En Guatemala no escasea el agua pero millones de personas no tienen acceso a la misma

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Créditos: Human Rights Watch urge a Guatemala a aprobar una ley de aguas en un informe. Foto Meme Solano
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

A pesar de no existir escasez de agua en Guatemala, millones de personas no tienen acceso a agua potable, una situación que se agrava en las comunidades indígenas. Un informe de Human Rights Watch (HRW) aborda las consecuencias de esta problemática en la salud de las comunidades indígenas e insta al Estado a aprobar una ley de aguas, una materia pendiente en el país por 40 años.

Por Regina Pérez

La falta de acceso al agua potable y las falencias en los servicios de saneamiento en Guatemala pone a millones de personas en riesgo, especialmente a mujeres y comunidades indígenas según un informe de Human Rights Watch (HRW) que llamó al Estado a aprobar una ley de aguas.

El informe “Sin agua no somos nada. ¿Por qué Guatemala necesita una ley de aguas?” retrata la realidad que viven familias rurales en los departamentos de Totonicapán, Santa Rosa y Jalapa donde fueron entrevistadas 108 personas.

A pesar de que el problema de Guatemala no es la escasez de agua, millones de personas no tienen acceso a la misma o incluso tienen que dedicar largas horas del día para recolectarla. Esta es una tarea en la que principalmente se involucran mujeres y niñez.

“El problema de agua en Guatemala no es de disponibilidad, Guatemala tiene más agua dulce que el promedio global, en ese sentido no hay una escasez sino que no están dados los mecanismos regulatorios y de infraestructura para que la población pueda tener acceso a este derecho humano” señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.

El promedio per cápita de agua en Guatemala es de 7.167, muy por encima del umbral de escasez de agua calculados en 1.700 metros cúbicos y 1000 metros cúbicos al año.

En el país, el 40 % de la población no tiene acceso a agua corriente en sus casas y depende de pozos, ríos, lagos o agua de lluvia para satisfacer sus necesidades básicas, lo cual supone graves riesgos a la salud.

En Guatemala, el 90 por ciento de las aguas podrían estar contaminadas. Foto Francisco Simón

Sumado a eso, el 90 % de las aguas están contaminadas, según el mismo gobierno. “La falta de tratamiento de aguas residuales está asociada a procesos de contaminación que luego tiene impactos en la salud” dijo Goebertus.

La gran mayoría de aguas residuales se vierten directamente al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento, según el informe.

Consecuencias en la salud por falta de acceso al agua

De acuerdo con el informe, el acceso inadecuado al agua y saneamiento repercute gravemente en la salud. En 2019, la tasa de mortalidad atribuida a la exposición de servicios de agua, saneamiento e higiene inseguros alcanzó la cifra de 15.3 muertes por cada 100 mil habitantes, más del doble que otros países de Centroamérica.

“El acceso limitado al agua y al saneamiento contribuye a la desnutrición crónica infantil, que afecta a casi uno de cada dos menores de cinco años en Guatemala, una de las tasas de desnutrición crónica más altas del mundo. Guatemala también tiene la tasa de mortalidad de menores de cinco años más alta de Centroamérica. La diarrea, frecuentemente provocada por agua o saneamiento insuficiente o inseguro, es responsable de casi el 8 % de estas muertes” señala el documento.

Otro hallazgo del informe es la correlación que muestra que hogares sin inodoro y sin red de drenajes, tienen un 70 % más de probabilidades de padecer algún tipo de inseguridad alimentaria.

La falta de acceso a agua potable repercute en la salud de la población, según informe. Foto Meme Solano

En general son las comunidades indígenas las que tienen menor acceso a servicios de agua y saneamiento en comparación con la población no indígena. Más del 75 % de la población indígena en el país vive en la pobreza en contraste con el 44 % de la población no indígena, según la ENCOVI de 2023.

La necesidad de una ley de aguas

Una de las recomendaciones del informe al gobierno es aprobar una ley de aguas, una legislación pendiente desde hace 40 años. “Contemplar el derecho humano al agua como parte del desarrollo de lo que está en la Constitución será un paso fundamental” afirmó Goebertus.

Son varios aspectos que una ley de aguas debería contemplar, entre estos establecer un sistema regulatorio y financiero que permita el acceso al agua para todas las personas.

También establecer un régimen de sanciones para quienes contaminan el agua o desvían ríos “tener esas instituciones de verificación es fundamental, de lo contrario vamos a tener los procesos de contaminación extensiva del agua en Guatemala”.

Otro punto es que se deberían establecer protecciones procesales y sustantivas para las comunidades indígenas, protegiendo sus usos y costumbres, siendo conscientes de que históricamente han sido afectadas por la falta de acceso al agua.

“El gobierno ya se comprometió a presentar ante el Congreso una iniciativa de ley de aguas, que bien diseñada, podría ser un paso fundamental para asegurar una gobernanza eficaz del agua y garantizar los derechos humanos de acceso al agua potable y saneamiento” señaló HRW.

Durante esta semana, Goebertus se reunirá con autoridades estatales, miembros del Congreso, comunidades indígenas y del sector privado para contarles las recomendaciones y buscar consenso en torno al desarrollo de la ley de aguas.

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