La Corte de Constitucionalidad rechazó el amparo provisional de la FECI contra Blanca Alfaro, magistrada del TSE, a quien señala de irregularidades en el resguardo de actas electorales. Los magistrados consideraron que no había fundamentos para suspender la resolución de la CSJ, que protegió su inmunidad.
Por Alexander Valdéz
El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó la solicitud de la fiscal de la FECI, Leonor Morales, para suspender la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, sin entrar a conocer, rechazó el pedido de retiro de inmunidad en contra de la magistrada y presidenta en funciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro. A la magistrada se le acusa de obstaculización a la acción penal e incumplimiento de deberes por resistirse a entregar las cajas con actas electorales en 2023, un caso relacionado al caso Semilla.
Los magistrados evaluaron un amparo provisional solicitado por la fiscal, pero determinaron que no era viable concederlo. Esto, pese a que Morales argumentó que durante los allanamientos relacionados con el caso Semilla, en los que se incautaron actas electorales en 2023, Alfaro “habría incurrido en irregularidades en el resguardo de las cajas, incumpliendo la normativa legal aplicable a su custodia”.
Según el Ministerio Público, en las cajas electorales no se encontró la copia del acta 4, fundamental para registrar los votos obtenidos por los candidatos. Además, durante el allanamiento del 12 de septiembre de 2023, se habría comprobado que como “garante de la pureza del proceso electoral, Alfaro pudo haber violado la ley al no asegurar la uniformidad en los formatos empleados”.
No obstante, los magistrados de la CC consideraron que no existían fundamentos para acceder a la petición de la FECI, por lo que mantuvieron la resolución de la CSJ. En su fallo, la CC señaló: “Resolviendo la petición formulada en el escrito originario, esta Corte considera que las circunstancias no justifican el amparo provisional solicitado, pues no se cumplen los supuestos del artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En consecuencia, se deniega la medida. III) Se reconoce como tercera interesada y parte en este proceso a Blanca Odilia Alfaro Guerra”.
Revés para la FECI
En abril, la solicitud de la FECI fue denegada in limine, es decir, el pleno de la Corte Suprema de Justicia no analizó el fondo de la acción de la FECI contra Alfaro, al considerarla espuria o política.
Cuando presentó el antejuicio, el Ministerio Público señaló que la magistrada “obstruyó, agredió física, verbal y psicológicamente a fiscales mujeres” durante una diligencia de allanamiento en el ente electoral en la que se buscaba incautar las cajas con las actas de los resultados de los comicios de ese año.
Este allanamiento de la FECI fue considerado en 2023 como un intento de golpe de Estado. El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras, realizó un allanamiento de más de 30 horas en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ubicada en la zona 2 de la capital. Alfaro, junto a los magistrados Gabriel Aguilera y Mynor Custodio, intentó impedir que el MP se llevara las actas electorales que habían sido marcadas como evidencia en una investigación declarada en “reserva total”.
En esa ocasión, los magistrados argumentaron que estaban defendiendo “la voluntad del pueblo” y, por ello, se opusieron a la incautación de las cajas que contenían dichos documentos.
Las cajas con el material electoral fueron colocadas en al menos tres picops. Una vez que el MP abandonó el lugar, Alfaro permitió que los medios de comunicación presentes grabaran cómo habían sido violadas las bolsas que resguardaban los documentos originales número 4 que llenaron las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el 25 de junio cuando se realizó la primera vuelta. Y el documento 8 que contiene los resultados finales revisados y registrados por las Juntas Electorales Departamentales (JED).
Alfaro denunció que los documentos incautados por la FECI correspondían a las elecciones generales del 25 de junio y afirmó: “Se llevaron los documentos que garantizan la transparencia del proceso electoral”.
Aunque la FECI dijo que devolvería la documentación al siguiente miércoles, la magistrada enfatizó que la cadena de custodia ya había sido vulnerada, comprometiendo la integridad de las pruebas.
A raíz de esa diligencia vinculada al Caso Semilla y con la que se buscaba evitar la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, actualmente los fiscales y el juez encargados del caso enfrentan sanciones en Canadá, Estados Unidos y Europa.
Acá otra nota que puedes leer:
CSJ rechaza solicitud del MP para investigar a Blanca Alfaro por dos delitos
