Este octubre las autoridades indígenas y ancestrales Maya Q’eqchi’ conmemoran el cuarto aniversario de la resistencia antiminera que se instaló en la carretera nacional de El Estor y continúan exigiendo justicia por la represión del Estado guatemalteco y de las empresas.
Las escenas de miles de agentes policiales, antimotines y militares reprimiendo a cientos de hombres y mujeres Q’eqchi’ en El Estor siguen estando presentes en la memoria de muchas personas. Aquella larga fila de agentes de la seguridad del Estado guatemalteco escoltando decenas de camiones de las dos empresas mineras que operaban en esa región del Caribe guatemalteco siguen siendo grotescas.
Por Juan Bautista Xol
Después de cuatro años de la represión en contra del pueblo de Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, la criminalización aún persiste en contra de tres autoridades ancestrales del área sur que formaron parte de la resistencia anti minera en 2021.
Forman parte de la comunidad Chapín Abajo, en el área sur de este municipio, estas comunidades mayoritariamente afectadas por la industria de la palma de aceite que decidieron en 2021 unirse a la resistencia antiminera, señalan que las amenazas de asesinato en contra de ellos son constantes y la vida de sus familias peligra.
El 25 de octubre la Gremial de Pescadores Artesanales, que mantiene un rol importante de la resistencia anti minera, sus directivos también ha sido víctimas de la criminalización. Durante la represión en 2021 sus casas fueron allanadas, sus familias fueron retenidos contra la fuerza, algunas de estas personas fueron golpeadas e insultadas por los agentes de la seguridad del Estado. Misma suerte tuvieron que pasar tres periodistas comunitarios de Prensa Comunitaria y parte del equipo de la Radio comunitaria local.
Cuatro años después, los directivos de la gremial se reunen con las autoridades indígenas de esa comunidad para recordar la fecha en que el pueblo de El Estor fue atacado con gases lacrimógenos por la fuerza policial, tras un desalojo ilegal ordenado por el gobierno de Alejandro Giammattei a solicitud de las empresas, en un operativo que fue acompañado por el ejército de Guatemala y helicópteros que sobrevolaban encima de la población mientras esta era reprimida.
Como muestra de solidaridad con la comunidad de Chapín Abajo y con las autoridades ancestrales, la Gremial de Pescadores convocó para esta fecha al nuevo grupo de jóvenes danzantes, para alegrar el día a las familias con la danza del venado.
La presentación de la danza duro cinco horas, las familias se concentraron en el campo de fútbol para presenciarlo, algunas abuelas expresaron que llevaban alrededor de 30 años de no presenciar la danza. Mientras tanto la directiva de la Gremial de Pescadores y las Autoridades Ancestrales se reunieron en la vivienda de Pedro Cuc, dirigente y autoridad ancestral de Chapín Abajo, donde conversaron sobre los desafíos que enfrentan las comunidades en el sur de El Estor.
Vea aquí la cobertura de octubre de 2021: El fin de semana que el Estado de Guatemala se tomó por la fuerza El Estor para mantener funcionando la mina rusa
Respaldo a las autoridades criminalizadas
Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores, manifestó que la visita en la comunidad es para recordarles a las autoridades que no están solos y solas, que el pueblo Q’eqchi’ de El Estor respalda sus luchas.
Pedro Cuc, una de las autoridades ancestrales criminalizadas, manifestó a Prensa Comunitaria que durante cuatro años ha permanecido en resguardo por su familia.
Prensa Comunitaria pudo constatar que Pedro Cuc no tiene la libertad de movilizarse por el riesgo y la amenaza que vive a diario de ser detenido o el riesgo que su integridad pueda correr debido a la conflictividad con el tema de la palma de aceite en la región.
Lea el reportaje aquí:
Sus tres hijos y su esposa Alba Tox tuvieron que dedicarse a la pesca artesanal para poder sostener a la familia mientras que él aprovecha el verano para poder cultivar maíz detrás de su vivienda.
A pesar de estar enfrentando la criminalización que le genera perdidas en su economía, angustia y dificultades emocionales que le afectan junto a su familia y el hecho de no poder salir de su comunidad, Cuc expresa que no se arrepiente de iniciar su lucha en la defensa del medio ambiente y en la recuperación de sus tierras que fueron despojados a sus padres.
La autoridad indígena responsabiliza al Estado de Guatemala y a las empresas NaturAceites y Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN PRONICO), de formar una alianza para poder perseguirlos, manipulando a comunitarios de otras comunidades para confrontarlos y generar la división comunitaria.
“La criminalización inicia cuando empiezo a levantar la voz en contra de las empresas de monocultivo de palmas y mineras que dañan a las comunidades que se encuentran en el área de influencia, no me arrepiento, persisto e insisto para que nos den el derecho humano” detalló.
Comunidad lucha por su propio desarrollo
Durante la visita en la comunidad se pudo observar el respaldo de las familias hacia sus autoridades ancestrales. Las mujeres manifestaron que sus luchas son para garantizar la vida de sus hijos y defender los recursos naturales que los alimentan.
Aseguran que hace cuatro años no contaban con tierra donde cultivar, pero la recuperación de esta permitió que cada familia de la comunidad tuviera sus lotes para sembrar maíz, plátano, chile, entre otras plantas, los cuales comercializan en otras comunidades o en la cabecera municipal.
Cuc recordó que la recuperación de sus tierras se debió por dos razones, uno por la escasez de peces causada por la contaminación del lago de Izabal, ocasionado por las mineras que extraen el níquel y la necesidad de cultivar ya que, la comunidad Chapín Abajo está ubicada a orillas del lago Izabal y permanecen aisladas por la empresa de palma. La expansión del monocultivo comenta que se debió por la manipulación que hizo NaturAceites en las comunidades indígenas cambiando tierras por empleo.
Manifiesta que en el inicio de su lucha por la recuperación de la tierra, recibió varias ofertas de viviendas, empleo e incluso dinero, la cual los rechazó por el bien de su comunidad.
La vida de los dirigentes criminalizados
Pedro Choc y Mariano Choc, también criminalizados y con órdenes de captura, indicaron que, aunque quisieran no pueden salir de la comunidad ni practicar la pesca artesanal en el lago Izabal, debido a que hay personas particulares que los siguen y por temor a cualquier represalia evitan exponerse.
Ambas autoridades manifestaron que los derechos de las comunidades indígenas son violentados constantemente, mientras que los terratenientes y dueños de las empresas tienen acceso a la vida libre.
Las autoridades recordaron con enojo que en diciembre del 2022, un año después de la represión en El Estor, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, el entonces gobernador de Izabal, Héctor Alarcón, usó la fuerza policial para intentar detener a las tres autoridades. La fueza pública arrojó gases lacrimógenos a la comunidad y varias personas fueron heridas e intoxicadas.
Afirman que Alarcón es quien dio la orden para desalojar a la resistencia anti minera en el 2021, sin importarle la integridad física de las personas entre las que había mujeres, niñez y personas de la tercer edad que resultaron lastimadas e intoxicadas por los gases lacrimógenos.
“No podemos salir a realizar lo que queremos porque nos persiguen, estos cuatro años nos ha costado la vida , vivimos encarcelados en nuestra propia comunidad”, agregaron.
Mientras que los representantes de la Gremial de Pescadores indicaron que el pueblo de Q’eqchi’ de El Estor, no se olvida del daño que ocasionó el Estado de Guatemala en el 2021, allanando las viviendas de defensores de derechos humanos, pescadores, periodistas, radio comunitaria, hasta obligar a los mismos a salir de sus lugares para resguardar sus vidas.
Ese año, tras la imposición de una consulta ilegal usando un Estado de sitio, el exministro Alberto Pimentel Mata validó la consulta comunitaria, militarizando el municipio para evitar la movilización ciudadana que no fue consultada por el proyecto minero Fénix. El Ministerio de Energía y Minas MEM, a pesar de las denuncias de corrupción en el sector minero mantienen como validad dicha consulta.
