El Ministerio Público de Guatemala, bajo la dirección de Rafael Curruchiche, ha demostrado una preocupante falta de compromiso en la lucha contra la corrupción, particularmente en el caso Odebrecht, donde ha favorecido la impunidad de figuras políticas vinculadas a los sobornos millonarios.
Por Juan Francisco Sandoval
- Amenazas y Manipulación Mediática
Curruchiche ha utilizado su posición para lanzar amenazas constantes contra quienes realizamos la investigación del caso Odebrecht en Guatemala, en un intento de silenciar y desacreditar a fiscales y operadores de justicia que trabajamos en la lucha contra la corrupción. Además, ha promovido campañas de desinformación a través de medios afines a la impunidad, con el fin de confundir a la opinión pública y tergiversar los hechos.
Uno de los hechos más evidentes es la acusación falsa que se cierne en mi contra y quienes conformaban el equipo de trabajo, a quien ha señalado en forma mendaz, de haber robado US$400 millones de dólares. Sin embargo, esta cifra corresponde en realidad al préstamo aprobado por el Congreso, y ha sido manipulada para desviar la atención de los más de US$18 millones en sobornos que políticos guatemaltecos recibieron de Odebrecht.
- Protección a los principales beneficiarios de los sobornos
Pese a que los fiscales en Guatemala tienen la facultad de suscribir convenios de colaboración y realizar diligencias por videoconferencia desde el extranjero, como lo establece el Código Procesal Penal, el Ministerio Público ha bloqueado avances claves en la investigación.
Las diligencias autorizadas por la jueza y la Corte Suprema de Justicia, que permitieron obtener información útil para el caso, han sido ignoradas o desestimadas por la gestión de Curruchiche. En lugar de perseguir a los responsables, el Ministerio Público ha favorecido la protección de Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, quienes fueron los principales beneficiarios de los sobornos de Odebrecht en Guatemala.
- El caso de los 107 Diputados
Otro punto alarmante es la decisión de Curruchiche de detener la investigación contra 107 diputados que estaba prácticamente finalizada antes de la mi salida forzada de Guatemala. Esta inacción demuestra un patrón de protección a figuras políticas vinculadas a actos de corrupción, evitando que la justicia alcance a aquellos que saquearon los recursos del Estado.
Conclusión
El Ministerio Público, en lugar de cumplir con su deber de perseguir el delito, ha actuado como un instrumento de impunidad y persecución política. La falta de avances en el caso Odebrecht, la protección a corruptos y la manipulación de la información confirman que la justicia en Guatemala está siendo utilizada para encubrir a los poderosos y perseguir a quienes intentan exponer la verdad.
Es imperativo que organismos nacionales e internacionales sigan denunciando estos abusos y que la comunidad guatemalteca continúe exigiendo una justicia transparente e independiente.
