El Congreso de la República aprobó una iniciativa de ley para declarar terroristas a pandilleros, endureciendo las penas por los delitos que cometan a quienes se señala de integrar estos grupos delictivos. Además, los diputados incluyeron reformas para inmovilizar sus cuentas bancarias. Expertos señalan que la aprobación de “leyes de mano dura” en Centroamérica han generado que la problemática se agrave.
Por Rony Ríos
El Congreso de la República aprobó el decreto 11-2025 al que se le ha denominado Ley Antipandillas. La nueva ley fue aprobada con 143 votos a favor y en mitad de la crisis que enfrenta el Ejecutivo por la fuga de 20 reos de alta peligrosidad y líderes del Barrio 18.
La nueva legislación plantea reformas a varias leyes y se declara terroristas a los integrantes de pandillas y endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras delictivas. Pero de lo que no se habla en la nueva norma es de las condiciones que las generan.
Aunque la semana pasada el Congreso ya había avanzado en su aprobación, el martes se conocieron algunas modificaciones que, según los diputados, impediría que la ley sea utilizada contra los comerciantes informales y se limite exclusivamente a castigar a las pandillas como la Mara Salvatrucha y el Barrio 18.
Con esta aprobación los “imitadores” también se verán afectados, ya que la iniciativa de ley contempla que las sanciones no serán únicamente aplicadas a pandilleros, sino que a quienes se hagan pasar por integrantes de estos grupos delictivos para cometer un delito e intimidar a las víctimas se les aplicarán penas similares a la de quienes se les considere pandilleros.
Dentro del endurecimiento de las medidas contra los pandilleros se incluyó un artículo contra las personas que extorsionen, ya que si son declarados culpables de la comisión de “obstrucción extorsiva de tránsito” serán condenados a entre 18 y 24 años de prisión (esto incluye el aumento de un tercio de la pena por pertenecer a pandillas).
En ese mismo artículo fue incluido un párrafo relacionado con la inmovilización “precautoria” de productos financieros, incluidas las cuentas bancarias de las personas vinculadas a proceso penal, es decir que, una vez ligados a proceso por este delito, un juez puede suspender estos bienes. Según los congresistas, esta medida se da para disuadir el uso del sistema bancario para actividades ilegales.
Contra la trata
En el decreto 11-2025 también se incluyeron sanciones en contra de quienes recluten a los menores de edad, con penas de entre 14 y 18 años de prisión.
Sin embargo, el endurecimiento de estas penas no sería suficiente para el combate de la delincuencia organizada, ya que, en opinión del director académico de Diálogos, Daniel Núñez, esta problemática se debe de abordar de forma integral.
Núñez explicó que tradicionalmente la aprobación de “leyes de mano dura” en Centroamérica han generado que la problemática se agrave. “Hay que recordar que en al principio eran grupos de delincuencia locales que se conocieron y fortalecieron en las cárceles”, indicó.
Una vez aprobada la iniciativa, el presidente Bernardo Arévalo envió un mensaje a través de sus redes sociales para decir que “esta Ley les dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada”.
Involucramiento del SP
Otro de los artículos de este decreto fue la ampliación de obligaciones para el Sistema Penitenciario (SP), ya que, a partir de la aprobación, el SP deberá tener una base de datos actualizada de todos los reos bajo su resguardo, especificando sexo, edad, tipo de delitos que cometieron, lugar de origen, comunidad lingüística e indicar si pertenecen a alguna pandilla.
Además, fue incluido un artículo para impedir que los pandilleros puedan acceder a drones o cualquier tipo de tecnología de información. Esto se dio a través de la modificación al artículo 33 de la Ley del Régimen Penitenciario.
La normativa también incluyó a los guardias o miembros del SP que cometan algún tipo de coacción, la pena se incrementará en dos terceras partes de la pena impuesta por el juez.
En tanto, el director de Diálogos dijo que, aunque la ley aborda un poco el tema penitenciario y de prevención se debe profundizar en estos aspectos porque se podría generar el incremento en el hacinamiento en las cárceles.
Núñez dijo que se contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, pero que se debe profundizar en las reformas al SP y fortalecer la prevención del delito porque muchos de los pandilleros provienen de zonas marginadas, sin acceso a empleo, de familias fragmentadas y hay que abordar esas problemáticas estructurales.
Asimismo, Núñez consideró que cuando la ley se ponga en práctica será cuando se pueda observar de mejor manera la funcionalidad de la ley. “En Guatemala tenemos una cultura de ‘huisachismo’ y hay que ver cómo se interpreta la ley que busca atender una problemática que nos afecta a todos y que no se pierda el espíritu de la misma”, sentenció.
