La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el Acuerdo Gubernativo 65-2025, que eliminaba la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. La medida responde a acciones legales presentadas por sectores opositores al gobierno de Arévalo.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente el Acuerdo Gubernativo 65-2025, mediante el cual Guatemala retiraba su reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
La máxima corte tomó la decisión al analizar acciones legales presentadas por sectores opositores al gobierno del presidente Bernardo Arévalo, considerando necesario suspender temporalmente la medida mientras se resuelve el fondo del asunto.
“Examinó la legalidad del acto recurrido, así como la jurisprudencia de este Tribunal y concluyó que la aludida reserva sobre el artículo 27 de la Convención fue emitida conforme el mencionado principio, el que establece que la Constitución Política de la República de Guatemala prevalece sobre cualquier Ley o Tratado, de ahí la necesidad de su permanencia, pues conforme los artículos 44 y 175 de la Constitución, serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza -o que incluye a los tratados”, explica la resolución.
Suspenden decisión de levantar la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena
La Corte de Constitucionalidad amparo provisionalmente y dejar en suspenso el Acuerdo Gubernativo 65-2025, que retiraba la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena. pic.twitter.com/cF7YXXolyQ
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) May 20, 2025
Esta norma impide a los Estados invocar su derecho interno o legislación nacional para incumplir las obligaciones asumidas en un tratado. Este artículo señala: “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
En 1969, Guatemala se suscribió a la Convención de Viena referente a los tratados con tres reservas pero ninguna referente al artículo 27. Fue durante la administración de Álvaro Arzú que Guatemala impuso una reserva al artículo 27 al ratificar el Convenio en 1997, alegando que las disposiciones de la Constitución guatemalteca prevalecían sobre cualquier tratado.
Antes de que se conociera la resolución, el presidente Bernardo Arévalo dijo que una de las razones para levantar esa reserva se debía a que ratifica el principio de legalidad y de apego al Derecho Internacional establecido en la Constitución. “Era una reserva que no tenía efectos adecuados y fue retirada en principio de mis funciones constitucionales”, declaró.
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Desinformación de grupos opositores
La decisión del gobierno de retirar la reserva impuesta por Guatemala al artículo 27 en el Convenio de Viena, no se conoció hasta que fue publicado el acuerdo gubernativo en el Diario Oficial. Sin embargo, una vez hecho público, sectores opositores acusaron al Ejecutivo de ceder a “agendas globalistas”.
Entre sus críticas, argumentaron que esta medida podría facilitar la “adopción de tratados internacionales que, según su perspectiva, vulnerarían principios nacionales como la moral tradicional o los valores religiosos, haciendo alusión específica a temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo o la despenalización del aborto”.
Durante su comparecencia ante el Congreso, el canciller Carlos Ramiro Martínez defendió la medida argumentando tres objetivos: en primer lugar, brindar certeza jurídica a los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, que podrían haber dudado en invertir en el país debido a la existencia de dicha reserva. En segundo término, buscaba reafirmar el principio de soberanía y la supremacía constitucional. Finalmente, la acción pretendía evitar que otros Estados utilizaran argumentos similares contra Guatemala en posibles controversias internacionales.
Por aparte, en una entrevista a Prensa Comunitaria, el abogado Edgar René Ortiz, director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo, explicó que parte de la desinformación que circula en redes sociales se debe a una combinación de desconocimiento del derecho internacional y oportunismo político.
