La consulta se realizó bajo las formas propias de organización, toma de decisiones y cosmovisión del pueblo Xinka, consolidando un precedente histórico en el ejercicio de su autodeterminación. Esta decisión culmina un proceso atravesado por despojos, impactos ambientales y una resistencia sostenida frente a la criminalización.
Por Glenda Álvarez
Los resultados de la consulta del pueblo Xinka sobre el proyecto minero El Escobal serán entregados este 8 de mayo al gobierno de Bernardo Arévalo, en la ciudad de Guatemala. Este acto representa la culminación de un proceso ordenado en 2018 por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que incluía la suspensión de las operaciones de la mina y realizar una consulta al pueblo Xinka.
Con el fallo se reconoció el derecho establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros marcos legales nacionales e internacionales para decidir sobre su territorio y proteger bienes, trabajo, cultura y medioambiente.
En esta jornada se presentarán oficialmente las conclusiones y decisiones tomadas por las comunidades Xinka tras años de preconsulta, análisis técnico, giras de campo y deliberación interna.
“La entrega de los resultados son una muestra de 15 años de resistencia al modelo extractivo”, comparten los comunitarios.
En el fallo emitido por la CC se reconoció que el Estado violó el derecho del pueblo Xinka a ser consultado previamente de manera libre, informada y de buena fe sobre proyectos que impacten su territorio, como lo establece el Convenio 169.
La CC determinó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó licencias de exploración y explotación minera a la empresa minera San Rafael -filial de Tahoe Resources, ahora Pan American Silver-, sin haber realizado una consulta al pueblo Xinka, negando incluso su existencia en los municipios afectados.
Esta omisión representó una violación estructural a sus derechos colectivos, su identidad, su vínculo espiritual con el territorio y el principio de no discriminación. Como resultado, la máxima corte suspendió la licencia de explotación de la mina El Escobal y ordenó al Estado realizar una consulta conforme a estándares internacionales.
Esta consulta ha sido reconocida como la primera en la historia de Guatemala realizada formalmente a un pueblo indígena en el marco de un proyecto extractivo y es el resultado de una larga historia de resistencia. Entre 2010 y 2025, el pueblo Xinka enfrentó años de represión, criminalización, violencia y negación, lo cual derivó en un proceso judicial sin precedentes.
La CC estableció que esta consulta no podía reducirse a un trámite técnico, sino que debía ser un proceso profundo de diálogo, respetando las formas propias de organización, toma de decisiones y cosmovisión del pueblo Xinka.
Una historia de lucha y resistencia
El Escobal es un proyecto de minería de plata ubicado en el municipio de San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, al sureste de Guatemala. En 2007, la empresa canadiense Goldcorp obtuvo la licencia de exploración en la zona. Tres años después, Goldcorp vendió el proyecto a Tahoe Resources, otra compañía canadiense que aceleró el proyecto.
En diciembre de 2010, la población comenzó a organizarse en oposición al proyecto. Se llevó a cabo una de las marchas más grandes llamada la “Marcha de las Flores”, convocada por la Iglesia católica en el pueblo de San Rafael Las Flores.
Unas dos mil personas manifestaron en esa ocasión. Mujeres, niños y niñas, ancianos y sacerdotes marcharon con mantas y pancartas para expresar su rechazo a la instalación de la minera advirtiendo la contaminación y solicitando la intervención del presidente Álvaro Colom.
En 2011, Tahoe Resources presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y solicitó la licencia de explotación minera de El Escobal. Las comunidades locales en su mayoría indígenas Xinka manifestaron su oposición al proyecto. Los pobladores y vecinos de San Rafael Las Flores organizaron consultas municipales amparadas en el Código Municipal.
Los resultados expresaron el rechazo hacia el proyecto minero. En la aldea Los Planes el 93% de la población votó en contra de la minería. El resultado fue similar en Casillas, Santa Rosa, en donde la consulta local obtuvo el 98% de votos contra la actividad minera.
Los ejercicios autónomos en decenas de comunidades de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa continuaron entre 2011 y 2013. Mataquescuintla y San Juan Tecuaco realizaron su consulta en donde también el NO prevaleció. Las consultas fueron impugnadas por la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), pero los tribunales ratificaron la validez del ejercicio de las comunidades. “Desde el 2009 nos manifestamos y pedimos el derecho a la consulta, pero lamentablemente nos lo negaron”, dijo en su momento el dirigente Xinka, Aleisar Arana.
Comenzó la criminalización
A pesar de la oposición de las comunidades, en 2013, el Ministerio de Energía y Minas otorgó la licencia de explotación y la empresa comenzó a prepararse para extraer plata. La oposición comunitaria se intensificó. El 17 de marzo, tras una consulta en la aldea El Volcancito, cuatro dirigentes del pueblo Xinka fueron secuestrados por un comando armado en la carretera de regreso.
Durante el cautiverio, los agresores torturaron a los dirigentes. El secretario de la Junta Directiva Xinka, Exaltación Marcos Ucelo, apareció asesinado horas más tarde, mientras que los demás, entre ellos Roberto González, entonces Huxi Hurak (hombre cabeza), lograron escapar con vida. Este atentado generó consternación y evidenció la violencia desatada en torno al proyecto minero.
Pocos días después, el 3 de abril de 2013, el gobierno de Guatemala otorgó formalmente la licencia minera El Escobal por 25 años. Lejos de apaciguar la situación, esta acción encendió más las protestas en San Rafael Las Flores.
Comunidades Xinka instalaron un plantón pacífico en las inmediaciones de la mina, que fue desalojado violentamente el 12 de abril, de ese mismo año, por fuerzas antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC). En el desalojo, la policía usó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, resultando en 29 personas detenidas arbitrariamente (todas liberadas días después por falta de pruebas).
El clima se volvió más tenso cuando, el 27 de abril de 2013, guardias de seguridad privada de minera San Rafael abrieron fuego contra un grupo de comunitarios de la resistencia pacífica “El Escobal” que protestaban cerca del ingreso a la mina. Ocho personas resultaron heridas, entre ellos un joven de 19 años que perdió un ojo por el impacto de un proyectil.
Según testimonios, el jefe de seguridad de la empresa, el exmilitar chileno Alberto Rotondo, habría ordenado disparar alegando estar “harto” de los opositores. Este incidente desencadenó acciones legales contra Rotondo (quien fue capturado y procesado por lesiones, aunque posteriormente se fugó del país), pero también provocó una respuesta extrema del Estado.
En estado de sitio
El 1 de mayo de 2013, el presidente Otto Pérez Molina declaró el estado de sitio en cuatro municipios de la zona del conflicto: San Rafael Las Flores y Casillas, Santa Rosa; Jalapa y Mataquescuintla.
Hubo un despliegue de aproximadamente 8,000 soldados y policías en la región, se suspendieron garantías constitucionales y se efectuaron numerosas detenciones. Aquel operativo buscaba retomar el control territorial en Santa María Xalapán (Montaña Xinka de Jalapa) y otros puntos de resistencia.
Durante el estado de sitio se reportaron allanamientos y una fuerte persecución de dirigentes locales. La escalada de violencia cobró varias vidas: además de Exaltación Marcos Ucelo en marzo, en esos enfrentamientos también fallecieron un agente de la PNC y otro miembro de la resistencia Xinka de Jalapa quien era tesorero de la Junta de Agua de Santa María Xalapán en medio de la convulsión social.
La criminalización del pueblo Xinka escaló al ámbito internacional que cadenas como Fox News Channel reportaron: “Los habitantes ya no salen de sus casas por temor a las tropas (del Ejército de Guatemala) con ametralladoras que ponen retenes en estas montañas”, comparando el ambiente con los peores años del conflicto armado interno.
A la par de la movilización social se comenzó a accionar de forma legal contra el proyecto minero. En julio de 2013, la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Civil emitió una resolución sorpresiva: suspendió provisionalmente la licencia de explotación de El Escobal debido a que el Ministerio de Energía y Minas no había atendido más de 200 impugnaciones presentadas por pobladores, principalmente por los riesgos de agotamiento o contaminación de fuentes de agua. Aunque tuvo carácter temporal, esta decisión judicial temprana reconocía la legitimidad de las quejas ciudadanas.
Tahoe Resources logró revertir la suspensión y en 2014, la mina El Escobal ya operaba. Se convirtió en una de las mayores productoras de plata en el mundo. Según datos de la empresa, entre 2014 y 2016, se extrajeron hasta 20 millones de onzas de plata anuales, tras una inversión superior a los US$500 millones, de acuerdo a los datos publicados por la empresa.
La operación de la minera no frenó los conflictos. El 13 de abril de 2014, la resistencia vivió un nuevo golpe trágico, Topacio Reynoso, joven activista de 16 años e hija del dirigente Alex Reynoso, fue asesinada en un ataque armado mientras regresaba de una actividad comunitaria en Mataquescuintla, Jalapa.
Su padre, impulsor de la consulta municipal de 2012, resultó gravemente herido. El crimen conmocionó al movimiento Xinka y visibilizó los peligros que enfrentaban quienes se oponían al proyecto.
Entre 2014 y 2016, las protestas pacíficas continuaron, al igual que la criminalización. Varios dirigentes comunitarios fueron procesados bajo cargos infundados como “coacción” o “terrorismo”, con denuncias internacionales que señalaban una estrategia para desgastar la resistencia. La Iglesia católica y organismos de derechos humanos alertaron sobre un patrón de persecución contra quienes defendían el territorio.
Efectos de la extracción minera
Con la minera en marcha en 2016, en la aldea La Cuchilla, de San Rafael Las Flores, ubicada a menos de 3 kilómetros de la mina los habitantes empezaron a reportar vibraciones constantes provocadas por las detonaciones subterráneas.
En febrero, comenzaron a aparecer grietas en las viviendas, y el 19 de abril de ese año varias casas colapsaron parcialmente. La comunidad formó un comité de reparación y exigió a la minera San Rafael su reubicación o indemnización, pero la empresa rechazó cualquier responsabilidad, atribuyendo los daños a la crisis climática y a la topografía del lugar. Un informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) reconoció el riesgo geológico, pero omitió evaluar el posible impacto de la actividad minera.
En noviembre de 2016, tras casi un año sin soluciones, hombres, mujeres, niños y niñas de La Cuchilla marcharon y se plantaron pacíficamente frente a la entrada de la mina El Escobal para presionar por respuesta, declarando: “La aldea no es inhabitable por estar en una pendiente peligrosa, sino porque las casas están agrietadas por las vibraciones de las explosiones que hace la minera San Rafael en el túnel”.
Al final, decenas de familias tuvieron que abandonar La Cuchilla. La CONRED declaró zona inhabitable en 2016 por daños irreparables en viviendas y subsuelo, situación que los habitantes atribuyen a la actividad extractiva.
Resistencia pacífica
Después de quejas y denuncias. El 7 de junio de 2017, residentes de varias aldeas de Santa Rosa y Jalapa instalaron un plantón permanente en la carretera entre Casillas y San Rafael Las Flores. El paso quedó interrumpido para los camiones de la mina.
Esta protesta pacífica logró detener el transporte de insumos críticos (combustible y explosivos) hacia El Escobal, forzando a la empresa a suspender operaciones por falta de suministro.
En paralelo, la organización ambiental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) presentó una demanda legal bajo el argumento que aprobar la licencia en 2013 el Estado nunca informó ni consultó a esta población indígena e incluso negó su existencia en la región para eludir el Convenio 169.
El caso avanzó y el 5 de julio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional a CALAS, ordenando suspender nuevamente la licencia minera mientras se resolvía el fondo de la problemática.
Desde ese momento, entre junio y julio de 2017, la mina El Escobal quedó paralizada por mandato judicial. En septiembre de 2017, la misma CSJ confirmó parcialmente el amparo, reconoció la obligación de consulta y ordenó al gobierno iniciarla, pero permitió a la compañía realizar ciertos estudios mientras tanto. Ambas partes (empresa y CALAS) apelaron, llevando el tema a la Corte de Constitucionalidad.
Finalmente, tras prolongadas audiencias y tensiones, en las que el Parlamento del Pueblo Xinka de Guatemala (Papxigua) se constituyó como tercero interesado en el caso, la CC emitió su sentencia definitiva el 3 de septiembre de 2018.
El fallo de la CC fue considerado histórico: declaró que el Estado de Guatemala violó el derecho de consulta del pueblo Xinka al otorgar la licencia El Escobal sin diálogo previo. En consecuencia, confirmó la suspensión de la mina mientras no se realizaba la consulta conforme estándares internacionales, además la CC anuló una licencia de exploración minera vinculada por haberse autorizado de forma similar, sin consulta.
La sentencia de la máxima corte
La sentencia de la CC emitida el 3 de septiembre de 2018 instruyó en lo siguiente:
Realizar la consulta con el pueblo Xinka
- Traducir la resolución al idioma Xinka
- Acreditar formalmente a los representantes elegidos por el pueblo Xinka
- Realizar una fase de preconsulta para acordar la metodología
- Recopilar estudios ambientales, sociales, culturales, e incluso efectuar un estudio de impacto cultural y espiritual específico a cargo de antropólogos independientes.
Proceso de consulta (2019-2025)
- El MEM debió organizar el proceso, en coordinación con el Parlamento Xinka. No obstante, durante casi dos años hubo estancamiento.
- El MEM se negó a acreditar formalmente a los 59 representantes elegidos por los Xinka, poniendo trabas burocráticas.
- En 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, autoridades reanudaron el acercamiento con los dirigentes Xinka. Se acordó una hoja de ruta y para octubre de 2020 se llevaron a cabo reuniones preparatorias.
- El 14 de octubre y el 6 de diciembre de 2020 se celebraron dos encuentros preliminares donde se definieron las condiciones para arrancar la fase de preconsulta y se revisó el cumplimiento de compromisos.
Fase I: Preconsulta
Se inició el 21 de mayo de 2021. Se realizó con Autoridades Ancestrales Xinka y la Comisión Gubernamental. También participaron delegados de la empresa Pan American Silver, la última propietaria.
Uno de esos acuerdos fue la contratación de la antropóloga Claudia Dary para realizar el mencionado estudio de impacto cultural y espiritual sobre el pueblo Xinka.
En diciembre de 2021, la preconsulta concluyó con éxito, habiéndose cumplido con los requisitos previos dispuestos por la CC.
Fase II: Consulta – Recepción y análisis de la información
Durante 2022 y 2023, el proceso de consulta avanzó en profundidad técnica. Se convocó a entidades especializadas para presentar estudios e informes que documenten todos los impactos potenciales.
El Parlamento Xinka solicitó información sobre ejes críticos:
Agua: cantidad, calidad y uso en la mina
Geología y estabilidad del suelo, el modelo hidrogeológico (flujos subterráneos), los planes de manejo de desechos (relaves) y las medidas de cierre de mina, entre otros.
Fase III: Decisión comunitaria
En 2024, el Parlamento Xinka denunció la acción de la empresa de intentar dividir a las comunidades en la fase de deliberación.
Se trató de manipular y desinformar a las comunidades con una visita gestionada por la municipalidad de San Rafael Las Flores cuando es el MEM el único que puede conducir el proceso consultivo.
Recabada la información requerida por el fallo legal, los 59 representantes Xinka difundieron a sus comunidades los hallazgos para comenzar la fase de debate para aprobar el proyecto minero.
Cumplidos esos debates locales, corresponde ahora presentar el resultado consolidado. La entrega de resultados del 8 de mayo de 2025 consistirá, por tanto, en comunicar oficialmente la decisión del pueblo Xinka al Estado.
El compromiso del Estado comenzará después del 8 de mayo de 2025, si la decisión del pueblo Xinka es contraria a la mina, ¿acatará el Estado esa voluntad y mantendrá la suspensión definitiva de la licencia El Escobal?
Anotación sobre la resolución de la CC
Cabe recordar que, legalmente, la CC nunca anuló la licencia; dejó su vigencia supeditada a la consulta. Si el resultado es negativo, se planteará posiblemente un escenario de cierre definitivo y remediación, para el cual Guatemala ni siquiera tiene regulaciones claras. El cierre de El Escobal podría implicar costos de hasta Q4 mil millones, según estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
