Pobladores de varias comunidades de la microrregión 7 del municipio de Ixcán, Quiché, temen que la construcción de un puente vehicular valuado en Q5 millones —financiado con fondos del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE)— quede inconclusa por la injerencia de algunas autoridades municipales.
Hasta el pasado 18 de noviembre, la empresa encargada del proyecto no había recibido el pago por los trabajos realizados, y tanto el alcalde municipal como dos integrantes del concejo habrían intentado frenar la obra.
Por Joel Pérez
En Ixcán, Quiché, al norte del país, las comunidades de Zunil y Mónaco llevan más de una década impulsando la construcción de una carretera que conecta ambas comunidades con la cabecera municipal. Pese a los avances, nunca habían logrado levantar un puente formal sobre el río Pescado, que cruza la ruta financiada con aportes propios de los vecinos.
Tras años de gestiones, en 2024 se asignó un fondo extraordinario del CODEDE por Q5 millones para la construcción del puente. Sin embargo, hasta el 18 de noviembre la empresa constructora no había recibido el desembolso correspondiente.
En la Asamblea del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) del 18 de noviembre celebrada en Ixcán, la coordinación del COCODE de segundo nivel de la microrregión 7 denunció que la falta de pago responde a una orden del alcalde municipal, quien, junto a un concejal y un síndico, habría intentado suspender la obra que conectará a Zunil y Mónaco.
La construcción inició en abril y, según Viviano Matías, integrante del comité pro carretera de Zunil, el avance físico ronda el 40%. “Solo han recibido el anticipo que les corresponde”, afirmó.
Durante la asamblea, Geovanny Camposeco, coordinador del COCODE de segundo nivel, señaló que el alcalde, el concejal José Domingo Medina y el síndico Arnoldo Véliz “han hostigado y amenazado” a autoridades comunitarias con detener la obra. Los funcionarios argumentan supuestas inconsistencias en las bases del proyecto, las cuales —según Camposeco— son falsas.
La versión de las autoridades municipales
De acuerdo con los comunitarios, las autoridades han sostenido en reuniones previas que la falta de pago responde a tres supuestos problemas: que el puente se estaría construyendo en un terreno sin certeza jurídica, que el área pertenece a la jurisdicción del municipio de Barillas, Huehuetenango y que la obra se ejecuta en una zona sin acceso vehicular.
Ante estas objeciones, las autoridades comunitarias intentaron resolver el conflicto a nivel municipal sin éxito. Temiendo la pérdida del proyecto, viajaron junto al alcalde a Santa Cruz del Quiché para reunirse el 17 de noviembre con el gobernador departamental, Hernán Carlos Ríos, y aclarar la situación.
En esa reunión, los pobladores presentaron documentación que —aseguran— desmiente los argumentos de las autoridades municipales. Por ello, durante la asamblea del COMUDE exigieron a los funcionarios no entorpecer este ni otros proyectos en el municipio.
La construcción del puente se realiza con fondos extraordinarios del CODEDE asignados a finales de 2024 por un monto de Q5 millones y su ejecución recae en la municipalidad de Ixcán.
Tras el pronunciamiento comunitario, el alcalde Roberto Sub insistió en que no era necesario hacer pública la situación y manifestó su desacuerdo en que el proyecto se ejecute sobre una carretera que, según dijo, aún no está concluida formalmente.
Los pobladores respondieron que la carretera de 7 kilómetros tiene un avance superior al 70% y ha sido levantada con fondos comunitarios, aunque en el periodo municipal anterior recibió más de un kilómetro de balastrado.
Empresa no ha recibido el pago
Los vecinos temen que la falta de pago a la empresa conduzca a la suspensión o paralización total del proyecto, por lo que exigen que se garantice su continuidad.
Además, documentos compartidos a este medio indican que el 31 de octubre se emitió el segundo aporte del CODEDE para el proyecto; sin embargo, hasta el 18 de noviembre no había sido trasladado a la empresa.
Concejal ausente en el COMUDE
Mientras se discutía el tema, el concejal Domingo Medina —uno de los señalados— estuvo ausente. Llegó al finalizar el debate y justificó su demora alegando compromisos profesionales.
En su intervención dijo tener dudas sobre la documentación del proyecto y que, para evitar sanciones futuras, solicitó información completa a la Dirección Municipal de Planificación en ejercicio de su función fiscalizadora.
Hasta ahora, los pobladores no han presentado denuncias ante instancias judiciales porque temen que ello afecte el avance de la obra. Por el momento, insisten en resolver los obstáculos mediante el diálogo.
