Varios operadores de justicia en Guatemala han denunciado hostigamiento y presiones por parte de grupos de poder, pero no recibieron el respaldo esperado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dejándolos en una situación de vulnerabilidad.
Por Prensa Comunitaria
Desde la llegada de Consuelo Porras al Ministerio Público (MP) y la cooptación del sistema de justicia en Guatemala, operadores de justicia que han denunciado presiones y hostigamiento de personajes vinculados a la Fundación contra el Terrorismo u otros actores señalados de integrar redes de corrupción no han recibido respaldo de la presidencia del Organismo Judicial (OJ). De hecho, varios de ellos renunciaron o salieron al exilio ante la falta de garantías y protección.
Lo ocurrido con el juez segundo penal Erick García, en el caso sobre la libertad condicional del periodista Jose Rubén Zamora, no es un hecho aislado, es uno más en la lista de juzgadores que han expresado su rechazo a los intentos de coacción y se resisten a atender amenazas de grupos que buscan criminalizar a otros jueces, fiscales, periodistas y activistas.
Entre las personas que han denunciado este tipo de hecho están Erika Aifán, Pablo Xitumul, Carlos Ruano, Guillermo Luna Arriola, Miguel Ángel Gálvez y la exmagistrada Claudia Escobar. Cada una de estas personas denunció, pero en lugar de recibir el respaldo de la máxima autoridad de justicia del país, les dio la espalda y fueron obligados a renunciar, para después ser criminalizados.
- Erick García
Es actual juez asignado al Juzgado Segundo Penal. Ha conocido casos contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el del periodista y fundador de elPeriódico Jose Rubén Zamora.
El pasado 10 de marzo, denunció públicamente que él y su personal han sido amenazados y coaccionados por “personas desconocidas”. Sin embargo, días antes de esa audiencia integrantes de la Fundación contra el Terrorismo hicieron publicaciones alusivas hacia él.
Este es el primer caso que ocurre con nuevas autoridades del Organismo Judicial, pero, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento al respecto.
- Erika Aifán
Dirigió el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, fue una de las juezas con reconocimiento internacional por su aporte en la lucha contra la corrupción e impunidad, sin embargo, al ser la encargada de procesos penales contra narcotraficantes, militares y exfuncionarios de Estado su riesgo se incrementó.
En 2022, ante la falta de respuestas y el peligro de ser encarcelada, envió su carta de renuncia a la Corte Suprema de Justicia, en la que denunció ser objeto de agresiones y persecución penal para detener su trabajo como jueza y por esa razón opto por no continuar en esa judicatura.
- Miguel Ángel Gálvez
Fue juez del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, fue quien conoció el caso contra el exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en el caso La Línea. Además, estuvo asignado a investigaciones por delitos de lesa humanidad. Conoció el caso Diario Militar, en el que militares de alto rango en condición de retiro fueron enviados a juicio.
Aun en el cargo denunció e informó a la Corte Suprema de Justicia que estaba siendo amenazado e intimidado por grupos vinculados con militares. Al no recibir respuesta ni apoyo de la máxima autoridad de justicia renunció y salió al exilio, el 15 de noviembre de 2022.
- Pablo Xitumul
El juez fue presidente del Tribunal de Mayor Riesgo “C”, actualmente está suspendido del cargo. En ese tribunal fue el encargado de conocer y condenar a exfuncionarios señalados de graves hechos de corrupción, además, dictó condenas en casos de lesa humanidad como el de la desaparición de Molina Theissen.
En 2018, Xitumul denunció que fue perseguido por un vehículo. El hecho ocurrió ayer por la tarde al salir de la Torre de Tribunales con dirección a Villa Hermosa, San Miguel Petapa. Contrario a recibir respaldo del Organismo Judicial, en febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia le retiró la inmunidad y autorizó una investigación contra él.
- Carlos Ruano
Fue juez integrante del Tribunal Noveno de Sentencia Penal. En 2018, denunció a la entonces magistrada Blanca Stalling por presionarlo para favorecer a su hijo con medidas sustitutivas dentro de un caso de corrupción denominado IGSS-Pisa. Otto Molina Stalling estuvo ligado en ese expediente. La denuncia originó la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) contra ella. Pero, obtuvo fallos que la libraron del proceso.
En 2023, Ruano renunció al cargo y salió al exilio. Stalling recuperó su libertad; sin oposición del actual Ministerio Público, y se desvió la persecución hacia él por haber denunciado presiones de la exmagistrada.
- Guillermo Luna
Fue juez en el Juzgado Noveno Penal pero fue trasladado. El 5 de octubre de 2023, en audiencia en la que se realizaría la etapa de apertura a juicio contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, criminalizado por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), el juez noveno penal Guillermo Luna Arriola solicitó al MP que se investigara a la fundación por supuesta coacción. Hasta la fecha no ha habido respuestas.
El juez hizo la solicitud a raíz de publicaciones realizadas por Ricardo Méndez Ruiz, quien previo a la audiencia hizo comentarios alusivos al juez en sus redes sociales y presentó una denuncia en su contra.
- Claudia Escobar
Fue jueza y magistrada de la Sala de Apelaciones. En 2014, denunció al exdiputado Gudy Rivera por intentar coaccionarla para que dictara un fallo favorable para Roxana Baldetti. Rivera se reunió con Escobar y ofreció garantizarle su reelección en el cargo a cambio de que esta otorgara un amparo que permitiera a Baldetti continuar como secretaria general del Partido Patriota.
A diferencia de los otros hechos la denuncia sí avanzó y la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, logró que el exfuncionario fuera condenado por tráfico de influencias. Sin embargo, Escobar tuvo que salir del país para salvaguardar su integridad.
