El gobierno de Arévalo provocó su propia tormenta al anunciar la adquisición de un seguro obligatorio para todos los vehículos. La crisis desatada por la administración de Bernardo Arévalo detonó el hartazgo de la población ante las demandas no resueltas, evidenció la ausencia de estrategias y la debilidad que tienen los equipos de gobierno en el trabajo interno de la Presidencia y le abrió las puertas de par en par a las estructuras que lo acosan desde que ganó las elecciones generales.
Prensa Comunitaria
La acostumbrada conferencia matutina de los lunes del equipo de gobierno de Bernardo Arévalo sorprendió a la ciudadanía. El 17 de marzo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue el encargado de anunciar que se pondrían en vigencia tres acuerdos gubernativos el 46-2025,47-2025, 48-2025 y el 49-2025 que exigían la compra de un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes para todo tipo de vehículos.
El anuncio se hizo así, sin más, sin explicación alguna sobre su costo o la forma de adquirirlo. Lo que sí quedó claro fue que solo se daban 45 días para cumplir con la nueva disposición del Ejecutivo.
El argumento para la adquisición del seguro fue una respuesta al trágico accidente ocurrido la madrugada del 10 de febrero en la calzada La Paz en el que fallecieron 54 personas y una segunda razón era darle cumplimiento a una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).
El anuncio no tardó en provocar reacciones en diversos sectores especialmente en los que se sintieron vulnerables con un gasto extra en su presupuesto familiar. La primera en reaccionar fue la Municipalidad Indígena de Sololá, que casi de inmediato manifestó su rechazo porque la medida no traía consigo las soluciones a la alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. “Se trata de un mecanismo para evadir la responsabilidad del Estado en la seguridad vial”, indicaron.
A las 24 horas del anuncio se sumaron los grupos en la ciudad capital que comenzaron con protestas orgánicas cerrando las vías principales hasta que el gobierno diera marcha atrás con la nueva disposición. Las protestas que se extendieron otras 20 horas dejando varados en las calles a miles de vehículos y ciudadanía enojada porque ese anuncio les había hecho pasar hambre, cansancio y angustia, amenazaban con convertirse en una crisis incontrolable.
A la conferencia del lunes se sumó la del miércoles por la mañana en donde la improvisación y la falta de una solución fue evidente. En la intervención del miércoles por la mañana se vio a un Secretario de Comunicación Social inseguro y titubeante al leer un documento, luego siguió el Ministro de Gobernación dando el mismo discurso del lunes y pidiendo que se le repitieran las preguntas porque había perdido la atención, mientras que la Secretaria Privada dedicó el tiempo a explicar lo que significaba una mesa de diálogo, una medida implementada por todos los gobiernos anteriores y conocida ampliamente por los guatemaltecos por ser un proceso en donde mueren todos los temas polémicos.
El ministro Jiménez fue quien respondió durante este tiempo a la crisis provocada por la falta de regulación al transporte, la cual es responsabilidad del Ministerio de Comunicaciones desde la Dirección General de Transporte, pero esas autoridades nunca figuraron. Otro de los personajes ausentes desde el comienzo de la crisis fue el presidente Bernardo Arévalo quien apareció en un video pregrabado y emitido la noche del miércoles para anunciar que retrocedía en la decisión del seguro obligatorio. La derogación de los acuerdos llegó 10 horas después que el secretario de Comunicación había asegurado que el gobierno no daría marcha atrás en la implementación del seguro obligatorio.
La resaca por las 48 horas de cierres viales y protestas a las que el gobierno de Arévalo se enfrentó expuso la ausencia de estrategias que se tienen para el anuncio de decisiones que toma el Ejecutivo, desató una serie de manifestaciones legítimas pero además abrió las puertas para que grupos opositores y de “golpistas” lo chantajearan.
🚨 Bernardo Arévalo cede ante las manifestaciones y deroga acuerdos sobre seguro obligatorio para vehículos
Tras el diálogo con distintos sectores que rechazaron el seguro obligatorio, el presidente anunció tres medidas clave:
1. Conformar una mesa técnica para discutir la… pic.twitter.com/bKm6pVXsNL
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) March 20, 2025
“El pacto de corruptos ya olió la sangre”
De acuerdo con diversas voces expertas en política y en historia, los escenarios de ahora en adelante no son los mejores para la gobernanza que debe ejercer Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera porque ha dejado una imagen debilitada y desgastada.
La protesta por el seguro solo fue un detonante de una serie de eventos que empezaron a nutrir el hartazgo de la población la poca capacidad de ejecución para el arreglo de carreteras, el rechazo del aumento al salario de los diputados y otras demandas.
Se sumaron grupos que también cerraron calles para solicitar respuesta a sus demandas como la que se apostó sobre la 7ª. calle de la zona 9 contra el Fopavi pidiendo ayuda para la colonia La Esperanza en San Miguel Petapa; los transportistas de rutas cortas que no fueron tomados en cuenta en el diálogo y los pacientes de la Unidad Nacional de Atención del Enfermo Renal Crónico (Unaerc) por falta de insumos.
Una crisis bien aprovechada por políticos, grupos golpistas y estructuras criminales que mantienen cooptado al Estado, y que dio paso a que brotaran de las redes sociales incontables videos, comunicados y consignas de diputados, excandidatas y excandidatos presidenciales, exfuncionarios y toda clase de supuestos analistas, señalando la incapacidad del gobierno como si fuera tiempo de campaña electoral.
La cartera de Gobernación tuvo que resolver este efecto dominó provocado por el anuncio. Jiménez aseguró que las manifestaciones son atípicas y que desde el análisis estratégico que se realizó antes de anunciar lo del seguro obligatorio no se identificó el peso que iban a tomar las protestas. Pero los efectos de una decisión así ya se conocían desde que en el gobierno de Giammattei se intentó dos veces implementar el seguro, decisión que en ambas ocasiones debió ser prorrogada por las manifestaciones e inconformidades generadas.
El historiador, analista político, profesor universitario, José Alfredo Calderón, resume estos últimos días del gobierno de Bernardo en cuatro errores puntuales que tendrán un alto costo político.
El primer error es que no se mantuvo una posición firme sino se contradijo en su discurso que mantendrían la obligatoriedad del seguro y en pocas horas dieron marcha atrás.
El segundo error fue tratar de aparentar que se solucionó el problema. “Si uno no tiene la fuerza, obviamente ellos no la tienen, uno no trata artificialmente de parecer como si la tuviera, el pacto de corruptos ya olió la sangre”, agrega Calderón.
El tercer error fue creer que estas mesas de diálogo pueden funcionar. Esa estrategia está desgastada. Cuando se quiere que algo no se soluciones se forma una comisión o una mesa de diálogo, explica el historiador.
Y el “cuarto y más grave error” es que el Ejecutivo no logra solventar el problema de la comunicación. “Todos sabemos que Santiago Palomo fue puesto ahí para blindarlo por el antejuicio y entonces es el problema de no tener análisis estratégico y prospectivo. Luego la soberbia que tomaron después de la toma de posesión y las derrotas continuas y muy graves”, explica.
Junta Directiva de los 48 Cantones advierte al gobierno por decisiones inconsultas
Un diálogo y un análisis estratégico tardío
Las decisiones anunciadas por el Ejecutivo como la clasificación de la basura y el seguro vial han generado protestas a pesar de que las autoridades tienen argumentos legales y razonables; sin embargo, uno de los principales errores que se señalan en estos escenarios es la falta de una estrategia de comunicación asertiva para la población.
“Estamos a contracorriente, tenemos poca comunicación, poco análisis y mediación. No hay un buen estudio estratégico que identifique cuáles son los obstáculos y los actores en la sociedad. Se debería tener un proceso más paulatino para convencer a los actores involucrados en cada decisión”, advierte el politólogo Luis Mack.
Por ejemplo, el seguro responde a un mandato de la CC, pero el aviso ignoró el acercamiento con las necesidades de la población como la economía familiar, dijo la directora del Instituto de Investigaciones Ciencias Socio Humanista (Icesh) de la Universidad Rafael Landívar, Úrsula Roldán.
La evaluación debió haber empezado por otras medidas como el uso del casco, la regulación de la velocidad. Además, la ciudadanía está consciente de los abusos que tienen algunas aseguradoras por lo que el mensaje no llegó con el objetivo trazado.
Otras entidades como La Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito (Aspit) coincidieron que el anuncio fue sorpresivo y que también se esperaba que se elevara el rigor sancionatorio hacia los infractores. “Nos tomó por sorpresa el que se haya anunciado (el seguro); que el ministro haya dicho que tuvo reuniones con víctimas y no fuimos convocados”, dice Cecilia Morales, portavoz de la organización.
Los diversos sectores mencionaron otras medidas como el registro legal de los que manejan los diferentes tipos de transporte. En redes sociales se hizo viral la declaración de un conductor de taxi que protestaba porque se le obligaría a tener una licencia de conducir. Por lo que las reacciones se enfocan en la necesidad de elevar las sanciones para los conductores infractores.
En este mismo caso el politólogo Renzo Rosal hace énfasis que se ignoraron diversas variantes como las reacciones de los diversos actores por lo que se nota la ausencia de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) que no logró visualizar estos escenarios.
La SIE pareciera que no responde a su misión -publicada en su sitio web- como una institución que recolecta, analiza, produce y difunde inteligencia sobre los ámbitos estratégicos de la gobernabilidad democrática. Se consultó al despacho superior de la SIE si era posible hablar con el secretario al que se limitaron a tomar el mensaje para devolver una llamada que nunca se realizó.
A criterio de Mack, Roldán y Rosal el ejercicio es evaluar antes de cada evento los actores y las entidades participantes que llevarán a trazar posibles escenarios.
Chantajes y extorsiones
La crisis terminó abriéndole la puerta a todos los opositores y al Pacto de Corruptos. Jiménez aseguró que había presencia de maras y taxistas piratas pero que en las manifestaciones sabían que también había grupos legítimos protestando y solo utilizarían la fuerza de forma proporcional, horas más tarde la fuerza de antimotines lanzó gases lacrimógenos a un bloque en la 18 calle de la zona 1.
A las protestas en las calles se sumó un desfile de acciones legales contra la medida por parte de partidos como la UNE, VOS y Todos que empezaron a tomar un discurso de “defensa de la población” que ahora se queja de la administración Arévalo.
El descontento social y el aprovechamiento de partidos de oposición para desgastar al gobierno también son reflejo de un cúmulo de demandas de la población no resueltas entre ellas combatir a personajes que la gente sigue asociando a la corrupción como diputados del Congreso, impunidad en casos de corrupción, persecución a periodistas y activistas y la permanencia de Consuelo Porras en el Ministerio Público.
“De aquí a marzo a diciembre podemos esperar más chantajes empezando con el presupuesto. Los golpistas habían estado aislados y paradójicamente se unieron a una protesta legítima”, explica Calderón.
El gobierno pierde formas de negociación, hasta ahora solo tenía la del dinero, el Presupuesto que se negoció en 2024. Pero los opositores encontrarán nuevas formas de presión como la que sucedió en los últimos días. Y el año entrante podría ser peor con miras al año electoral.
Gases lacrimógenos en medio de un “diálogo”
En la crisis del seguro la salida que encontró el gobierno fue la de anunciar “un diálogo”. Sin embargo, en medio de las supuestas mesas de discusión la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó gases lacrimógenos cuando horas antes el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, había ofrecido un acercamiento y utilizar la fuerza pública como último recurso.
A criterio de Calderón, el ceder abrió la oportunidad para que sus opositores aprovecharan. “Esto es como el bullying escolar, va ir escalando”.
A criterio de los expertos, la presidencia se torna como un barco con varias tripulaciones y sin liderazgo. Mack enfatiza que llegaron “un montón de tecnócratas pero se deben tomar decisiones políticas” y Calderón lamenta que las cualidades de Arévalo como diplomático no sean suficientes para perfilarse como el líder que se necesita en el gobierno central.
Apoyo poco aprovechado
La directora de Icesh dice que con la crisis del seguro los pueblos originarios son los que tuvieron mayor claridad sobre cómo se debe actuar en esta situación. Los comunicados de las municipalidades indígenas y autoridades ancestrales expresaron el apoyo para el gobierno pero al mismo tiempo pedían la evaluación de las variantes.
En comunicados como el de las autoridades de Iximulew, autoridades de Quiché, de la Municipalidad de Santa Lucía Utatlán y la alcaldía de Nebaj también se le hizo énfasis a la población de la intromisión del Pacto de Corruptos en este tipo de hechos y se hizo un llamado a la calma. Otra de las organizaciones indígenas que emitió un comunicado fue 48 Cantones solicitando derogar el seguro y el decreto que eleva el salario de los diputados. Así como el Consejo del Pueblo Maya que le subrayó al gobierno “el seguro obligatorio para terceros por parte del gobierno de Arévalo, constituye un suicidio político en un contexto de crisis económica y política; un regalo para legitimar las acciones oportunistas de una oposición golpista y mafiosa”.
En escenarios menos positivos se prevé que nada cambie en los próximos meses por la “porosidad del gabinete de gobierno” que ha mostrado en el primer año y tres meses con la abundancia de cambios que se han visto. “Le puedo decir que yo he visto gobiernos desde Vinicio Cerezo y nunca había visto tantos movimientos”, concluye el historiador Calderón.
La crisis del seguro se detuvo con una medida paliativa de negociar en una mesa de diálogo que podría durar años, de acuerdo con los entrevistados. Mientras la incidencia de accidentes sigue elevándose. Siete personas mueren al día en accidentes de tránsito según las estadísticas oficiales del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito. El transporte público es inexistente y Guatemala mantiene un parque vehicular de 7.6 millones de automotores de los cuales 2 millones 898 mil 600 son motocicletas.
