La Sala de Mayor Riesgo devolvió una finca en Zaragoza y Q1.4 millones a Vista Servicios Electrónicos S.A., vinculada a Otto Pérez Molina. Los magistrados suplentes González, Mancilla y López aceptaron el recurso, en la misma Sala que antes liberó bienes de Miguel Martínez.
Por Alexander Valdéz
La Sala Segunda de Mayor Riesgo aceptó una apelación promovida por la empresa Vista Servicios Electrónicos S. A. y devolvió una finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, vinculada al expresidente Otto Pérez Molina, así como una cuenta que contiene Q1.4 millones.
El recurso legal fue aceptado por los magistrados suplentes Jaime González, Belter Mancilla y Otilio Benjamín López. Esta es la misma Sala, aunque con titulares, que levantó el embargo a una propiedad vinculada al exjefe del desaparecido Centro de Gobierno, Miguel Martínez.
Por ahora, queda sin efecto la resolución del juez Delmar González, del Juzgado de Extinción de Dominio, quien había ordenado la extinción y el traspaso de la propiedad a favor del Estado, después de determinar que su origen era ilícito.
Durante el debate de extinción se evidenció que el valor de la propiedad oscila entre los Q19.08 y Q21.20 por metro cuadrado, que daría un total de Q16 millones 648 mil. Según la investigación, el terreno abarca unas 16.79 hectáreas y está registrado a nombre de la empresa Vista Servicios Electrónicos, S.A. En el interior del inmueble se encontraron caballerizas, un helipuerto y extensos cultivos de aguacate.
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Doble beneficio judicial
La semana pasada, el Juzgado de Mayor Riesgo “B” aceptó una “revocatoria de beneficios penales” en contra del expresidente Pérez Molina, quien en 2023 aceptó su responsabilidad en el caso Cooptación del Estado. Sin embargo, la decisión judicial lejos de endurecer su condena, terminó favoreciéndolo al permitirle evadir el pago de una reparación digna al Estado de Guatemala (Q4 millones) y mantener su libertad.
En ese caso, el expresidente condenado inicialmente por fraude y cohecho pasivo, recibió un aumento simbólico de un año de prisión, elevando su pena total a nueve años. No obstante, esta condena sigue siendo conmutable mediante el pago de Q25 diarios, tal como lo establece la legislación.
El Ministerio Público había solicitado la revocatoria argumentando que el expresidente incumplió con las condiciones impuestas, entre ellas la reparación económica al Estado. Sin embargo, el juzgado optó por no modificar sustancialmente su situación, y únicamente se le aumentó la pena de prisión que podrá evadir al pagar la conmuta.
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