El vertedero ubicado en la 30ª calle 10-93 de la zona 3 está considerado como el principal foco de contaminación ambiental en la ciudad capital de Guatemala. Con un crecimiento descontrolado este lugar lejos de convertirse con los años en un relleno sanitario, es desde hace 70 años, simplemente un botadero. Cuando en los años 50 se escogió este terreno con quebradas, el Gobierno consideró que un espacio abierto para depositar la basura era mejor que un crematorio, porque entonces, quemar los residuos sólidos era una práctica habitual con las consecuencias del caso. La historia del basurero de la zona 3 está amarrada a la de la fundación de Guatemala de la Asunción, en 1776. Después de 249 años, la basura es un problema y el gobierno local reclama a otros lo que es su responsabilidad.
Por Claudia Méndez Villaseñor
El problema de la basura se trasladó del valle de Almolonga al valle de la Ermita, en 1776. Con la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción se dispuso de un precario y desordenado servicio para administrar, recolectar y disponer los residuos sólidos que generaba la población. El alcalde entonces, tenía escaso poder de decisión y escasas finanzas municipales, por lo que en el principio se mantuvo la costumbre, así como sucedía en Santiago de Guatemala, de excavar zanjas, rellenarlas con basura y tratarlas con cal. Sin embargo, las zanjas se llenaron y entonces la basura se comenzó a apilar en plazuelas y áreas públicas. Las memorias de la municipalidad de Guatemala mencionan que se concedió el servicio en las principales calles de la capital y se cobraba una tarifa. La periferia no se atendía, como sucede dos siglos después.
Las zanjas y la quema de la basura
En el contexto latinoamericano fue tardía la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción. La expansión física de la ciudad, desde 1776, se orientó hacia el norte desde el cerrito del Carmen y lo que hoy es la zona 1. Creció bajo el esquema de anillos concéntricos y con traza ortogonal, propia de las ciudades coloniales de América. Las familias que vivían en el área central de la capital pertenecían a la clase alta, mientras que la periferia se concentraban las más pobres y los indígenas, dice Alma de León Maldonado, en la investigación, El problema de la disposición de residuos sólidos en la ciudad de Guatemala, del Centro de Estudios Urbanos y Rurales (CEUR), de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
La basura era entonces un problema de particulares. En los patios de las casas se abrían zanjas y se disponía la basura. Para evitar malos olores y moscas se cubría con cal. Así, capa tras capa hasta que se rellenaba la zanja. Cuando estaban llenas, se sellaban con cal y tierra y se abría otra. Los desechos orgánicos, restos de maíz, frijol y de algunas verduras o de comida preparada se entregaban a dueños de animales de crianza que vivían en la periferia de la ciudad.
Sin embargo, también se quemaba de la basura, una situación que provocaba daños al ambiente, pero estaba autorizada.
Florentín Martínez, también investigador del CEUR, señala en la investigación, La situación de la basura en la ciudad de Guatemala, que una de las disposiciones legales para el manejo de residuos sólidos en la capital fue el decreto ley No. 10, del 3 de diciembre de 1832.
“El Jefe de Estado de Guatemala autorizado para dictar medidas de Policía y Salubridad y con anuncios de que pueda introducirse el cólera morbus epidémica ordena la limpieza de todas las calles, plazas y lugares públicos, de manera que en ellos no existan inmundicias y basura”, se lee en el decreto.
Martínez, añade que la Asamblea Legislativa reglamentó las atribuciones municipales del país el 28 de septiembre de 1836, y estableció en el artículo 14, que tenían a su cargo “el proveer sobre la Policía de Salubridad, removiendo y previniendo cuanto pueda perjudicarle, y en tal concepto cuidarán de la limpieza de las calles y lugares públicos, y de que se saquen fuera de poblado las fábricas y cualesquiera focos de pestilencia”.
Cuatro años después, el 31 de diciembre de 1840, la municipalidad capitalina estableció sus propias ordenanzas y en la No. 187, acordó: “Tanto la limpieza de las mismas calles, como por la Salubridad Pública, no permitirá que en ella se arrojen animales muertos, de cualquiera especie; y podrá imponer al contraventor, multa, desde uno hasta cinco pesos o cárcel, desde uno hasta cinco días. En cuanto a la Plaza Mayor, se recomienda, muy en particular, al Juez de Policía, el cuidado del aseo de ella, de la conservación de sus empedrados y de la reparación que estos necesiten y serán de cuenta de los fondos municipales, los gastos que se causen al intento, y para la limpieza, no menos precisa, de las plazuelas de la ciudad”.
Alcaldías sin autoridad
De acuerdo con la investigación de la experta De León, el Gobierno Central mantuvo el control y poder sobre las políticas públicas municipales en la nueva capital y el resto de municipios del país por más de 100 años. Las alcaldías quedaban, casi siempre, al margen de cualquier decisión política sobre su territorio.
Por ejemplo, en 1871, el jefe de Estado retiró a las alcaldías la autoridad sobre tierras comunales y ejidales y las transformó en propiedad privada para el cultivo de productos agrícolas de exportación. Por esta razón y, a diferencia de otras ciudades de Latinoamérica de la época, la capital carece de tierras comunales.
Ese año, solo se otorgó el 4 por ciento de la venta de la tierra en subasta a las comunas. “Este hecho se asocia a dos problemas históricos que manejan las municipalidades en su discurso a los vecinos: las condiciones financieras precarias para prestar los servicios públicos y equipo urbano y la poca o nula disposición de terrenos para construir instalaciones municipales”, señala la experta.
¿Si no era la alcaldía quién prestaba el servicio?
En esta dinámica de poder, que dejaba de lado al alcalde, la responsabilidad de brindar un servicio de limpieza en la ciudad estaba a cargo del Departamento de Policía y Ornato. No obstante, la municipalidad jugaba un papel coercitivo por medio del Juzgado de la Policía, dice De León.
En 1876, con el fin de contar con recursos económicos, la alcaldía capitalina estableció el cobro de la “contribución urbana” a los propietarios de inmuebles registrados en el Catastro que se había levantado años antes, principalmente en la zona central.
En cuanto a la recolección de la basura, las memorias de la época revelaron que la municipalidad se hacía cargo de la carga.
Tres años más tarde, se dispuso en 1879 que las basuras fueran incineradas en un crematorio. Este año se inauguró el servicio de limpieza pública llamado “Tren de Aseo”, pero por la falta de infraestructura y el crecimiento poblacional de la ciudad la basura se tiraba en terrenos y barrancos. Fue así como aparecieron los vertederos clandestinos.
En las “Memorias y Estado con que dio cuenta el secretario de la municipalidad de Guatemala, José Martínez, de los trabajos de la Corporación en 1879”, se señala que la limpieza y orden del mercado era responsabilidad de la alcaldía. La municipalidad ha cuidado del orden, seguridad, compostura y aseo de aquel importante edificio. Agentes de la Corporación lo inspeccionan y cuidan de que se cumplan los reglamentos de la plaza, contratistas especiales se ocupan de su limpieza y empleados municipales vigilan las ventas decidiendo económicamente las dificultades que allí se verifican”.
El documento menciona que por haber concluido el contrato anterior, con la empresa contratista, se convocó la subasta pública “la extracción de basura que se apila en el edificio”. “Fue la postura más aceptable la del señor Cecilio Echeverría quien contrajo las siguientes obligaciones: sacar diariamente la basura a las horas competentes por la base mensual de 13 pesos y 6 reales, conduciendo aquella a un sitio propio fuera de la población para evitar perjuicios a la salubridad pública”. En caso de que Echeverría incumpliera esta cláusula se impondría una multa de 5 pesos (el peso fue la moneda de Guatemala entre1859 y 1925).
Este contrato tenía un año de vigencia y la fianza a favor del empresario Echeverría la pagó Ignacio Palomo, “en garantía de exacto cumplimiento”.
En las Memorias municipales de 1883, el contrato en similares condiciones para recolectar la basura del Mercado fue suscrito con Miguel de León, cuya fianza de cumplimiento la pagó Javier Valenzuela. El contrato comenzó el 14 de enero de 1883 y concluyó el 14 de enero de 1885.
El tren de aseo
De acuerdo con la Memoria municipal de 1922, el Juzgado de Policía y Ornato recuperó la plazuela de San Sebastián, que se había convertido en un basurero clandestino. Se instalaron puertas de hierro en el ingreso y se sembraron árboles. Asimismo se instaló alumbrado público en el lugar y se contrató un vigilante. Sin embargo, ese año se suprimió el cargo de Inspector de Aseo, que entonces desempeñaba Edgardo Gordillo.
En el informe del ingeniero municipal de ese año, se reportó que a solicitud de Manuel Zeceña Molina se cercó el lote en el que funcionaba el Crematorio.
El concejal Rafael Villacorta fue el responsable de presentar en 1922, el informe sobre el Tren de Aseo y el Crematorio y dijo que este servicio se había concedido en 1918 a la empresa de Mansilla González. “La municipalidad paga el barrido de calles y plazas públicas de la ciudad y la extracción de basura de los establecimientos nacionales y municipales, autorizándole para que de manera provisional se entienda con los propietarios de casas, establecimientos y comercios a efecto de que cobrándoles una justa remuneración, extraiga la basura y la conduzca al Crematorio municipal”, dice el informe.
El empresario presentó un informe el 15 de diciembre de 1922, en el que señala que “religiosamente se extrajo la basura de los mercados municipales, escuelas, campamentos, hospicios, la Casa Central, el Hospital de Venéreas y del edificio que ocupa el Ayuntamiento. Dado lo cumplido no hubo ningún reclamo”.
“El servicio de extracción de basura de los mercados, tarea sumamente laboriosa, se hace a diario, pero contra los deseos de mi empresa no ha sido posible hacerlo en horas de la mañana a causa de que recolectan con suma tardanza las basuras del interior; es de lamentarse pues querría que, en aquellos edificios, quedara hecha la limpieza desde muy temprano”.
En cuanto al barrido de las calles, el empresario narra que se barrían las principales calles y avenidas del centro de la ciudad, previo a un convenio con los vecinos sobre una cuota a pagar, principalmente con quienes vivían en el centro de la capital. Sin embargo, se suspendió el servicio en varios puntos de la ciudad luego de que las personas se negaron a pagarla.
Mansilla González dijo que ese año el crematorio funcionó ininterrumpidamente. “Los hornos incineraron además de basura, fuertes sumas de billetes de banco deteriorados y gran número de cadáveres de animales.
En los siguientes años, el servicio de recolección de basura y limpieza de la ciudad seguía en manos privadas. La municipalidad de Guatemala solo supervisaba que las empresas contratadas cumplieran el trabajo en algunos sectores y se mantenía la práctica de incinerar los desechos sólidos. Por ejemplo, el contratista era responsable de mantener los siguientes cuadrantes:
- De norte a sur, la avenida que va de Jocotenango a la iglesia El Calvario.
- De poniente a oriente, la calle de la parte norte de la plazuela del Santuario de Guadalupe a la parte norte de la plaza del Teatro Colón.
En la actualidad el cuadrante de norte a sur corresponde la 1ª calle, zona 2 y 6ª Avenida hacia la 18 calle de la zona 1; y el de occidente a oriente de la 9ª calle y 1ª avenida a la 12 avenida y 9ª calle de la zona 1. En esta área vivían las familias más acaudaladas de la época.
No obstante, la alcaldía capitalina promovía jornadas de limpieza y retiro de basura en botaderos ilegales, como los que se localizaban en las cercanías de plazuela del Santuario de Guadalupe y de las iglesias de San Sebastián, La Recolección y Santa Catarina, hasta que se definieron lugares autorizados para tirar la basura ubicados en:
- Por el norte: la prolongación de la 8ª avenida, barranco de San Antonio.
- Por el este: el final de la 7ª calle oriente (barranco del Ojo de Agua), final de la 18, 19, 20 y 21 calle oriente (barranco de La Urbana).
- Por el oeste: la 14 calle poniente y avenida del Cantón Elena, 1ª avenida sur y final de la 6ª calle poniente (barranco de El Guarda del Incienso).
Con los años, estos basureros a cielo abierto crecieron de forma desordenada y sin ningún criterio técnico sobre el manejo y tratamiento de los residuos sólidos. “Solo se arrojaba la basura a los barrancos. La municipalidad autorizaba el uso del lugar, pero no controlaba como se disponía la basura”, dice De León en la investigación.
Entonces se hizo énfasis en mantener limpia la capital y se dejó de lado las consecuencias de utilizar los barrancos como botaderos de basura.
Quemar la basura
En las Ordenanzas Municipales de la ciudad de la Nueva Guatemala se estableció que algunos residuos sólidos tenían que quemarse en el perímetro de la vivienda o en el campo. Como los desechos que generaban los pulperos, carpinteros, plateros, herreros, fundidores, entre otros. Incinerar estos desechos era obligatorio.
La municipalidad capitalina se responsabilizó del tratamiento de la basura en 1908, cuando aprobó un reglamento para el funcionamiento y administración del Crematorio Municipal, ubicado en calle del Sol final y línea férrea, hoy la 7ª calle, administrado por la empresa de Mansilla González desde 1921. Por medio de un préstamo del Banco de Guatemala, se instaló la infraestructura para su funcionamiento.
Mediante el acuerdo aprobado por el Gobierno Supremo, el 26 de agosto de 1911, cobró vigencia el Reglamento del Tren de Aseo y Crematorio, que exigía la solvencia del servicio de limpieza como el requisito que tenía que cumplir un vecino que tramitaba la solvencia de los servicios de agua y alumbrado público. Esta normativa otorgaba a los concejales la potestad de verificar el trabajo en el Crematorio y a la empresa. En 1920, se inauguraron las instalaciones, la obra estuvo a cargo del constructor Camilo Carrera.
Sin embargo, todos los residuos sólidos que ingresaban a diario se tenían que incinerar en un plazo no mayor a las 24 horas. “El Crematorio no funcionó con la regularidad esperada, ya que necesitaba constante mantenimiento de un mecánico especializado y combustibles. Los hornos no lograban incinerar, en su totalidad, las 25 toneladas diarias que ingresaban al día”, mencionó la experta.
“Con el tiempo el horno dejó de funcionar y la basura se lanzaba a la orilla de un barranco de la zona 5 actual. Esto se repitió en varios lugares de la ciudad, en las zonas 4, 5, 6 y 12, generalmente donde se había extraído material para elaborar teja y adobe”, añade Martínez en su investigación.
Solo para la zona central
Como el servicio de traslado y disposición de la basura en el Crematorio y otros lugares autorizados solo lo pagaban los vecinos con mejores ingresos y que residían en el centro de la capital, en los barrios periféricos y marginales de la ciudad, la tarea era responsabilidad de las familias que allí vivían. “Los barrancos, zanjas y cuerpos de agua existentes en ese tiempo se convirtieron en sitios incontrolados para el depósito de basura”, agrega De León.
En 1930, la comuna solicitó a la Dirección General de Salubridad, de conformidad con la Ley de Saneamiento, que se le autorizara construir otros cuatro crematorios en la ciudad, pese a no contar con recursos financieros ni personal para atender y mantener este tipo de infraestructura. Diez años más tarde cerró el Crematorio Municipal.
“Esto resultó beneficioso a largo plazo porque si no podía controlar un crematorio, difícilmente lo habría hecho con los cuatro que había planificado”, dijo la especialista.
Con la Gran Depresión de 1933 y 1934, a nivel mundial, la empresa que prestaba el servicio a la alcaldía capitalina redujo las cuotas por el servicio de limpieza y disposición final de la basura en un 30 por ciento. Esto originó una crisis en las finanzas municipales. Por ello, la comuna designó al contratista como dueño de los residuos sólidos “para que los reciclara de la forma que más le conviniera, siempre que atendiera las disposiciones sanitarias del ministerio de Salud”, menciona la experta.
Para 1941, la mayoría de población capitalina había dejado de pagar la cuota por servicio de limpieza y traslado de basura; los residuos sólidos se acumulaban en terrenos baldíos y barrancos. En respuesta, el Gobierno construyó grandes depósitos para recolectar estos residuos, que luego eran trasladados por trabajadores municipales.
La Revolución del 44 y el vertedero actual
A partir de la Revolución de 1944 cobró relevancia la forma cómo se administraban los gobiernos locales, al aprobarse la Declaración de Principios Fundamentales y la Constitución de la República, que establecía el marco jurídico para la organización y la autonomía de las municipalidades.
Con ello, se elaboró el Plan Gobernador de la Ciudad para enfrentar problemas de falta abastecimiento de agua y alcantarillados, así como de la situación de los mercados. Este proyecto no incluyó el servicio de limpieza y disposición final de los residuos sólidos en la capital.
Según la investigación de Martínez, la municipalidad de Guatemala contrató, en 1953, a ingenieros sanitarios para que organizaran el Departamento de Limpieza y determinara un sitio que funcionara como relleno sanitario. Fue en 1960, que el alcalde Luis Fernando Galich López, estableció el botadero en el barranco de la zona 3.
El alcalde Juan Francisco Montenegro, en el cargo de 1963 a 1965, clausuró este vertedero en 1964, porque el manejo de la basura era inadecuado y las áreas superiores del terreno en el que se ubicaba el vertedero estaban rellenas por la basura de vecinos de la capital y de otros municipios cercanos. La basura entonces se trasladó a otras quebradas de la ciudad.
Durante la gestión de Montenegro, la municipalidad buscó controlar y eliminar focos de contaminación en la capital. Impulsó programas de saneamiento en las 22 zonas, en especial los barrios pobres y marginales, fue la primera vez que estas zonas se incluyeron en los planes municipales, menciona la investigadora del CEUR.
Manuel Colom Argueta, quien ganó la alcaldía en 1970, decidió abrir el basurero de la zona 3 otra vez y, en los siguientes cuatros años, se adquirieron áreas del barranco ubicadas entre las zonas 3 y 7, cercanas a los edificios multifamiliares cercanos a El Trébol.
Para 1980, el lugar se había convertido en tierra de nadie y allí comenzaron a vivir, entre la basura, cientos de personas de escasos recursos. Levantaron “champas”, con los materiales que encontraban y obtenían ingreso de la venta de objetos plásticos, metal y vidrio, dijo De León.
En 1990 fueron desalojadas del basurero 114 familias. Por la mediación de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), se les compensó con una casa ubicada a 100 metros del vertedero. La colonia San Francisco se entregó en 1992. La obra fue financiada con recursos de la municipalidad de Guatemala.
Los otros tres asentamientos que se originaron ese año: Piedra Santa, Amanecer y Santa María permanecen en estado precario, se calcula que viven allí unas 400 familias desde 1999.
Dos siglos más tarde
Desde la fundación de la Nueva Guatemala de la Asunción, la municipalidad capitalina ha sido incapaz de abordar el manejo de los desechos sólidos y el servicio de recolección de basura de forma eficiente. Lo relegó a manos privadas y con ello excusa desorden y caos.
El Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, vigente desde el 11 de febrero, evidenció que dos siglos más tarde la alcaldía se escuda en la falta de recursos financieros o la inconformidad de los recicladores y de los dueños de camiones recolectores, actores de la cadena de producción que por mandato tienen que ser atendidos por la municipalidad. Cada día 1 mil 140 personas, con permiso para separar y compar los materiales reciclables que entran al vertedero, esperan la llegada de 575 camiones recolectores que trasladan la basura desde 14 municipios del departamento central. Después de 70 años de funcionamiento, en 2016, las autoridades del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales solicitaron el cierre del vertedero que se ha convertido en uno de los principales focos de contaminación. El basurero opera con una licencia ambiental vigente hasta 2027.
El pasado 18 de febrero una protesta de dueños de camiones y recolectores bloquearon las principales vías de la ciudad tras su inconformidad por el nuevo reglamento de clasificación de la basura que está detenido desde 2021. Al gobierno de turno no le quedó ninguna duda sobre los responsables de la protesta: los alcaldes del departamento de Guatemala.
