La magistrada Leyla Lemus, protegida del exgobernante Alejandro Giammattei, será la presidenta de la Corte de Constitucionalidad a partir de este lunes 14 de abril y ocupará ese puesto durante un año.
Por Prensa Comunitaria
En una habitual rotación de la silla presidencial del máximo tribunal del país, la magistrada Leyla Lemus tomará el control de la institución este lunes 14 de abril y será la última integrante de la VII magistratura en ocupar tal posición.
No tan habitual será el acto de toma de posesión, que este año tendrá lugar en el Palacio de Justicia, lo cual rompe una seguidilla en la que el evento se realizaba en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no mencionó los motivos por los que Lemus eligió esta sede y tampoco brindó las razones del Organismo Judicial para habilitar el espacio y efectuar la transición.
No obstante, la decisión ha sido interpretada como una muestra de austeridad. También se ha tomado como una señal de subordinación de parte de la CSJ, porque no es común que un organismo del Estado preste sus instalaciones a un ente autónomo como la Corte de Constitucionalidad (CC).
Eso sí, el cambio de mando en el tribunal será únicamente de forma y no de fondo, debido a que se espera que los magistrados continúen resolviendo a favor de privilegios políticos y la impunidad, como lo han venido haciendo desde que están en los puestos.
Esa fue la consigna con la que fueron seleccionados. En el caso de Lemus, el mandato le fue otorgado por el expresidente Alejandro Giammattei, quien impuso su nombramiento al Consejo de Ministros en 2021.
Entonces, la funcionaria era la secretaria general de la Presidencia. Era, en términos simples, la abogada del exgobernante y pertenecía al círculo cercano exgobernante y de Miguel Martínez.
De hecho, el Centro de Gobierno, que dirigía Martínez, dependía económicamente de la secretaría de Lemus. Sin embargo, Giammattei tuvo dudas de si debía nombrarla para estar en la CC o elegirla para presidir el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Y aunque finalmente el exmandatario se decantó por ascenderla al tribunal constitucional, la segunda opción también le parecía factible a la magistrada, ya que le iba a permitir el tener acceso a los negocios de medicamentos.
Si bien la magistrada evade las cámaras, ha estado envuelta en algunos escándalos. El más reciente se remonta a ese interés de estar a cargo del Seguro Social. Aparentemente, la funcionaria ya había conspirado para manejar los negocios de la institución.
Eso era lo que aseguraba una denuncia que llegó en 2019 a las manos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuando la dirigía Juan Francisco Sandoval, a quien la fiscal general Consuelo Porras buscó sancionar por hacer esa investigación.
El caso ya no avanzó debido a que le fue arrebatado al equipo de fiscales de Juan Francisco Sandoval y fue trasladado a otra sección del Ministerio Público (MP), en donde quedó en el olvido.
El señalamiento indicaba que detrás de esa trama también estaba involucrada Nipro Medical, una empresa para la trabajó Lemus y que provee servicios de hemodiálisis al seguro social.
El historial de la magistrada en el ámbito público también remite a la Contraloría General de Cuentas (CGC), en donde fue directora de Asuntos Jurídicos entre 2010 y 2015, diversos puestos en el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) de 2004 a 2008 y fiscal del Ministerio Público desde 1995 hasta 2004.
Seguridad
Desde el año 2024, Lemus tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras denunciar que una patrulla policial asignada a su esquema de seguridad fue incendiada.
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