pueblos indígenas de los 106 días que complementó, con su ejercicio democrático en clave comunal, los valores con los que surgió la democracia guatemalteca.
Además, hay que subrayar que, desde su origen, la democracia en el país pudo concretarse con la movilización de organizaciones de víctimas de la guerra, de trabajadores, indígenas y mujeres que se movilizaron aun en condiciones de dictaduras militares en demanda de garantías democráticas y el respeto por los derechos humanos, que ya en democracia se expandió a través de las conquistas sociales y económicas que la misma población guatemalteca se procuró.
La diferencia actual radica en que hace 40 años el deterioro de las sociedades democráticas, un fenómeno que se expresa a escala global y que se ha ido profundizando por el ataque de los sectores autoritarios y conservadores, que buscan reinstalar el statu quo frente a la democracia.
