Durante la conferencia de prensa la ministra de ambiente Patricia Orantes señaló que hasta el 30 de julio se conocerán las sanciones administrativas tanto a las empresas y a las personas que emitieron las licencias mineras, pero no quiso a adelantar si las mismas serán cancelados. Las comunidades esperan que este gobierno cancele las licencias mineras en este municipio del Caribe guatemalteco.
Por Simón Antonio Ramón
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) determinó a través de un análisis que ocho licencias de exploración y dos de explotación minera ubicadas en la Sierra Santa Cruz, en el municipio de Livingston, tienen irregularidades. Estas fueron otorgadas en 2023 en el gobierno de Alejandro Giammattei, sin embargo, la ministra de ambiente Patricia Orantes evitó decir si las mismas serán canceladas.
En una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, Orantes señaló que la investigación sobre dichas 10 licencias inició a partir de una citación en el Congreso de la República con diputados distritales de Izabal, el MARN, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y autoridades de las 54 comunidades de Livingston, en donde se comprometió a investigar si el procedimiento por medio del cual se otorgaron las licencias siguió el debido proceso, el compromiso de la ministra se extendió a realizar una inspección en terreno en donde están ubicados los proyectos.
“La mayoría de los proyectos obviaron el requisito pedido por el reglamento de evaluación y control ambiental de tener la opinión de la Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Izabal (AMASURLI)”, señaló la funcionaria al mencionar una de las irregularidades encontradas.
Empresas mineras en Livingston obviaron requisitos 🚩
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló que la mayoría de proyectos de exploración en Livingston obviaron requisitos del reglamento de evaluación ambiental y en dos proyectos de explotación la empresa obvió hacer… pic.twitter.com/DJM0lcOJvn
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) June 20, 2025
La jefa de la cartera también señaló que una de las empresas no realizó el segundo edicto en idioma Q’eqchi’. A eso se suma que los ocho proyectos de exploración que obtuvieron la licencia obviaron la opinión del MEM, un requisito indispensable.
Las empresas propietarias de las licencias ambientales son Río Nickel, S.A. y Nichromet, subsidiarias guatemaltecas de Central American Nickel (CAN), una empresa creada en Canadá y que recientemente reactivó actividades en el último año del expresidente Giammattei.
Fue precisamente durante el gobierno del expresidente Giammattei que las empresas mineras ruso suizas que operan en el departamento de Izabal fueron sancionadas con la Ley Magnitsky por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señaladas de beneficiarse de la corrupción en el sector minero para obtener licencias. De esa cuenta el exministro de minería Alberto Pimentel Mata, su esposa Ana Isabel Carrillo Fabián, el exviceministro de minería Oscar Pérez Ramírez y el exministro de Gobernación Gendri Reyes también fueron sancionados por corrupción por los Estados Unidos en 2023.
Los hallazgos del MARN
Durante la inspección en terreno se descubrió que las empresas estaban operando ilegalmente a 10 metros de profundidad por lo que se presentó una denuncia el pasado 19 de junio.
“Encontramos tres proyectos con calicatas abiertas (excavaciones en el suelo) para explotar, eso es abiertamente ilegal, porque ninguno de los 10 proyectos cuenta con autorización del Ministerio de Energía y Minas para explorar ni para explotar”, dijo la ministra. Estos hallazgos fueron informados a los pobladores y a las empresas según la cartera.
Para el abogado ambientalista Rafael Maldonado, el MARN está tardando en tomar acciones ante los hallazgos de la investigación.
“Cuando realizó las inspecciones en mayo y encontró que había riesgos ambientales y violaciones al derecho de un ambiente sano, el artículo 31 de la Ley de Protección y mejoramiento del Medio Ambiente, establece que una de las sanciones es la suspensión inmediata y eso se robustece con la Ley de Cambio Climático que tiene dos principios que el Ministerio de Ambiente debe considerarlo, que es el In dubio pro natura que la duda favorece a la naturaleza”, señaló el abogado.
A decir de Maldonado, la comunicación del MARN ha sido ambigua y confusa sobre su papel y el del MEM, con la fase en que están estas licencias. Ya que al momento que inicia el trámite de explotación se debe iniciar el proceso de consulta obligatoria a partir de la sentencia del pueblo Xinka en el año 2018, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) prohibió al ministro de Energía y Minas, emitir una licencia de explotación sin consulta previa.
“No puedo adelantar qué va a suceder”
En la reunión del 18 de junio en Livingston el viceministro Rodas se comprometió con la población de que el próximo 30 de julio, el MARN emitirá otro informe de las consecuencias legales y administrativas que tienen los incumplimientos que encontraron.
Orantes por su parte indicó que “la cancelación no es la única posibilidad, hay sanciones, suspensiones de licencias, hay multas, hay delitos que pueden investigar el MP. Pusimos una denuncia ayer en el MP, no puedo adelantar qué va a suceder, es como adelantar cual es el resultado de una sentencia tras un juicio”, afirmó la ministra sobre las posibles consecuencias de las irregularidades en las licencias ambientales.
Empresas mineras en Livingston obviaron requisitos 🚩
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló que la mayoría de proyectos de exploración en Livingston obviaron requisitos del reglamento de evaluación ambiental y en dos proyectos de explotación la empresa obvió hacer… pic.twitter.com/DJM0lcOJvn
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Al preguntarle sobre las acciones que realiza el MEM en Livingston, el ministro Víctor Hugo Ventura respondió “no hemos dado ninguna licencia, me parece que lo que podría estar causando el ruido son algunos agentes que pudieran estar haciendo una actividad ilegal”.
Protestas y represión en Livingston
El pasado 16 de junio el MARN informó a todas las partes, pobladores y empresa, sobre los hallazgos de la inspección de campo realizada en mayo pasado. En esa reunión, estuvieron presentes los tres diputados distritales de Izabal. Los ministros no acudieron de manera presencial y Orantes dijo que lo importante fue que cumplieron con el compromiso de entregar el informe.
Sin embargo, la ausencia de Orantes y Ventura provocó que las comunidades tomaran la ruta principal a Petén, debido a que en el informe el MARN no fue claro en informar si estas se cancelarían o no.
Tras más de 48 horas de toma el miércoles 18 de junio, se presentó el viceministro de Ambiente, Rodrigo Rodas, a dialogar con los representantes de las comunidades en la subalcaldía de Livingston, Izabal.
En la reunión, la principal demanda al MARN fue la cancelación de las licencias. Según Orantes, aunque escuchan esta demanda, necesitan seguir el debido proceso: “los derechos otorgados no se quitan solamente por presiones sino hay que seguir el debido proceso”.
Mientras el viceministro Rodas conversaba con los dirigentes comunitarios, otro grupo de pobladores, que según la ministra eran ajenos a la resistencia, se acercó al lugar y cortó la energía eléctrica. Afirman que también realizaron destrozos a vehículos institucionales, los videos fueron exhibidos en la conferencia de prensa. Es por ello que según las autoridades tuvieron que intervenir las Fuerzas Especiales de Policía (FEP) de la Policía Nacional Civil (PNC) con gases lacrimógenos.
Empresas mineras en Livingston obviaron requisitos 🚩
La ministra de Ambiente, Patricia Orantes, señaló que la mayoría de proyectos de exploración en Livingston obviaron requisitos del reglamento de evaluación ambiental y en dos proyectos de explotación la empresa obvió hacer… pic.twitter.com/DJM0lcOJvn
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En una citación el pasado 19 de junio en el Congreso el viceministro de Gobernación, José Portillo, señaló que hubo detenciones en la toma de la carretera a Petén, por San Antonio Sejá, para garantizar la libre locomoción. “Se capturaron cinco personas que han estado generando estos bloqueos y también una persona que estaba haciendo disparos”, dijo Portillo.
En la represión policial del 18 de junio en Livingston, el reportero Raymundo Amador quien estaba transmitiendo los sucesos para “El Informador Veraz”, recibió un disparo de una bomba lacrimógena en la frente y tuvo que ser trasladado a Morales para el auxilio médico.
En este caso el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, dijo que el Ministerio de Gobernación a través de la Inspectoría general de la PNC revisarán las actuaciones de los elementos de la FEP para verificar si se violó el protocolo establecido en estas situaciones.
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