El periodismo salvadoreño enfrenta uno de sus momentos más críticos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encendió las alarmas ante posibles acciones legales contra periodistas en El Salvador, en el momento en el que medios de comunicación como El Faro revelan tratos oscuros entre el gobierno de Nayib Bukele y estructuras criminales. La libertad de expresión está bajo amenaza directa, advierten organismos internacionales.
Por Prensa Comunitaria
La libertad de prensa en El Salvador atraviesa una de sus etapas más delicadas desde el retorno a la democracia. El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, anunció que el organismo se mantiene en estado de alerta ante la posibilidad de que se emitan órdenes de captura y allanamientos contra periodistas salvadoreños.
La voz de alerta la dio el director y fundador de El Faro, Carlos Dada, quien a través de sus redes sociales anunció tener conocimiento de posibles órdenes de detención y allanamiento en contra de periodistas de ese medio.
La preocupación no es nueva, sin embargo, se incrementa en un contexto de creciente hostilidad del gobierno de Nayib Bukele hacia medios críticos, particularmente tras investigaciones que involucran a su administración en pactos con estructuras criminales.
Vaca fue enfático al señalar que en El Salvador se está construyendo un discurso oficial que pretende equiparar el ejercicio periodístico con actividades delictivas. “El uso del aparato de justicia para perseguir o intimidar a periodistas constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a estar informado”, advirtió anteriormente el relator durante una intervención pública. Su pronunciamiento llega tras múltiples denuncias de acoso, vigilancia y estigmatización hacia medios de comunicación independientes y sus reporteros.
El Faro en el centro del huracán
En los últimos años, las investigaciones de El Faro sobre tratos clandestinos entre el gobierno de Bukele y líderes de pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 han encendido las alarmas tanto dentro como fuera del país.
En 2020, El Faro publicó una serie de reportajes donde documentó que funcionarios del gobierno de Bukele negociaron con líderes pandilleros beneficios carcelarios y reducción de operativos a cambio de una reducción en los homicidios. Las revelaciones, basadas en documentos oficiales, audios y testimonios, golpearon directamente la narrativa gubernamental de una “guerra frontal contra las pandillas” y expusieron una política de doble discurso.
El gobierno negó los señalamientos y respondió con ataques públicos desde las redes sociales oficiales, investigaciones fiscales contra el medio y sus periodistas, y presiones fiscales, incluyendo una auditoría con supuestos fines intimidatorios. En 2021, El Faro denunció ante la CIDH que sus reporteros habían sido espiados mediante el software Pegasus, un sofisticado sistema de vigilancia desarrollado para gobiernos y utilizado generalmente en casos de terrorismo o crimen organizado.
Un ambiente hostil para la prensa
Las preocupaciones de la CIDH se fundamentan en un patrón que se repite. Organizaciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) han reportado decenas de casos de agresión, amenazas, vigilancia y acoso judicial contra periodistas, especialmente desde que entró en vigor el régimen de excepción en marzo de 2022. Según datos recopilados por APES y otras ONG, ya son más de 6,000 las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante este período, muchas de ellas relacionadas con restricciones a la libertad de expresión.
El propio Pedro Vaca ha manifestado que la Relatoría ha recibido información preocupante sobre una posible escalada en las medidas represivas, incluyendo allanamientos a medios y detenciones arbitrarias de periodistas bajo cargos ambiguos o sin el debido proceso. “Estas acciones no solo constituyen violaciones de derechos humanos, sino que sientan un precedente peligroso para la región”, expresó.
