Revisión de varios expedientes abiertos por los fiscales de ambos países muestran el uso político de los ministerios públicos, encargados por ley de defender los intereses del Estado, para encarcelar o anular a personas y organizaciones que son percibidas como enemigos. Hay cosas en común: denuncias que surgen de personas no identificadas, imposición de secreto de sumario para que los procesos no estén sujetos al escrutinio público, uso de testigos falsos o cuestionables y fabricación de pruebas.
Por Héctor Silva Ávalos
El Ministerio Público de Guatemala tiene una obsesión: quiere, a toda costa, probar en un tribunal que Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla ganaron las elecciones presidenciales de 2023 con fraude. Lo quisieron probar antes de la toma de posesión, para impedirla, con una acusación penal montada en la denuncia sin pruebas de un columnista de ultraderecha y, luego, con otro caso en el que los fiscales alegan que el partido del presidente se inscribió con firmas falsas y no reportó parte de su financiamiento. El empeño ha llevado al MP a allanar el Tribunal Supremo Electoral, a perseguir y capturar a varios de sus empleados, y a hacer lo mismo con personas que estuvieron ligadas a la formación de Semilla.
Incluso, por lo visto en una audiencia judicial reciente, a meter en la cárcel a testigos que se niegan a seguirle el juego al MP.
Angelita Martínez Rodas, una empleada del TSE, fue capturada el 17 de junio pasado, acusada de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Cuando la arrestaron, la mujer dijo que era una revancha porque ella había sido testigo protegida del MP en uno de los casos contra Semilla y se había negado a seguirlo siendo después de recibir amenazas.
En la audiencia montada contra Martínez tras el arresto, la fiscal Leonor Morales, agente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), trató de desmeritar lo dicho por Martínez mostrando al tribunal unos audios de conversaciones con ella, que extrajo de su teléfono celular sin asentar la cadena de custodia de la supuesta prueba.
El juez de este caso es Fredy Orellana, un funcionario judicial sancionado en Estados Unidos y la Unión Europea por comportamientos corruptos y antidemocráticos, quien es el favorito del MP en los procedimientos contra Semilla.
A otros, el aparato judicial guatemalteco, representado en estos casos por el juez Orellana y los fiscales de la FECI encabezados por Leonor Morales, los ha sometido a torturas sicológicas según denuncias de abogados defensores. Es el caso de Eduardo Masaya, un letrado que fue electo para formar parte de la directiva del Colegio de Abogados de Guatemala, al que el MP mandó a capturar acusándolo de validar las supuestas firmas falsas en la formación de Semilla.
A Masaya lo capturaron en febrero pasado, según dijo a Prensa Comunitaria una fuente judicial que conoce el proceso en su contra y quien habló desde el anonimato por seguridad, para forzarlo a dar testimonio en contra del partido del presidente. En mayo, el juez Orellana ordenó trasladar a Masaya a la cárcel conocida como el Preventivo de la Zona 18, un recinto penitenciario de alta peligrosidad controlado en buena medida por pandillas.
Se trata, dice el abogado, de una estratagema en la que Orellana funciona solo como un peón del Ministerio Público. “Este juez ya trae las resoluciones escritas… Se pone previamente de acuerdo con el Ministerio Público para emitir las resoluciones”.
Ese traslado al Preventivo de la zona 18 Masaya lo entiende como tortura. “Si mandarme a la prisión en el preventivo de la zona 18 no es un acto de tortura no sé que es”, dijo el abogado a la salida de una audiencia judicial al dar apresuradas declaraciones a la prensa a pesar de los empujones y maltratos de los policías que lo custodiaban. Los motivos del MP están claros para Masaya: “Es un sistema donde se privilegian las medidas de coerción para buscar obtener un resultado en el proceso electoral”, dijo.
Esas palabras parecen resumirlo bien: Un sistema, el de justicia, que usa el chantaje y la coerción para intentar cambiar lo que los guatemaltecos decidieron en las urnas en 2023, que fue darle el poder a Semilla y a Arévalo.
Un abogado guatemalteco que trabajó con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo resume así: “El MP cree que su sobrevivencia como proyecto mafioso pasa por defenestrar a Arévalo”. Eso, inhabilitar al presidente, es lo que el MP ha intentado desde que Semilla dio la sorpresa en junio de 2023 al meterse en la segunda ronda electoral y luego ganar la elección.
Antes de la captura de Masaya y antes de que el abogado y sus defensores denunciaran la tortura sicológica como parte del arsenal utilizado por el MP en su afán de incidir en la vida política del país, instituciones académicas, organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos y la de Naciones Unidos, y una cuarentena de gobiernos nacionales habían señalado con todas las letras a la institución que dirige Consuelo Porras.
El MP, dice la Universidad de Stanford en un estudio de 2024 titulado “Por encima de la ley: El Ministerio Público de Guatemala”, ha intentado desestabilizar la democracia del país. Lo mismo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una visita a Guatemala en agosto del año pasado.
La CIDH reiteró, tras su visita de 2024, lo que ya había dicho en un informe de 2023 al hablar de las actuaciones irregulares del MP y calificarlas como un “conjunto de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público, avaladas por el Poder Judicial, que amenazaron con anular la voluntad expresada por la mayoría de la población”. Lo mismo que, con más contundencia, dijo, esposado y en camino a una cárcel de alta peligrosidad, el abogado Eduardo Masaya: “medidas de coerción para buscar obtener un resultado en el proceso electoral”.
La farsa del fraude en la previa de la ascensión de Arévalo
Cuando el columnista de ultraderecha Giovanni Fratti puso su denuncia en el MP, el 26 de julio de 2023, apenas había transcurrido un mes desde que, contra todo pronóstico, el Movimiento Semilla de Bernardo Arévalo se había metido en la segunda vuelta electoral en Guatemala. Los primeros sondeos, a esas alturas, le daban ventaja sobre la exprimera dama Sandra Torres, preferida en esa contienda de las élites guatemaltecas, que habían encontrado en los años anteriores en el MP de Consuelo Porras un aliado para encubrir investigaciones que les afectaban y avanzar otras que afectaban a sus adversarios políticos.
La denuncia de Fratti, que luego el MP pretendió mantener en secreto, pedía que se investigara un posible fraude de Semilla, y la base de esa petición eran “reportes” en medios de comunicación que habían implantado netcenters, políticos y opinadores cercanos tanto a Porras como a la candidata Torres. Es decir: investigar denuncias sin pruebas hechas por opositores políticos de Semilla.
Eso bastó al Ministerio Público para montar, con bastante ruido, operativos de allanamiento, al menos dos casos penales y toda la parafernalia judicial que dura ya casi dos años, durante los cuales los fiscales de Porras no han podido probar las acusaciones de fraude. Los protagonistas en todos estos casos son los mismos: el juez Orellana, la fiscal Leonor Morales y los jefes de estos, que son Porras y Rafael Curruchiche, el jefe de la FECI.
La mayoría de los casos que, como estos relacionados a Semilla, tienen como acusados a periodistas, personas defensoras de derechos humanos o exfuncionarios a los que el MP y sus aliados perciben como enemigos, comparten rasgos en común. Algunos procesos son anunciados primero por netcenters vinculados al MP y luego retomados en las cuentas oficiales de la fiscalía o del mismo Curruchiche. En videos cortos, el jefe de la FECI lanza las acusaciones pero no presenta indicios de prueba. A buena parte de ellos se les aplica la reserva judicial, lo que impide incluso a los mismos imputados y sus defensores saber de qué los acusan y con qué argumentos. Y, como queda indicado por las declaraciones en uno de los casos contra Semilla, también hay intentos de manipular o crear testigos.
Ese manual no es exclusivo de Guatemala, también se aplica en El Salvador gobernado por Nayib Bukele. Ahí, el fiscal general Rodolfo Delgado, impuesto por el partido oficial, lleva cuatro años haciendo lo mismo, protegiendo a los suyos y encarcelando a los que son percibidos como adversarios.
Uso político de fiscalías, un patrón centroamericano
Rodolfo Delgado, el fiscal general de El Salvador, hizo el anuncio el 11 de enero de 2023. Su fiscalía y agentes policiales salvadoreños, escribió en su cuenta X, habían capturado a seis personas, “excomandantes guerrilleros” a los que acusaba de haber participado en un asesinato durante el conflicto armado interno, en 1989. Delgado se apresuró a calificar el caso como uno de justicia transicional. “Después de décadas, nosotros estamos logrando una verdadera justicia. No nos vamos a detener”, escribió el funcionario.
Los acusados sí habían pertenecido al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la guerrilla que, reconvertida en partido político, gobernó El Salvador entre 2009 y 2019, pero, tras el fin de la guerra en 1992, se convirtieron en líderes comunitarias en el norte del país y abanderaron la lucha antiminera. Entre sus logros destaca, por ejemplo, haber coordinado un movimiento de denuncia y acción política que ayudó a la prohibición de toda actividad minera en El Salvador desde 2017.
Bukele, sin embargo, revirtió el curso a finales de 2024, cuando en sus redes sociales anunció que se reabriría la exploración de vetas mineras en el norte del país y la Asamblea Legislativa, que el presidente controla, aprobó una ley que dio al traste con la prohibición de 2017. Ya antes, con la captura de los ambientalistas de Santa Marta, que es como se conoce a los defensores a los que el fiscal Delgado acusó de crímenes de guerra, el presidente se había deshecho de los opositores más vocales de las medidas.
Cuando acusó a los de Santa Marta, como lo han hecho sus similares en Guatemala, el fiscal Delgado pidió la reserva total del caso. Nadie podía, con esto, conocer o hablar del proceso o de la prueba presentada so pena de cárcel. Una parte del proceso, sin embargo, se filtró y lo que ahí quedó claro es que todo el caso está montado, únicamente, en lo dicho por un testigo de referencia que ni siquiera estuvo presente cuando ocurrió el asesinato del que la fiscalía acusa a los ambientalistas.
A ese testigo, los fiscales de Delgado y Bukele lo llaman solo “Soriano”. Ese hombre, dijo en su momento el defensor de uno de los acusados, es un testigo falso. “Se ha contradicho en toda su declaración, en horas, lugares y tiempos, es mendaz (mentiroso), no sabe qué día sucedieron los hechos… Al preguntar al testigo si presenció (los hechos)… dice que le contaron los familiares de la víctima y no presenció los hechos, por lo que todo lo que dice el testigo acreditado es que le contaron…”
El abogado defensor en este caso recuerda, además, que el cadáver de la víctima “no se ha encontrado”, con lo que no hay forma de aportar prueba física o pericial sobre la supuesta participación de los acusados. Como en Guatemala, en este caso el abogado salvadoreño identifica móviles políticos como trasfondo de la acusación. “Es un revanchismo político, al igual que se ha dado en otros casos aparentando ser justos, por lo que pido que… se propongan testigos que no sean falsos y se decreten las medidas sustitutivas a la detención provisional”.
No es posible saber, debido a la reserva judicial, si el fiscal Delgado ha propuesto otros testigos, pero lo cierto es que los ambientalistas de Santa Marta siguen presos más de dos años después. Sin condena. Sin pruebas.
El 31 de mayo de 2024, pasadas las 11 de la noche, Bukele y su fiscal dieron otro paso en su camino de utilizar al ministerio públicosalvadoreño como herramienta política. Ese día detuvieron a Atilio Montalvo, un negociador de los Acuerdos de Paz de 1992 y, antes de su arresto, líder comunitario que había participado en protestas callejeres contra el régimen del presidente salvadoreño.
A Montalvo lo detuvieron con engaños, como luego lo harían con la abogada y defensora de Derechos Humanos Ruth López en mayo de 2025. Los policías dijeron al dirigente comunitario que necesitaban hablar con él y le pidieron que los acompañara para responder unas preguntas; Montalvo, quien es paciente crónico de insuficiencia renal y tiene que someterse a tratamientos con catéter, los acompañó. Desde entonces está preso.
Antes, fiscales y policías bajo las órdenes del fiscal Delgado habían capturado a otras siete personas a las que asociaron con Montalvo y acusaron de planificar atentados dinamiteros en gasolineras y otros lugares a realizarse el 1 de junio de aquel 2024, día en que Bukele asumiría su segundo mandato como presidente, al que accedió tras una elección a la que se postuló a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohíbe.
Netcenters, creadores de contenido y medios afines al oficialismo reprodujeron la versión que la fiscalía y la policía hicieron circular, según la cual había testimonios que vinculaban a los detenidos con arsenales de guerra y con un elaborado plan de fabricación y apertrechamiento de explosivos. Como supuesta prueba presentaron, de acuerdo con una persona que conoce el proceso judicial y habló desde el anonimato por temor a represalias, pantallazos de WhatsApp en los que un grupo que participó en la organización de una marcha para protestar contra Bukele el día de la investidura habló de que en esa demostración callejera se detonarían fuegos artificiales.
Otra fuente judicial asegura que también hay, en el caso, testigos falsos utilizados para asociar a los comunitarios con los supuestos atentados.
Lo cierto es que, por ahora, sin ninguna prueba real, con el caso bajo estricta reserva y tras haber logrado desmantelar el liderazgo de Montalvo, uno de los más visibles de la oposición popular a Bukele, el firmante de los Acuerdos de Paz sigue detenido. Su condición de salud, de acuerdo con fuentes cercanas a la familia, es delicada y él no está recibiendo los tratamientos médicos más adecuados. “Ahora solo quieren que lo dejen morir en paz”, dijo a Prensa Comunitaria alguien que está cerca de los familiares de Montalvo.
No fue hasta mediados de 2025, tras la captura de la abogada Ruth López, que la comunidad internacional empezó a poner atención a lo que está pasando en El Salvador. El apoyo político del gobierno Trump en Estados Unidos, y la amplia popularidad que Bukele aún tiene, parecen haberlo blindado de señalamientos internacionales como los que pesan sobre funcionarios judiciales guatemaltecos. Eso ha empezado a cambiar.
El 16 de junio de 2025, tres senadores demócratas estadounidenses introdujeron en Washington una propuesta de ley para sancionar a Bukele y a nueve de sus funcionarios por, entre otras cosas, “encarcelar y perseguir a salvadoreños inocentes, incluidos periodistas y activistas de derechos humanos como Ruth López”. Entre los funcionarios elegibles para sanciones están el fiscal Delgado y el ministro de seguridad Gustavo Villatoro, los dos principales operadores de las políticas represivas del gobierno salvadoreño.
Dos días más tarde, el 18 de junio, el comité de exteriores del senado estadounidense envió una advertencia a Bukele: “Han pasado 31 días desde que el señor Bukele detuvo a Ruth López, una abogada anticorrupción ampliamente reconocida. El Congreso de los Estados Unidos está observando con atención su arremetida contra la sociedad civil y evaluará en el futuro nuestra relación bilateral”, escribió Jeanne Shaheen, líder de la minoría demócrata en el comité.
Un funcionario legislativo de la Cámara Baja en Washington aseguró a Prensa Comunitaria que casos como el de Ruth López o el de Atilio Montalvo han ayudado a definir posiciones en el congreso respecto a Bukele, y que ahora todos los demócratas coinciden en que el presidente salvadoreño debería ser sujeto a sanciones. Por ahora, sin embargo, son los republicanos de Trump quienes tienen el control del congreso, algo que podría cambiar en las legislativas de 2026.
Mientras eso pasa, en El Salvador, como en Guatemala, el poder de los ministerios públicos parece no admitir reparos y la sombra de más capturas, torturas de opositores y casos judiciales sin pruebas y fundamentos son amenazas que se concretan de forma sostenida. Sin pruebas, sin debido proceso, con testigos falsos.
