La Sala Primera de Mayor Riesgo avaló el cierre del caso contra Baldizón, mientras exfiscales que lo investigaron enfrentan persecución. La PGN recurrió a una casación en la CSJ luego de perder la apelación.
Por Alexander Valdéz
La Sala Primera de Mayor Riesgo rechazó la apelación contra la resolución de la jueza Abelina Cruz, confirmando así el cierre del caso contra el excandidato presidencial Manuel Baldizón, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita en el proceso de corrupción conocido como Odebrecht.
La decisión contrasta con las acciones penales anunciadas, justo un día antes, contra los exfiscales que investigaron el caso. Mientras estos enfrentan ahora persecución judicial, los presuntos líderes de la estructura criminal y beneficiarios directos de los sobornos, recuperan su libertad.
El fallo de la Sala responde al recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que buscaba anular la absolución de Baldizón. Al ser negada la apelación, las autoridades presentaron una nueva acción ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Con la resolución, Baldizón evita, por segunda vez, un debate oral y público así como una eventual condena por corrupción. Sin embargo, en la misma investigación varios de sus colaboradores cercanos ya admitieron su culpabilidad y cumplen condenas al ser declarados culpables.
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El caso
Este caso data del 2018 y surge de la investigación conocida como “Construcción y corrupción”, en la que se revela una estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, quien se presume gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las empresas constructoras.
Estos cobros, según se documentó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), consistían en porcentajes que oscilaban entre el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A.
En la investigación, las personas cercanas a Baldizón aceptaron su culpabilidad y enfrentan condenas al haber sido declaradas culpables. Otro de los hechos que fueron señalados por el MP, tiene que ver con el presunto pago de Q250 mil a cada uno de los 108 diputados que aprobaron un préstamo para la construcción de obra pública.
Principales acusados salen libres
Otro de los beneficiados por fallos judiciales en esta investigación fue el exministro Alejandro Sinibaldi, quien evitó ser enjuiciado al lograr la anulación de los acuerdos de colaboración eficaz que sustentaban el caso en su contra.
El exfuncionario del desaparecido Partido Patriota (PP) recuperó su libertad después de estar recluido en el cuartel de Mariscal Zavala y, posteriormente, obtuvo medidas favorables en los casos Coperacha, Odebrecht y Construcción y Corrupción. Previamente había sido desvinculado de las causas Odebrecht y Arca.
Sinibaldi, exministro de Comunicaciones, fue capturado en agosto de 2020, después de entregarse voluntariamente a las autoridades. Antes, permaneció cuatro años prófugo de la justicia (desde 2016), cuando la FECI y la CICIG destaparon una red de corrupción que implicaba a altos funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina.
Criminalización de exfiscales
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo la dirección de Rafael Curruchiche, anunció este lunes la emisión de 26 órdenes de captura en un polémico caso que incluye a exfiscales anticorrupción, al excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, y a la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
Las órdenes, inusuales en su procedimiento, no fueron autorizadas por un juzgado de primera instancia, como lo establece el Código Procesal Penal, sino directamente por la Sala Tercera de Apelaciones, generando cuestionamientos sobre el proceso.
Entre los perseguidos judicialmente se encuentran Juan Francisco Sandoval (exjefe de la FECI), Siomara Sosa y Rudy Herrera, todos ellos exfiscales que investigaron casos de alto impacto durante su gestión.
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