El magistrado Rony López, en un voto disidente, consideró que debía revocarse el amparo provisional otorgado a diputados señalados de querer tomar el control del Congreso. López argumentó que la Corte de Constitucionalidad no puede invadir las competencias exclusivas del Congreso.
Por Alexander Valdéz
En su voto razonado disidente, el magistrado Rony López consideró que debía revocarse el amparo provisional concedido a un grupo de diputados encabezados por Allan Rodríguez, Álvaro Arzú y Felipe Alejos. Esta postura coincidía con la solicitud del presidente del Congreso, Nery Ramos, que argumentó que ya se había cumplido con la orden judicial de retomar la sesión para integrar la Junta Directiva del Organismo Legislativo.
Esa postura contrasta con la que asumieron sus colegas, que niega la solicitud del presidente del Congreso y mantiene el amparo provisional a favor de los diputados arriba mencionados, señalados por otras bancadas de intentar arrebatar el poder y controlar el Congreso.
En su fundamentación, López advirtió que la Corte de Constitucionalidad debe respetar los “límites” establecidos en la Constitución, específicamente en los artículos 157 al 181, que restringen las facultades exclusivas del Congreso de la República. El magistrado enfatizó que ningún órgano jurisdiccional puede invadir las atribuciones que, por mandato popular, corresponden al Legislativo.
“La Corte de Constitucionalidad se ha convertido en ese supremo poder que nadie quisiera tener en su contra. En última instancia define todo lo relacionado a la justicia, lo jurídico y lo político, a pesar de no constituir un poder del Estado y no contar con un freno y contrapeso de sus actos, ni mucho menos sus integrantes haber sido elegidos popularmente. De allí la importancia de autolimitarse en su actuación, de conformidad al artículo 141 de la Constitución”, se lee en la resolución.
No es la primera vez que el magistrado suplente ha emitido posturas y votos contra decisiones de sus colegas. Por ejemplo, estuvo en contra del amparo que blindó a la fiscal general Consuelo Porras de su destitución, la suspensión del partido Semilla, el traslado arbitrario de jueces en el Organismo Judicial (OJ), el uso excesivo de la reserva en casos del Ministerio Público, entre otros asuntos que han llegado a la CC.
“Es importante considerar el ejercicio de frenos y contrapesos de los tres poderes del Estado como mecanismo de control de sus actos. A diferencia de contar con un solo órgano o institución sobre los demás, lo que equivaldría a un inexistente control de sus actos. De allí la importancia de establecer los límites constitucionales de la propia Corte de Constitucionalidad. De lo contrario, a través de la utilización y resolución de la acción constitucional del amparo, existirá un gobierno absoluto de la toga sobre el gobierno de los tres poderes del Estado”, añade.
¿Quién es Rony López?
Fue elegido como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2021. Antes de asumir este cargo, ocupó puestos clave en el sistema de justicia: fungió como secretario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y posteriormente como secretario general del Ministerio Público (MP) bajo la fiscal Consuelo Porras. Sin embargo, tras señalamientos sobre prácticas de criminalización desde esa institución, López marcó distancia y tomó notoriedad dentro de la CC.
Desde entonces, López ha emitido votos disidentes en casos de alto impacto, donde ha cuestionado decisiones de la mayoría de sus colegas magistrados. Su postura suele basarse en una interpretación estricta de la Constitución, especialmente en lo relativo a la separación de poderes y los límites de la intervención judicial en asuntos legislativos, como este último fallo.
En enero de 2024, López publicó una carta dirigida a la fiscal Consuelo Porras donde manifestó su desconfianza institucional y exigió la remoción de Ángel Pineda. El magistrado acusó a Pineda de operar la cuenta anónima “Yes Máster” en redes sociales, vinculada a campañas de desprestigio contra operadores de justicia y periodistas.
Ha fijado postura en resoluciones clave: en 2024 cuestionó la suspensión del partido Semilla, ordenada por el juez Orellana, argumentando que la CC debía proteger los derechos políticos. Meses después, fue el único magistrado que se opuso al amparo que protegía a Porras de una posible destitución, considerando que la norma que impide su remoción, vulneraba principios constitucionales.
El magistrado López también ha manifestado su oposición al uso instrumental de la Ley contra el Femicidio para censurar medios de comunicación, como ocurrió en el caso del diario La Hora, argumentando que esto constituye una restricción desproporcionada a la libertad de prensa. Y se opuso al uso excesivo de la reserva procesal en casos penales, que en la práctica anula el derecho de defensa de las personas involucradas.
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Una CC cuestionada
La Corte de Constitucionalidad está integrada por cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los titulares: actualmente está presidida por Leyla Lemus, designada por el Organismo Ejecutivo (Alejandro Giammattei). Además de, Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto, Nester Mauricio Vásquez Pimentel y Héctor Hugo Pérez Aguilera.
Como suplentes; Luis Alfonso Rosales Marroquín, Rony Eulalio López Contreras, Walter Paulino Jiménez Texaj, Claudia Paniagua y Juan José Samayoa Villatoro. Todos a excepción de López mantienen una misma línea en la mayoría de decisiones que se toman.
La nueva postura del magistrado López se da en un contexto donde la CC ha emitido fallos controversiales. El más reciente, suspender el levantamiento de reserva al artículo 27 del Convenio de Viena sobre los Tratados, que generó reacciones encontradas: la sociedad civil lo criticó como una intromisión, mientras la oposición política lo celebró como una defensa del orden jurídico.
Este no es un caso aislado. La actual CC ha tomado varias decisiones polémicas en los últimos meses. Entre ellas destacan la anulación de disposiciones del presidente Bernardo Arévalo, la protección judicial a la fiscal Consuelo Porras alegando “riesgo de destitución arbitraria”, y beneficios procesales a personas vinculadas con casos de corrupción.
Estas resoluciones han provocado un creciente cuestionamiento hacia la CC. Sectores académicos y organizaciones sociales acusan a la corte de responder a intereses políticos. Por otro lado, grupos empresariales y partidos conservadores defienden estos fallos como necesarios para contener supuestos excesos del gobierno.
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