La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH presentó su informe temático anual, centrado en el exilio forzado de periodistas en las Américas. Al menos 460 periodistas de 62 países solicitaron apoyo financiero para exiliarse, duplicando la cifra de 2022. En Guatemala al menos 26 periodistas salieron al exilio entre 2022 y 2023. El documento analiza las causas estructurales de este fenómeno, sus impactos y el rol crucial del periodismo desde el exilio.
Por Prensa Comunitaria
En su último informe temático, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que el exilio forzado de periodistas se ha convertido en una tendencia creciente en las Américas. El documento, aprobado el 15 de abril de 2024, expone en sus 78 páginas diez puntos clave que evidencian el deterioro de las garantías para el ejercicio periodístico y el derecho a la libertad de expresión en la región.
En el caso de Guatemala, la Relatoría presenta un panorama especialmente preocupante. El informe documenta que al menos 26 periodistas guatemaltecos se exiliaron entre 2022 y 2023, por la persecución penal, amenazas, campañas de desprestigio y acoso, con especial énfasis en los ataques dirigidos a mujeres. Aunque el gobierno de Bernardo Arévalo ha anunciado medidas para facilitar el retorno de periodistas exiliados y fortalecer su protección, la Relatoría subraya que persisten desafíos significativos en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que limita la implementación efectiva de esas acciones.
Los 10 puntos que destaca la Relatoría:
- Uso del derecho penal como herramienta de censura
La Relatoría recalca que el uso indebido del derecho penal y de las instituciones de justicia es un factor clave en el fenómeno del exilio forzado. En el caso guatemalteco, señala:
“Esta situación se enmarca en el contexto de instrumentalización del sistema penal como mecanismo de intimidación contra voces críticas, campañas de desprestigio y el debilitamiento de la lucha contra la impunidad.”
2. Criminalización
El informe identifica la criminalización como una expresión de la erosión democrática. Señala que el uso indebido del derecho penal se ha utilizado para “perseguir y silenciar a periodistas que investigan y cuestionan a quienes ejercen el poder público”.
Como ejemplo emblemático, se menciona el cierre de elPeriódico en 2023, tras la detención de su fundador Jose Rubén Zamora, en un caso judicial armado “en menos de 72 horas” que también afectó a seis investigadores y tres columnistas del medio.
3. Ataques a la independencia judicial
La Relatoría alerta sobre el debilitamiento del sistema de justicia como parte de una estrategia más amplia. En Guatemala, se registra el exilio de al menos 50 operadores de justicia, reflejando un patrón de represión coordinada y sistemática, que frecuentemente se observan de manera simultánea y coordinada para silenciar la labor periodística legítima.
4. Incremento del exilio forzado
Reporteros Sin Fronteras reportó que en 2023, 460 periodistas de 62 países solicitaron apoyo financiero para exiliarse, duplicando la cifra de 2022. Por su parte, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) documentó un aumento del 227% en la asistencia a periodistas exiliados entre 2020 y 2023, siendo este último el año más crítico, con un incremento del 40% respecto al año anterior.
5. Estigmatización desde el poder
El cierre de espacios cívicos y los discursos estigmatizantes desde las autoridades han creado un entorno hostil para el ejercicio del periodismo. La Relatoría advierte que funcionarios públicos acusan a periodistas de colaborar con grupos ilegales o enemigos del Estado. Estas declaraciones, señala el informe, “pueden operar como catalizadores de nuevas agresiones y contribuir a la creación de un entorno hostil que fuerce al exilio”.
6. Derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública
El informe enfatiza que la labor periodística es esencial para garantizar el acceso de la sociedad a la información. Al atacar la prensa se vulnera también el derecho colectivo a la información. El periodismo es, dice el informe, “el principal medio por el cual la sociedad ejerce su derecho a buscar y recibir información”.
7. Retroceso democrático
La Relatoría destaca un proceso de desmantelamiento institucional en varios países, acompañado de represión y cierre de espacios cívicos. Se advierte que “el exilio forzado de periodistas se enmarca en un contexto de erosión democrática” y que la cooptación del poder público en algunos Estados es posible por “la ausencia de independencia judicial”. Este retroceso, añade el informe, “menoscaba la dimensión social del derecho a la libertad de expresión”.
8. Violencia persiste contra periodistas
La violencia contra comunicadores no ha disminuido. “La consolidación de regímenes antidemocráticos y la proliferación del crimen organizado han creado una combinación sumamente peligrosa para la libertad de expresión,” indica el informe. En 2023, se registró el asesinato de un periodista cada 21 días en América Latina, además de 9 casos de violencia sexual y 128 alertas de género. Las mujeres periodistas enfrentan además “acoso a través de mensajes y amenazas con contenido sexual”.
9. Impunidad estructural
El informe denuncia que la mayoría de las agresiones contra periodistas no son investigadas ni sancionadas adecuadamente. “La mayoría de los casos de violencia, amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio contra periodistas […] no son investigados de forma completa y diligente”. Esta impunidad alienta la repetición de los ataques y debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
10. Llamado urgente a los Estados
Frente a este panorama, la Relatoría hace un llamado enfático a los Estados para asumir su deber de proteger la libertad de expresión. “Implementar medidas efectivas para prevenir y abordar esta problemática, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, es una de las recomendaciones centrales. También insiste en que se reconozca el exilio forzado como una forma de violencia estructural y se creen condiciones seguras para el retorno de periodistas.
El informe concluye que el exilio forzado no solo vulnera derechos individuales, sino que afecta el derecho colectivo a la información, y pone en riesgo el funcionamiento mismo de las democracias. Además, resalta el rol fundamental de los periodistas en el exilio, quienes “desafían la propaganda oficial y mantienen viva la voz de la sociedad civil silenciada”.
